El Gobierno ha hecho saber a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que tiene máximo interés para celebrar la reunión de la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados –comisión de secretos oficiales- cuanto antes, a ser posible esta misma semana, después de la comparecencia de la ministra de Defensa este miércoles 4 de mayo ante la comisión de Defensa. “Es un aquí te pillo, aquí te mato”, según fuentes parlamentarias consultadas por El Periódico de Catalunya.
Mientras, tanto Robles como Paz Esteban, secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entidad de la que depende el Centro Criptológico Nacional (CCN), con sede en León, preparan sus respectivas comparecencias sobre la base de la información suministrada por el CNI.
Problema: los datos sobre las intervenciones telefónicas realizadas con la autorización del magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a cargo de recibir las solicitudes del CNI -relacionadas con entradas y registros y acceso a las comunicaciones, es decir, suspensión de derechos fundamentales- son materia clasificada.
En cambio, según la información suministrada por el Gobierno, las intervenciones de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Robles, serían el resultado de 'hackeos' “externos”, es decir, de entidades o personas ajenas a cualquier institución oficial.
Según la ley orgánica de mayo de 2002, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, el magistrado, de acuerdo con el artículo único, punto 3, al adoptar por resolución motivada la concesión o no de la autorización solicitada “dispondrá lo procedente para salvaguardar la reserva de sus actuaciones, que tendrán la clasificación de secreto”. Ese mismo artículo establece que quien eleva la solicitud al magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo -Pablo Lucas, desde 2009, cuya última renovación por cinco años tuvo lugar en 2019- es “el secretario de Estado director del CNI al magistrado competente”
Paz Esteban, que ingresó en el CNI en 1983, fue nombrada en 2017 jefa del gabinete técnico del director del centro, general Félix Sanz Roldán, para ascender dos años más tarde, en junio de 2017, en sustitución de Beatriz Méndez de Vigo, a secretaria general de la institución. Por tanto, en el año del referéndum del 1 de octubre de 2017 y los acontecimientos previos, tanto en el ámbito de las resoluciones del Parlament catalán como en las manifestaciones del 20 de septiembre de 2017, actuó como número dos del CNI. Estuvo directamente, codo a codo con el general Sanz Roldán en las investigaciones secretas sobre los hechos. Y al dimitir Sanz Roldán en 2019 pasó a ser secretaria de Estado directora del CNI de manera interina hasta que fue designada directora de forma definitiva, a propuesta de Margarita Robles, tras las elecciones de abril de aquel año. Asumió formalmente el 30 de enero de 2020.
Relación estrecha
La ministra de Defensa ha tejido una relación estrecha con Paz Esteban y tiene en alta estima su valía profesional, según se pudo comprobar en la intervención de Robles el pasado miércoles 27 de abril en el Congreso de los Diputados al responder a los grupos parlamentarios que denunciaron las intervenciones telefónicas a dirigentes intervencionistas con el sistema Pegasus, de la firma israelí NSO.
Robles, según fuentes próximas a la ministra, está informada de que el CNI consiguió autorización para realizar intervenciones telefónicas a dirigentes del 'procés', pero asegura que se realizaron de manera individualizada, como exige la ley, con la autorización del magistrado Pablo Lucas. Con todo, depende de la cantidad de autorizaciones solicitadas y durante el tiempo que tuvieron lugar para conocer si finalmente resultaron masivas. “Puede haber muchas solicitudes individuales. Veinte solicitudes a tres intervenciones cada una son 60 teléfonos intervenidos, por ejemplo, se acerca a la cifra de 63 teléfonos escuchados”, ironizó un magistrado consultado por este periódico.
Pero para entrar en detalles, como se trata de una materia secreta y clasificada como tal, según se ha señalado, debería producirse una decisión del consejo de ministros en el sentido de desclasificar los papeles en los que el magistrado permite las escuchas.
Paz Esteban está pasando en su carrera por un segundo escándalo de escuchas. En 1983, cuando se incorporó al CNI, actuó durante años, con base en Madrid, en asuntos de inteligencia exterior en calidad de analista. En aquella época el entonces secretario de Estado director del llamado Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) era el general Emilio Alonso Manglano. Hacia 1980, con métodos no sofisticados como el escáner, el Cesid comenzó con sus célebres barridos para espiar a políticos, empresarios, periodistas y al rey Juan Carlos I y su familia.
Las dimisiones de 1995
Preguntado Alonso Manglano durante la investigación judicial de las escuchas ilegales sobre el gabinete de escuchas creado en el Cesid señaló que en “su primera fase desde 1982 a 1984 se utilizaron equipos no profesionales vulgarmente conocidos como escáner… En 1984 se adquiere un equipo profesional que aumenta las capacidades”. El escándalo de las escuchas provocó las dimisiones en cadena del general Alonso Manglano, el ministro de Defensa, Julián García Vargas y el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra en 1995. Y en mayo de 1999, la Audiencia de Madrid dictó sentencia contra Alonso Manglano y el ex jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), coronel Juan Alberto Perote, por escuchas ilegales entre 1984 y 1991.
Fueron condenados a seis meses de cárcel. Otros cinco agentes del servicio, a cuatro meses de arresto y seis años de inhabilitación absoluta e indemnización a varios afectados por las escuchas. Por tanto, la utilización de los nuevos sistemas -Pegasus de la empresa israelí NSO Group o el novísimo Predator de la también israelí Cytrox- implica una sofisticación de unos métodos que han dado continuidad a una práctica de escuchas que cuenta con una larga trayectoria en España.
Las empresas israelíes comercializan sus artilugios ofreciendo a sus clientes la seguridad de que han sido “probados sobre el terreno”. Explican que están garantizados porque ya han sido utilizados con éxito en el control de la población palestina en los territorios de Gaza y Cisjordania.
