Las batallas en el seno de la coalición de PSOE y Unidas Podemos son ya incontables. Algunas discurren más soterradas y otras afloran más públicamente, unas colean más, otras menos. Pero el pulso de este miércoles a cuenta de la abolición de la prostitución llegó muy lejos, tanto como para poner en peligro una ley icónica para el Gobierno, la de libertad sexual, la del 'solo sí es sí'. Una iniciativa referente para el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero y que lleva acumulando tiranteces desde los primeros pasos del bipartito. Al final, ante la evidencia de que el proyecto de ley podía estamparse y el Ejecutivo en su conjunto sufrir una derrota épica, el PSOE, por "responsabilidad", decidió retirar las enmiendas que buscaban perseguir el proxenetismo y la tercería locativa. Pero no se da por vencido: este jueves registrará una proposición de ley que pretende que se apruebe con agilidad y con el mismo fin: acabar con la explotación sexual de las mujeres. Y reta a Unidas Podemos y a la ministra Montero a que se retrate, a que digan si apoyan la abolición o no. Ese texto podría salvarlo el PP.

De hecho, si el PSOE se atrevió a llevar este miércoles su pulso hasta casi el final era porque los conservadores sí apoyaban sus enmiendas contra la prostitución, pero a última hora, poco antes de que arrancase el debate en la Comisión de Igualdad del Congreso, les comunicaron que votarían en contra del conjunto del dictamen de la ley del 'solo sí es sí'. El PSOE esperaba la abstención, porque solo así podía llegar el texto vivo al pleno de la próxima semana. Si el PP lo rechazaba, el proyecto del Ejecutivo salía tumbado.

La gestión de las políticas de igualdad siempre ha sido una fuente de conflicto entre el PSOE y Unidas Podemos. Antes incluso de que llegaran a gobernar juntos. Una de las razones por las que no cuajó el pacto en el verano de 2019, tras las primeras elecciones generales de aquel año, las del 28 de abril, fue la reticencia de los socialistas a desprenderse de la cartera de Igualdad, que dirigía desde 2018 la entonces vicepresidenta Carmen Calvo.

Tras la repetición de los comicios, no hubo discusión: el ministerio quedaba para los morados y su titular sería Irene Montero. Pero el choque se reprodujo poco después de la investidura. Precisamente a cuenta de la ley de libertad sexual, con Calvo y Montero de protagonistas. Aquella crisis se solventó 'in extremis' y poco antes del Día de la Mujer de 2020 (a las puertas de que el Gobierno decretara el estado de alarma por la pandemia), pero las batallas por las políticas de igualdad se sucedieron. No era extraño: es una materia sensible para las dos formaciones. Ambas se disputan el liderazgo, una bandera clara de la izquierda. La última pugna, por la ley trans, que ganó Montero, ayudó a la salida de la vicepresidenta del Ejecutivo.

La pugna por las reglas dolorosas

En esta última semana, volvieron a arreciar las turbulencias. Igualdad dio a conocer las líneas maestras de la reforma de la ley del aborto. Entre ellas, la baja por reglas dolorosas, pero también la 'tasa rosa', la reducción del IVA para los productos de higiene femenina. Hacienda se negó a la bajada del impuesto y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se opuso públicamente a cualquier medida que "estigmatizase" a las mujeres. Pero el viernes pasado Igualdad anunciaba el acuerdo en el interior del Ejecutivo que suponía el reconocimiento de las bajas menstruales desde el primer día y a cargo de la Seguridad Social, y reconocía su derrota en la 'tasa rosa'. El ala socialista del Gobierno se negaba a confirmar en aquel momento el pacto, con el argumento de que el texto no se cerraría hasta el mismo Consejo de Ministros de este pasado martes.

Y justo horas después de que Montero compareciera en la Moncloa para desgranar su ley, estallaba la bomba. Los socialistas decidían mantener vivas sus enmiendas a favor de la abolición de la prostitución, que eran apoyadas por el PP. La tensión en la coalición escaló. Mucho. En la mañana del miércoles, poco antes de la reunión de la Comisión de Igualdad que tenía que aprobar el dictamen de la ley de libertad sexual, el PSOE tenía decidido llegar hasta el final. Esto es, que salieran sus enmiendas con los votos del PP, y si este se abstenía en el conjunto del dictamen, listo.

El problema estaba en el pleno de la semana próxima, porque los socios habituales del Ejecutivo amenazaban con votar en contra del proyecto de ley si contenía las enmiendas abolicionistas. La cúpula del PSOE retaba a Montero a procurarse los apoyos, que convenciera tanto a ERC como a los comunes, porque no iba a renunciar a sus "principios". Los morados emplazaban a sus socios a llevar el debate a otra ley, la de trata, próxima en llegar al Congreso, pero los socialistas se negaban: entendían que la ley del 'solo sí es sí' era la norma idónea, puesto que la libertad sexual afecta a todas las mujeres, también aquellas que son prostituidas.

Poco después, el PSOE tuvo que echar el freno. Al advertirle el PP de que rechazaría el conjunto del dictamen, el texto caía, y por eso, por "responsabilidad", y para que no se "retrasase" la aprobación de la ley de Montero, decidió retirar sus enmiendas. Para salvar el proyecto. Pero la nueva fricción entre los socios era un hecho.

"Vetos cruzados" e "irresponsabilidad"

La Comisión de Igualdad aprobó finalmente el dictamen por 23 votos a favor y 14 en contra (los de PP y Vox), por lo que la iniciativa llega al pleno del jueves próximo. El movimiento de los socialistas, y una enmienda transaccional presentada para sacar de la ley la reforma del artículo 187 del Código Penal, sobre proxenetismo y tercería locativa, hicieron posible que el texto saliera adelante con amplísimo respaldo. Pero el PSOE tuvo que oír reproches muy duros del resto de grupos. De ERC, desde luego, pero también del PNV o de Unidas Podemos.

"Nos hemos quedado solas", admitió sin paños calientes la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, acompañada de la secretaria de Igualdad de la ejecutiva, Andrea Fernández, y la portavoz del área en la Cámara baja, Laura Berja. Lastra incidió en que su grupo era el único que garantizaba la suerte del dictamen, al margen de lo que sucediera con sus enmiendas, pero los "vetos cruzados" y la "irresponsabilidad" del resto de fuerzas no le dejaron más camino que dar marcha atrás. Pero el PSOE "no se rinde" y registrará este jueves una proposición de ley en la que incluirá la prohibición del proxenetismo y la tercería locativa (castigo a quien se lucra por el alquiler de locales destinados a favorecer la prostitución) y la sanción a los puteros, los hombres que pagan por sexo.

"Abordaremos de manera definitiva la abolición de la prostitución, aunque nos quedemos solas de nuevo. Nadie dijo que fuera fácil. El 'lobby' proxeneta es muy poderoso y tiene muchos tentáculos [...]. Sabemos que contamos con el apoyo mayoritario del movimiento feminista. Espero que el resto de fuerzas estén a la altura y que aquellos que dicen que están de acuerdo con la abolición pero dicen que es un tema no resuelto, y ponen una excusa detrás de otra, tengan claro que es una forma de violencia sexual", aseguró Lastra ante los medios.

La vicesecretaria general no podía ni quería ocultar su enfado mayúsculo con Unidas Podemos. Y directamente desafió a Montero: "Teníamos una mayoría de 208 diputados [de PSOE y PP] que decían que aprobaban la abolición. 88 [el PP] dicen que no apoyan la ley. Entiendo que si el PP no está jugando al trilerismo político, cuando presentemos la iniciativa, la apoyarán. Espero que también la apoyen Unidas Podemos y su ministra". Lastra contestó públicamente a Montero, que había agradecido la "generosidad" de todos los grupos, y especialmente del PSOE: "Aquí la generosidad la ha tenido el PSOE, nadie más".

"Como merecen las mujeres"

La número dos insistía en que los morados no podían llevarse a engaño, puesto que el PSOE es un partido abolicionista, que ratificó su compromiso con el fin de la prostitución en su 40º Congreso, el pasado octubre, y el propio Pedro Sánchez lo abanderó. Así que será Unidas Podemos el que tenga que "dirimir" su posición. Los socialistas creen que la ministra no quiere abordar este debate porque su grupo no está unido y porque sabe que cuenta con la oposición clara de los comunes. "Somos el partido mayoritario de la Cámara, tenemos 143 años y no vamos a renunciar a nuestros principios", dijo Lastra, quien fue muy enfática a la hora de señalar que no se ha producido una "quiebra en la fortaleza del Gobierno", sino una discrepancia entre los dos partidos que lo conforman.

La ministra se había mostrado preocupada por la mañana por la fase final de la tramitación de la ley del 'solo sí es sí'. Porque podía naufragar. Y pedía llevar la abolición de la prostitución a la ley de trata, para "poder garantizar que se aprueba la ley de libertad sexual como merecen las mujeres y el movimiento feminista en España". Para Lastra, ese argumento no era más que un subterfugio, porque ni Unidas Podemos ni el resto de socios "tienen el debate resuelto internamente", porque en el fondo son regulacionistas. "¿Por qué trocear los derechos de las mujeres? La ley de trata hablará de las víctimas de la trata, y entendíamos que la ley de libertad sexual era el lugar", justificó. "Afrontar la prostitución desde el punitivismo no es valentia, es populismo. Criminalizar y perseguir a las más vulnerables tampoco es la opción más valiente", señalaba en Twitter la diputada de los comunes Aina Vidal, en respuesta precisamente a la socialista Andrea Fernández.

El PSOE pretende que su nueva proposición de ley sea tomada en consideración por el pleno del Congreso antes de que finalice este periodo de sesiones (antes del 30 de junio). A partir de ahí, arrancará su tramitación y se verá si sale adelante o embarranca. Pero lo evidente es que el pulso vivido, a ojos de todos, entre PSOE y Unidas Podemos este miércoles reabría una de las grietas más lacerantes de toda la legislatura. Porque lo que está en juego es la representación del movimiento feminista. Y los socialistas quieren marcar perfil, poner en primera línea el debate de la prostitución, retar a Montero. No perder una bandera poderosa de cara a elecciones. Y los morados, por su parte, intentan también defender su trinchera.