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Parlament

Los partidos catalanes estudian impulsar una nueva ley para salvar el consenso lingüístico

Los vetos cruzados a modificar la ley de política lingüística y la ley de educación catalana abren la puerta a alumbrar otra normativa desde el Parlament que acompañe el decreto del Govern

PSC, ERC, Junts y 'comuns' estudian una nueva ley para salvar el consenso lingüístico.

El acuerdo a cuatro para encajar la sentencia que obliga a cumplir el 25% de castellano en las aulas de Cataluña todavía puede rehacerse. ERC, PSC, ‘comuns’ y Junts estudian una respuesta doble: por un lado, el decreto ley del Govern; y, de otro, que el texto para reformar la ley de política lingüística (con unos pequeños retoques) se calque en una nueva ley en defensa del catalán, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

El veto de Junts a reformar la ley de política lingüística y la negativa del resto de partidos a modificar la ley de educación catalana abre una tercera vía, ya sobre la mesa de la negociación, que pasa por una nueva legislación. Los tiempos aprietan porque el TSJC dio hasta el 31 de mayo para ejecutar su interlocutoria, pero fuentes negociadoras aseguran que “todo es posible si hay voluntad”.

Lo que está cerrado es que, con o sin Junts, el texto que registraron el 24 de marzo será modificado para dejar claro que los proyectos lingüísticos serán validados por el Departament d’Educació –manteniendo, eso sí, la autonomía de los centros-, que se dejará claro que el objetivo último es mantener la normalización lingüística y se abren a eliminar el "también" del redactado inicial que hacía referencia a la lengua castellana, aunque seguirá siendo lengua docente y el catalán seguirá como vehicular.

El criterio de los jueces es que se tiene que "hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales" y que, por lo tanto, la Generalitat debe aplicar el 25% de castellano en todos los planes educativos. Esto se concreta en que, además de la asignatura de lengua castellana, los colegios deberán impartir otra asignatura en castellano y esta deberá ser troncal. 

El ultimátum

ERC, PSC y 'comuns' lanzaron un ultimátum de 24 horas a la posconvergencia, a contar desde las 12 horas del martes, para cerrar un acuerdo. Los republicanos enviaron una propuesta a Junts, con el conocimiento del PSC y los 'comuns', para atar esta doble respuesta. Públicamente, Junts cerró al puerta a aceptar retoques en la ley de política lingüística porque, a su juicio, no sirve para frenar al TSJC, y apostó por un decreto ley que sólo puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, sin descartar otras "alternativas". 

"Lo que buscan es la imagen de nosotros votando con el PSC y los 'comuns'", resume una fuente de ERC, que achaca la "autoexclusión" de Junts a la "táctica partidista" de unas filas en recomposición, ya que el próximo 4 de junio la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el 'exconseller' Jordi Turull tomarán las riendas de la formación.

En paralelo, el Govern ha aprobado este martes presentar un recurso a la interlocutoria del TSJC que da 15 dias al Executiu para que aplique la sentencia anterior por la que las escuelas deben ofrecer un 25% de asignaturas en castellano. Un plazo que está a punto de extinguirse.

Según el Gobierno catalán, la asociación que presentó en su día el recurso (la Asamblea por la Escuela Bilingüe), ante la supuesta inacción del Executiu, no cuenta con ninguna "legitimidad ni representatividad", según la portavoz Patrícia Plaja, que reprodujo los argumentos jurídicos incluidos en el recurso.

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