Tanto se tensó la cuerda, que se rompió. Y no tiene fácil arreglo. El acuerdo en Andalucía entre los seis partidos a la izquierda del PSOE llegó este viernes al filo de medianoche. Un acuerdo que se reduce al sentido político, porque Podemos se quedó legalmente fuera de la coalición, al no llegar a tiempo el registro del documento definitivo. La Junta Electoral ya ha confirmado que la formación morada no podrá concurrir en coalición a las elecciones andaluzas del 19 de junio; una circunstancia que obligará a todas las partes a volver a negociar los términos del acuerdo buscando fórmulas que permitan dar cabida a los morados, tanto en cuanto a representación en las listas se refiere, como a recursos personales, técnicos y económicos.

Después de unas tensísimas negociaciones que se paralizaron durante todo el día de viernes, los morados retomaron las conversaciones a las 23 horas y terminaron por sumarse in extremis al pacto ya alcanzado por IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, bajo la marca Por Andalucía y con la candidata Inmaculada Nieto, portavoz parlamentaria de IU, después de semanas de presiones por situar como cabeza de lista al diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado.

Sin embargo, los morados no mandaron el documento definitivo a IU hasta las 23.57, y la imposibilidad de imprimirlo, leerlo y firmarlo antes de medianoche -cuando expiraba el plazo de registro- llevó al resto de fuerzas a inscribir el documento que ya tenían preparado donde sólo figuraban los cuatro partidos iniciales, sin Podemos ni Alianza Verde. A día de hoy Podemos no está en la coalición y tampoco podrá presentarse en solitario -el plazo de registro también expiró-, de manera que no pueden concurrir como tal a las elecciones andaluzas. Están a expensas del acuerdo al que lleguen con el resto de partidos. Unos partidos que, durante las negociaciones de las últimas semanas, se han sentido especialmente ninguneados por la formación morada, a la que ahora tendrán que darle cabida.

Aunque existen algunas vías legales para tratar de subsanar el error, algunos juristas les auguran un corto recorrido, y apuntan a que el acuerdo electoral deberá dotarse de mecanismos menos ortodoxos. El ámbito de la representación podría cubrirse introduciendo a dirigentes de Podemos en las listas, aunque el partido no esté formalmente en la coalición. El plazo para presentar las candidaturas por las ocho provincias termina el 24 de mayo, y hasta entonces podrá negociarse la inclusión de cuadros morados. Podemos difundió un documento en la noche del viernes donde señalaba que tendría cuatro cabezas de lista (Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva), mientras IU iría con tres (Málaga, Jaén y Almería), y Más País con uno (Sevilla).

El documento, donde se reflejaban los pormenores del acuerdo, se hizo público antes de registrarse la coalición y de sufrir el revés administrativo, y después fue puesto en duda por alguno de los partidos que, en teoría, participaban de ese acuerdo. A los morados se les llegó a acusar después de haber difundido un documento que no había sido previamente refrendado por el resto de fuerzas. Aunque existe entre las partes la voluntad de permanencia del acuerdo y todos aseguran que habrá "generosidad", lo cierto es que el clima está marcado por la desconfianza. Y el contexto no es baladí, puesto que cualquier decisión deberá ser ratificada por unanimidad en la Mesa de partidos, conformada por los cuatro líderes de las fuerzas que componen la coalición.

La 'segunda ronda' de negociación con Podemos puede presentar importantes complicaciones, debido a la falta de entendimiento mostrada hasta ahora por los distintos actores. En este caso, sin embargo, y a diferencia de las semanas anteriores de negociación, los morados se encontrarían en una posición de debilidad, puesto que la posibilidad de acudir a las urnas de una forma u otra depende directamente de aquellos partidos a quienes ha llevado al límite en los últimos días.

Otro de los aspectos a negociar será el reparto de los recursos económicos, que podrían transferirse a Podemos a través de acuerdos privados. Una fómrula que no está exenta de problemas, debido al proceso que conllevan las subvenciones públicas que perciben los partidos con representación (apartado en el que Podemos no entraría, al menos sobre el papel).

En el caso de que IU y el resto de formaciones percibieran unos ingresos del erario público tendrían que quedar justificadas con su actividad política para después pasar el examen del Tribunal de Cuentas. La transferencia económica de estos partidos a Podemos -ya sea mediante contrato privado o cualquier otra vía- para nutrir a la organización de recursos presenta algunas dudas legales, puesto que esas subvenciones, que tienen carácter finalista, irían a parar a una formación -Podemos- que no tendría la obligación de explicar a qué destina esos fondos. La opacidad del proceso pone en duda esta opción.

Los gastos de campaña también tendrán que ser otro aspecto a negociar. El acuerdo inicial incluía un reparto de estos gastos entre los principales partidos, IU y Podemos, pero ahora los morados no podrán percibir subvenciones con este fin puesto que formalmente no concurren a las elecciones; así las cosas, o bien hace el desembolso para la campaña aunque no perciba estas ayudas, o bien hará recaer el peso económico de las elecciones sobre el resto de componentes de la coalición.

Las dos vías legales

En la actualidad existen todavía dos vías abiertas para tratar de reconducir jurídicamente la situación, y pedir la inclusión de Podemos en la coalición registrada. Este sábado el órgano electoral de Andalucía, tal como contó El Periódico de España, denegaba el acceso de Podemos a la coalición Por Andalucía, donde sí están IU, Más País Andalucía, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz: "La Junta Electoral de Andalucía ha acordado no aceptar la solicitud de constitución de la coalición electoral Podemos Andalucía - Izquierda Unida Andalucía - Más País Andalucía - Verdes Equo - Alianza Verde - Iniciativa del pueblo andaluz: Por Andalucía remitida mediante correos electrónicos el 7 de mayo de 2022 (0:14 y 1:07 horas), al haberse presentado la solicitud una vez transcurrido el plazo establecido", rezaba la comunicación, que daba 24 horas para recurrir la decisión ante la Junta Electoral Central.

La primera vía consistiría en que Podemos recurriera esta decisión, aunque en el propio partido se mostraban este sábado escépticos sobre el éxito del recurso, puesto que el registro telemático lo hicieron fuera de plazo. La opción favorita para los morados es modificar el acuerdo que sí se registró efectivamente por parte del resto de partidos. Y en ello tienen puestas sus esperanzas.

Esa es precisamente la segunda opción, y la única que tendría algún viso -aunque remoto- de salir adelante: que los cuatro partidos de la actual coalición presentasen una petición de subsanación para introducir a Podemos y Alianza Verde. Este procedimiento no tiene un plazo predeterminado y debe fundamentarse en argumentos sólidos para que pueda tener alguna opción.

Una misión extremadamente difícil, debido a que no se ha producido ningún error material en el texto -como podría haber sido un olvido a la hora de plasmar una firma- sino que el documento registrado tendría que ser alterado sustancialmente, añadiendo a una nueva persona jurídica a todos los efectos. En Podemos aseguran que debe ser IU quien presente la subsanación, "porque se presenta su candidata", y afirman que ya se está trabajando en ello. Defienden que la voluntad de las partes es que el acuerdo permanezca.

Sin embargo, la relación de Podemos ya no es sólo con IU, y serán los cuatro integrantes de la coalición quienes decidirán si se presenta la subsanación o no. Una decisión que se tomará en la mesa de partidos, conformada por todos sus líderes -Toni Valero, de IU; Esperanza Gómez, de Más País; Mar González, de Equo; y José Antonio Jiménez, de Iniciativa-. Aunque parece probable que se intente la última vía para dar cabida formalmente a Podemos, a última hora de este sábado no estaba claro que se fuera a presentar dicha subsanación, a la espera de un debate entre todas las fuerzas.

Clima de desconfianza

Y es que la difícil relación entre Podemos y el resto de fuerzas complica la posible solución al escenario actual; los cuatro partidos que forman la coalición, y que se han sentido despreciados por Podemos en los últimos días, serán ahora los responsables de 'salvar' a nivel electoral al partido. Durante las negociaciones los morados han tratado de orillar a los partidos más pequeños, especialmente a Más País, con quien mantienen una relación marcada por la desconfianza. Así, en los últimos días se han dirigido únicamente a Izquierda Unida al tiempo en que ignoraban al resto de actores.

Y ni siquiera la relación ha sido fluida con el partido de Alberto Garzón, con el que sellaron una alianza estratégica en 2016 que se ha mantenido desde entonces. La tensión es palpable entre las dos formaciones; mientras en IU creen que Podemos está tratando de imponer su protagonismo por encima de la unidad, los morados les acusan de haber roto el pacto para aliarse con Más País, liderado por Iñigo Errejón. A esto se suman los fuertes recelos que guardan con estos actores por haberse acercado en los últimos meses a Yolanda Díaz, que ha anunciado su intención de crear un proyecto en el que sumar a actores políticos de distintas sensibilidades. Una declaración de intenciones que ha levantado las alarmas en Podemos, donde no quieren perder protagonismo ni verse diluidos en un espacio mayor.

Las negociaciones, marcadas por las fuertes tensiones, amenazaron con romperse en la jornada del viernes, el mismo día en que acababa el plazo para el acuerdo, y tuvo que ser Josep Vendrell, jefe de Gabinete de Yolanda Díaz, el encargado de intermediar con Lilith Vestrynge, secretaria de Organización de Podemos, para trasladarle las propuestas que, a su vez, provenían de IU. Porque a los dirigentes de Izquierda Unida, protestaban, ni siquiera les cogían el teléfono los dirigentes andaluces de Podemos, Martina Velarde y Juan Antonio Delgado. En paralelo, el canal estaba abierto entre Ione Belarra, líder morada y ministra de Derechos Sociales, y su secretario de Estado por la agenda 2030 y secretario general del PCE, Enrique Santiago.