Lejos de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, España sufre una situación inédita en una de sus instituciones constitucionales desde hace tres años y medio, cuando venció el mandato de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que actúa como gobierno de los jueces en España y controla la sensibilidad de la cúpula judicial mediante la designación de sus integrantes. El problema: PP y PSOE, como grupos parlamentarios mayoritarios, son incapaces de ponerse de acuerdo para renovar a sus 20 integrantes.
El bloqueo incide de rebote en otro órgano que sí resuelve directamente sobre asuntos que afectan a los ciudadanos, el Tribunal Constitucional (TC), que estudia que las leyes sean acordes con la Constitución, pero también las solicitudes de amparo presentadas por los españoles sobre los asuntos más diversos. La cuestión es que un tercio de sus magistrados tienen que renovarse cada tres años, y desde el pasado domingo, 12 de junio, hay cuatro de ellos pendientes de cambio, de los que dos corresponde nombrar al Gobierno de Pedro Sánchez y otros dos al CGPJ, por lo que el bloqueo se traslada también a este órgano.
De hecho, y paradójicamente, se está dando un nada deseado por el Gobierno 'efecto boomerang', puesto que la misma reforma que instó en marzo de 2021 para forzar al PP a renovar el CGPJ, y que prohíbe a este órgano hacer nombramientos estando en funciones, ahora se ha vuelto en su contra.
El puzle institucional parece complicado, pero es fácil de explicar. Como el Consejo no puede nombrar a los dos magistrados que le corresponden, el Ejecutivo de Sánchez se encuentra en la encrucijada de esperar, aguantando con un TC conservador, o bien actuar en solitario y nombrar por su cuenta a los dos magistrados que le darían una mayoría progresista, un movimiento muy cuestionado por un amplio sector de juristas.
El cambio de tendencia es clave cuando el actual TC ha anulado, por inconstitucionales, decisiones políticas de calado, como fue la declaración del estado de alarma por la pandemia de covid, y tiene sobre la mesa temas claves como la ley del aborto o la devolución de su escaño al que fuera diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.
Nombramientos en solitario
Así las cosas, desde el Gobierno viene deslizándose desde hace semanas la posibilidad de actuar por su cuenta porque "así lo manda la Constitución", que dicta la renovación de los magistrados cuando éstos cumplen nueve años de mandato.
Este lunes han cumplido su estancia en el órgano de garantías el actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, que son los dos magistrados que designó en 2013 Mariano Rajoy; y también deben salir el progresista Juan Antonio Xiol y el conservador Santiago Martínez-Vares, que fueron nombrados por el CGPJ. Si se decide a nombrar a los dos de su cuota, esta decisión deberá tener el plácet del propio TC, y ello no se augura nada pacífico según fuentes de este órgano consultadas por El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico.
Palabras de los políticos
El asunto de la renovación ha estado presente, sin duda, durante los corrillos celebrados tras un acto que tuvo lugar este lunes en el Teatro Real con presencia del rey Felipe VI, con ocasión del 425 aniversario del Colegio de la Abogacía de Madrid. Allí han coincidido tanto la ministra de Justicia, Pilar Llop, como el presidente del TC González-Trevijano, el del CGPJ, Carlos Lesmes y una nutrida representación de la clase política, entre quienes no faltaban expresidentes del Gobierno como Felipe González y José María Aznar.
Tras este acto, Llop ha calificado "bastante viable" la posibilidad de que el Gobierno nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde. "Tenemos que estudiar todas las posibilidades y escenarios porque tenemos que cumplir con la Constitución, que es renovar a tiempo los órganos constitucionales", ha apuntado en una entrevista a Radio Cable.
Por su parte, el exmagistrado del TC y actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, también partícipe en el acto del Teatro Real, ha manifestado algo más tarde ante los periodistas que "constitucionalmente es inviable" que la renovación parcial pueda llevarse a cabo solo con los dos candidatos que corresponde nombrar al Gobierno. Igualmente, se ha referido a este efecto 'boomerang': "el CGPJ no puede cumplir con su obligación como consecuencia de una ley que este Gobierno promovió hace un año, ha manifestado según informa Europa Press.
La decisión, en todo caso, no parece residenciarse en el Ministerio de Justicia, y todos los ojos están puestos en el de la Presidencia, cuyo titular, Félix Bolaños, es quien actúa de interlocutor con el equipo de Alberto Núñez Feijóo para el tema de la renovación institucional.
En una rueda de prensa desde la embajada de España ante la Santa Sede, tras entrevistarse con el Papa Francisco, Bolaños ha señalado que el anuncio "que procede" por parte del PP es que diga cuanto antes que va a cumplir con la ley y la Constitución para renovar el CGPJ y el TC. En esa misma línea ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de incumplir la ley desde hace tres años "cada día, desde que se levanta hasta que se acuesta", según ha enfatizado.
La propuesta del PP, en julio
Desde el PP, el vicesecretario de Política institucional del partido, Esteban González Pons, lanza un anuncio para la esperanza: El PP no se ha instalado en el no, lo que dice es en el plazo de un mes enviará al Gobierno de Sánchez una "propuesta de reforma aceptable para el PSOE y un compromiso por la regeneración".
"Creemos que el mandato constitucional hay que cumplirlo, que el mandato de la Ley orgánica hay que cumplirlo, que los órganos constitucionales deben renovarse, pero la situación ha llegado a tal extremo, que ya no basta con una simple renovación", ha afirmado, para apuntar que no se trata de sentarse y "cambiar cromos", ya que hay que dar "un paso más", que en la negociación se incluyan reformas para que esta situación no vuelva a darse nunca más.
