El ahora abogado Baltasar Garzón fue inhabilitado por el Tribunal Supremo para ejercer como juez por haber escuchado a los abogados de los imputados en la Gürtel. Es el caso más paradigmático de las consecuencias que puede tener intervenir los teléfonos de letrados por los riesgos lógicos que ello puede suponer para el derecho de defensa de sus distintos clientes. Por eso, el que entre las decenas de independentistas catalanes espiados con Pegasus aparezcan tres abogados complica extraordinariamente que la actuación detectada haya contado con la preceptiva autorización judicial.
Y siempre tiene que haberla, aunque las escuchas obedecieran a una actuación del Centro Nacional de Inteligencia, que debe solicitarla al juez del Tribunal Supremo designado para ello y que desde 2014 es Pablo Lucas o su sustituto, Andrés Martínez-Arrieta. De ahí que fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO consideren difícil de creer que un magistrado del alto tribunal haya podido autorizar la intervención del teléfono de abogados en ejercicio.
En el listado facilitado por la organización Citizen Lab, vinculada a la Universidad de Toronto, aparecen rastros de Pegasus durante los años 2020 y 2021 en un total de 67 teléfonos, entre los que se encuentran los de los abogados Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde y Jaume Alonso-Cuevillas. El primero ha ejercido la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont desde que huyó de la justicia, circunstancia que no ha sido obstáculo para que el letrado le represente ante el Tribunal Supremo, el Constitucional y ante la justicia europea.
Vista ante el TJUE
De hecho, la última vez que se le vio ejerciendo su defensa en público y la de que los huyeron con él (Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig) fue en la vista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebró el pasado 5 de abril para decidir sobre los márgenes para denegar una euroorden. También ha defendido al 'expresident' Quim Torra por desobediencia.
Ante el TJUE a su lado estaba sentado Van den Eynde, que defendió al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en el juicio del 'procés', en el que acabó condenado a 13 años de prisión, aunque el pasado día 5 no le representó a él, sino a la secretaria general del mismo partido, Marta Rovira, que huyó a Suiza cuando la citó el Supremo.
Por su parte, en los años en que se produjo el espionaje, Cuevillas actuó como defensa de los acompañantes de Puigdemont en el momento en que fue detenido y, además, ejerció la acusación en el juicio de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017, que terminó en la condena de su autores. Su interés se centró en tratar de demostrar que el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty fue confidente del CNI y puso en duda su muerte.
