Hace justo una semana, cuando el Gobierno salvó por la mínima la convalidación del real decreto ley de medidas para hacer frente a la guerra de Ucrania, en el núcleo duro del presidente anticipaban que la comisión de secretos oficiales, en la que comparecería la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, serviría para aplacar la ira del independentismo, para amansar a ERC, socio imprescindible de legislatura. Pero la estrategia, es evidente, no ha funcionado. La jefa de los servicios de inteligencia pasó este jueves por el Congreso y, tras dar explicaciones a los 10 diputados presentes y mostrarles abundante documentación, dejó más preocupados y con más dudas e inquietud a Unidas Podemos y a los aliados habituales. Pero no solo eso. La crisis ha empeorado ostensiblemente, porque Esteban reconoció que entre los 18 independentistas vigilados por el CNI, todos ellos con autorización judicial, se encontraba el jefe del Govern, Pere Aragonès.

De hecho, la oficina del president lanzó un comunicado en el que señala que la información proporcionada este jueves "aumenta la gravedad del caso de espionaje masivo por parte del Estado español contra las instituciones catalanas y el independentismo" y que se está delante de una "vulneración flagrante del derecho a la intimidad, de participación política e institucional". Aragonès también exige que se desclasifique "inmediatamente" la autorización judicial para conocer las motivaciones y poder ejercer el derecho a la defensa y que haya "todas las explicaciones públicas sobre esta cuestión", y saber quién dio la orden política y quién tenía constancia. Por último, considera "inaplazable" la asunción de responsabilidades. El Govern aprieta para que el Gobierno promueva destituciones inmediatas. Y no le vale con la ya apuntada, la de Paz Esteban. El president ya ha demandado la de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Desde la Moncloa, intentaron desligarse de los hechos para no romper los puentes con la Generalitat. "El Gobierno no sabe [el espionaje a Aragonès], ni lo sabía, ni podía saber. Nosotros no damos orden de espiar a nadie. Es el CNI el que pide la autorización al magistrado del Tribunal Supremo y este se la concede", señalaban fuentes del equipo del presidente, Pedro Sánchez.

"No hay otra"

En el Ejecutivo se muestran confiados en que será posible encontrar una salida a la crisis con ERC, la más honda de toda la legislatura. Pero no anticipan cuál será el mecanismo. Lo que sí recalca la Moncloa es su "apuesta firme por la vía del diálogo", que no se interrumpe ni se rompe. "Esta vía funciona y con ella se han ido sorteando las dificultades. No hay otra", señalan, sin precisar qué cartas son las que ahora empleará el Gobierno para enderezar una situación que ha metido a Sánchez en una verdadera ratonera.

La comparecencia de Esteban, por tanto, lejos de templar los ánimos, los avivó. Al menos en el ala morada del Ejecutivo. "Salimos más preocupados de lo que entramos", aseveró el portavoz de los morados, Pablo Echenique, tras la celebración de la comisión. Un día después de que sugiriera a Robles que dimitiera "por su dignidad", el dirigente de Unidas Podemos aseguró que las explicaciones ofrecidas por la jefa del CNI refuerzan la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas. Esta vez se contuvo de señalar directamente, aunque dejó claro que se trata de un "un asunto político, no técnico", de "máxima gravedad".

Lo que sí hizo fue abrir una nueva contienda con sus socios. Echenique anunció que ha solicitado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que desclasifiquen toda la información que se puso a disposición de los portavoces en la comisión de secretos para que este asunto no esté "al albur de las filtraciones". Esta petición es compartida también por los socios de investidura del Gobierno y podría servir para rebajar las tensiones. Fuentes cercanas a la dirección de Podemos ven necesario un gesto por parte de los socialistas para reconducir la situación actual. Pero en la Moncloa no adelantan aún si ese gesto se hará o no.