Jueves 26 de mayo, minutos antes de las 20 horas: el Congreso de los Diputados convierte en ley la demanda del movimiento feminista de que sólo sí es sí. Nada más anunciar Meritxell Batet el resultado de la votación, las ministras Irene Montero e Ione Belarra se abrazan y la bancada de Unidas Podemos se pone en pie y aplaude con entusiasmo y euforia. La del PSOE está sentada y los aplausos son más tibios. La esperada victoria del feminismo despierta dos reacciones emocionales diferentes en un Gobierno que presume de practicarlo. Los socialistas no quieren esconder su malestar por no haber incluido en la norma su impronta abolicionista.

"Sólo sí es sí" y "no es abuso es violación" han sido gritos unánimes en el feminismo español, así como dos medidas que los socios del Gobierno de coalición se comprometieron a recoger en el Código Penal. Sin embargo, las diferencias ideológicas entre estos dos partidos -centradas en el debate sobre la prostitución- han llevado al PSOE a acoger con desgana la primera gran ley feminista con el sello de la ministra Irene Montero, anunciada como una de las leyes más importantes de la legislatura. A juzgar por la deriva de la negociación parlamentaria, que llegó a poner en riesgo a la propia ley, y la poca alegría mostrada por la bancada socialista, el PSOE ha sentido este logro legislativo como algo ajeno, tal y como publica El Periódico de España.

Sorprende semejante travesía accidentada para una legislación tan reclamada, que partió de un grandísimo consenso. Las diferencias políticas, al parecer insalvables, terminaron nublando el júbilo. A pesar de los sustos y los sinsabores, la ley de garantía integral de la libertad sexual ya está en el Senado, donde le esperan aguas más calmadas.

Nuevos retos, próximas batallas

Sin embargo, a Igualdad le aguardan otros retos legislativos complejos, como la reforma de la ley del aborto y la defensa del proyecto de ley trans y de derechos LGTBI, normas que generan grandes debates en el seno de la sociedad.

Estos dos textos llegarán a un Congreso de los Diputados más volátil e imprevisible en el que PSOE y UP ya no esconden sus diferencias ni a la hora de votar proyectos conjuntos del Ejecutivo, como sucedió con la Ley Audiovisual. Además, el ecuador de la legislatura hace tiempo que quedó atrás, el reloj apremia y los horizontes electorales ya no se pueden perder de vista.

El feminismo es una cuestión nuclear para ambos partidos, que tienen visiones y planteamientos diferentes. Hasta la entrada de Podemos en el Gobierno, los grandes avances en igualdad entre hombres y mujeres y del colectivo LGTBI (como las leyes contra la violencia de género, del aborto o del matrimonio igualitario) han tenido la firma del PSOE.

La asunción de Irene Montero de la cartera de Igualdad abrió una nueva etapa. La muestra de la importancia que los dos partidos le dan a esta materia es que desde el primer momento se generaron choques entre los socios, primero con el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y después, bastante más sonados, con la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo.

El principal desencuentro se dio durante la elaboración del anteproyecto de ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI, concretamente sobre la autodeterminación del género. El texto salió adelante en la Semana del Orgullo de 2021 -y Calvo del Gobierno en julio- y se espera que llegue al Congreso de los Diputados este junio después de pasar por la segunda vuelta del Consejo de Ministros. Son varios los socios parlamentarios que han urgido a tramitar la norma.

Una ley contra la trata

La marcha de Calvo destensó la situación y dio paso a una etapa de mayor entendimiento entre los partidos. El nombramiento de Andrea Fernández como secretaria de Igualdad del PSOE abrió una fase de entendimiento en la que se acordó renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y consensuar un texto contra la trata con fines de explotación sexual que socialistas y UP registrarían conjuntamente en el Congreso de los Diputados.

La sintonía duró poco. Las negociaciones sobre el abordaje de la prostitución tanto en la ley del sólo sí es sí como en la futura ley contra la trata no llegaron a buen puerto. Aunque la ley de trata es otro compromiso del Gobierno de coalición, en estos momentos se encuentra en el aire. Al no haber acuerdo con los socialistas, el departamento de Irene Montero elaboró una propuesta que no ha obtenido ningún tipo de respuesta por parte del PSOE. Entretanto, el Ministerio de Justicia decidió encargar a la Comisión de Codificación otro texto legislativo contra la trata. Por el momento, este ministerio no aclara si habrá dos textos o uno solo.

Con el paso de los meses, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha adoptado un papel cada vez más activo en materia de igualdad. Jueza, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género y declarada abolicionista de la prostitución, es habitual verla participar en jornadas sobre igualdad.

Unidas Podemos no tiene una postura definida sobre la prostitución, mientras el PSOE se comprometió en su 40 Congreso a defender la abolición. Su primer paso hacia este horizonte fueron las enmiendas a la ley de garantía integral de la libertad sexual para combatir el proxenetismo y la tercería locativa, una batalla que los socialistas libraron hasta el final y a la que renunciaron en el último momento al comprobar que se iba a poner en riesgo la ley del sólo sí es sí. La ministra Montero agradeció el gesto.

El PSOE, enfadado, decidió registrar entonces esas enmiendas en una proposición de ley en el Congreso. Los socialistas esperan contar con el PP para castigar todo tipo de proxenetismo (quien favorezca, promueva o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma); el alquiler de locales para ejercer la prostitución; y sancionar a los hombres que paguen por sexo.

Fuentes del Ministerio de Igualdad afirman que esta iniciativa es "una oportunidad para seguir debatiendo". Los socialistas quieren que la votación para la toma en consideración de la proposición se haga en junio.

La reforma de la ley del aborto

En el seno del Gobierno se ha debatido recientemente otra reforma importante. A pesar de que la ambiciosa modificación de la ley del aborto planteada por Igualdad parecía que se iba a encontrar con múltiples resistencias, lo cierto es que la negociación con Sanidad ha sido constructiva.

Aunque se han quedado fuera del texto algunas cuestiones relevantes como la bajada del IVA de productos de higiene íntima femenina y el término violencia obstétrica, Igualdad ha logrado convencer a sus socios para incluir bajas para reglas dolorosas y también para interrupciones del embarazo.

El pacto inicial con el PSOE era acabar con la necesidad de consentimiento paterno para que chicas de 16 y 17 años pudieran interrumpir su embarazo, pero el departamento de Irene Montero ha querido ir más allá. El texto acaba de ser aprobado en Consejo de Ministros en primera vuelta y necesita recibir los informes preceptivos de los órganos consultivos antes de que el Ejecutivo la envíe al Parlamento. El debate sobre el aborto tampoco va a ser un camino de rosas, no sólo por el frontal rechazo de la ultraderecha y el PP, también algún socio parlamentario (como el PNV) ha mostrado sus reservas.

Al margen de estas iniciativas, Igualdad tiene casi listo un texto de su ley antirracista y ha planteado una reforma de la ley contra la violencia de género para que incluya todos los tipos de violencia contra las mujeres, pero en este caso concreto, la respuesta del PSOE es una negativa absoluta. El tiempo y los pactos dirán.