El Consejo de Garantías  ha dictaminado este martes que la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria se ajusta a la Constitución y al Estatut. Después de que Vox, Cs y PPC solicitaran su pronunciamiento sobre el pacto a cuatro para encajar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el órgano consultivo ha resuelto por unanimidad que se ajusta a la legalidad vigente.

De esta forma, PSC, ERC, Junts y 'comuns' tienen vía libre para aprobar esta misma semana, en el pleno y con una modificación previa del orden del día, la nueva normativa que fija el catalán como lengua vehicular y garantiza el castellano como lengua curricular sin establecer porcentajes en las aulas. Una aprobación que llegará tras agotar el plazo dado por el TSJC, ya que finalizó el 31 de mayo, pero el Govern se anticipó con un decreto ley que acompañará a la normativa que sí está en vigor, aunque Vox, Cs y PPC también han pedido que el CGE se pronuncie. Sin embargo, en esta ocasión, no paraliza la vigencia del decreto porque puede ser convalidado en el hemiciclo hasta el 30 de junio.

Las derechas solicitaban un examen del redactado porque, a su juicio, "no declara el castellano como lengua vehicular en condiciones de igualdad con el catalán" y porque "carece del establecimiento de un mínimo del 25% de castellano". Pero, pese a sus objeciones, el dictamen del CGE incluye varias reflexiones en el sentido de que la ley otorga a esa lengua "un uso más amplio" que normas anteriores. En opinión de los juristas, el uso "curricular y educativo" que se reconoce al castellano tiene dos implicaciones. "Por un lado, claramente, la lengua declarada de uso curricular y educativo no queda excluida del sistema educativo y, por otra, se le reconoce un uso que es obvio que va más allá de su utilización solo en la impartición de esa lengua como materia, asignatura o área".

Es decir que, según el CGE, la ley pactada por PSC, ERC, Junts y 'comuns' es compatible con la sentencia del TSJC que establece que un 25% de las clases en Cataluña se deben dar en castellano. El dictamen añade que "la previsión de un tratamiento lingüístico global, que tenga en cuenta el conjunto de actividades educativas" es precisamente "lo que queda claramente reflejado con la calificación del catalán y el castellano como lenguas de uso curricular y educativo".

"El hecho de que la lengua catalana sea lengua vehicular de la enseñanza no supone en ningún caso la exclusión de la lengua castellana como lengua docente", subraya el CGE y razona que la ley básica estatal no establece el castellano como vehicular por lo que "no se puede reprochar, obviamente, que no lo haga la legislación catalana". En cuanto a los porcentajes, el CGE considera que es una decisión que depende únicamente del legislador, eso es, exclusivamente del Parlament.

Recursos al Constitucional

Así, los juristas destacan que el Tribunal Constitucional "de forma explícita, no ha considerado inconstitucional que la ley no contenga la declaración expresa del castellano como lengua vehicular", algo que Vox, Cs y PPC tratarán de conseguir con los ya anunciados recursos al TC en el momento en que la nueva ley quede aprobada por el pleno. "Hay una clara exclusión del castellano en las aulas", ha espetado la diputada del PP, Lorena Roldán, desde el Parlament. En la misma línea, el portavoz de Cs, Nacho Martín Blanco, ha aseverado que "el castellano solo puede ser vehicular si hay un mínimo del 25% de las horas lectivas".

La batalla judicial ya ha comenzado, incluso con advertencias penales al 'conseller' de Educació, Josep Gonzàlez Cambray, después de que Cs le llevara a la fiscalía por segunda vez -la primera fue archivada- para que indague en si ha cometido un presunto delito de prevaricación continuada.