Esteban González Pons, eurodiputado y vicesecretario de Institucional del PP, será el interlocutor del principal partido de la oposición con el Gobierno para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde los populares empiezan desde el principio, sin heredar las exigencias de máximos de Pablo Casado.

Fuentes del Partido Popular aseguran a Efe que, como encargado de las relaciones institucionales, Pons es la persona con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe contactar para hablar de pactos de estado como el de la renovación del poder judicial, que incluye cuatro nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional.

A este diálogo, el PP llega con la meta de cambiar y mejorar el sistema de elección, aunque sin la línea roja que marcó Casado, que exigía como condición al pacto una reforma legislativa para que la mayoría de los vocales fuesen elegidos directamente por los propios jueces. Considera el PP que con la llegada de Feijóo al liderazgo se abre una nueva etapa y se inicia la negociación.

Feijóo abogó, tras su reunión con Pedro Sánchez, por mejorar el actual sistema de elección del CGPJ, en el que el Parlamento elige a los vocales entre las propuestas que parten de los jueces. Su objetivo, según sostuvo, es garantizar la elección de los perfiles "más adecuados, independientes y respetados en la carrera judicial".

Los populares, que no han concretado cuál es su punto de partida en la negociación, también se han referido a las recomendaciones de la Unión Europea, que reclamó una reforma para que al menos la mitad de los integrantes del CGPJ los decidan los propios jueces de forma directa y no el Parlamento. Además, el líder del PP ha sido crítico con la reforma legislativa que limitó la capacidad del CGPJ para hacer nuevos nombramientos una vez que su mandato constitucional ha expirado.

Sánchez pidió a Feijóo completar la renovación del poder judicial y también de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional antes del 12 de junio, pero el PP ha insistido en que, aunque el poder judicial está en su agenda, no es su prioridad, que está puesta en su plan económico para bajar impuestos y paliar el efecto de la inflación, que este viernes remiten a Moncloa.