Los diputados y dirigentes del PP denuncian este jueves en los pasillos que Pedro Sánchez "ha vuelto a elegir a Bildu", "a los herederos de ETA", antes que a Alberto Núñez Feijóo. Los conservadores habían ofrecido al Gobierno apoyar la convalidación del real decreto a cambio de algunas condiciones, que incluían la asunción de buena parte del plan fiscal del PP, bajada de impuestos incluida. Los populares también rechazan de manera rotunda que el Ejecutivo haya modificado la norma para poder incluir a EH Bildu en la comisión de gastos reservados, donde comparecerá en los próximos días la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, para dar explicaciones sobre el 'catalangate'. “Sánchez no puede desproteger al Estado para proteger a su Gobierno”, ha recriminado el diputado Jaime Olano.

Pese a estas circunstancias, el PP quiere llegar a acuerdos de Estado con el Ejecutivo, en concreto en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años en funciones, y del Tribunal Constitucional. "Unas cosas no condicionan las otras", han subrayado fuentes de la cúpula de Feijóo. El nuevo líder del PP quiere llegar a acuerdos con el Ejecutivo para marcar la diferencia con su antecesor, Pablo Casado, que hizo del veto a la actualización del poder judicial uno de los pilares de su labor de oposición.

Pons (PP) y Bolaños (Gobierno) serán los encargados de negociar la actualización del poder judicial y el Tribunal Constitucional

Feijóo ha elegido al vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, como el interlocutor principal para esta misión que, por parte del Gobierno, seguirá llevando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Ambos hablaron el pasado lunes, cuando se supo que Pons era la persona designada por el PP para esa tarea, y ambos coinciden en querer mantener "la discreción" de sus contactos.

El Ejecutivo quiere actualizar antes del 12 de junio el poder judicial, porque el Constitucional debe renovar en ese mes a cuatro de sus miembros, dos le toca elegirlos al Ejecutivo y otros dos al CGPJ. Sin embargo, como la reforma de marzo de 2021 del Gobierno impide al poder judicial hacer nombramientos si tiene el mandato caducado, no se podría hacer (al menos sin polémica) la renovación del Constitucional, que ahora tiene mayoría conservadora.

El PP y el Gobierno podrían deshacer este embrollo con la actualización del CGPJ. En estos momentos la voluntad de los dos principales partidos es negociar. En el calendario han marcado en rojo las elecciones andaluzas el 19 de junio, circunstancia que tendrán en cuenta para decidir cuándo les interesa más alcanzar el pacto.

Fuentes de la Moncloa esperan también que el PP se avenga a aprobar la reforma del artículo 49 de la Constitución (para borrar la alusión a los “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”), la eliminación del voto rogado para facilitar la participación política de los españoles residentes en el extranjero y vuelva al pacto antitransfuguismo.