Los tejemanejes del comisario jubilado José Manuel Villarejo llegaban al PP y a la cúpula de Interior, pasando por jueces y fiscales. Pero no siempre las cosas salían como había planeado. Eso ocurrió con la denuncia de Victoria Álvarez, expareja del primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en la que contaba que le había acompañado a Andorra con dinero en metálico en bolsas de plástico: el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no la admitió a trámite.

Según publica este viernes El Periódico de España, el revés a lo orquestado por Villarejo con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en persona para abrir esta investigación y otra que no fructificó en relación con el expresidente catalán Artur Mas y sus supuestas cuentas en el extranjero, queda evidenciado en la anotación del comisario jubilado de 28 de diciembre de 2012.

En ella escribe que quien entonces era jefe de gabinete del ministro Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, está "muy decepcionado por la resolución de Ruth [grafía con la que Villarejo identifica al magistrado que entonces ocupaba el Juzgado Central de Instrucción número 5] de no admitir la denuncia".

La decepción responde a que Villarejo había hecho todo lo que estaba en su mano para que la iniciativa llegara a buen puerto. Por eso en su agenda el 17 de diciembre anota: "Reunión AN [en referencia a la Audiencia Nacional], pendiente de datos" y "Salinas [por el entonces jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas] se encargará del tema. Toque recibido del fiscal general [Eduardo Torres-Dulce]. Pendiente del tema, avisarle con novedades".

El problema es que la denuncia recae en el Juzgado Central de Instrucción número 5, a cuyo frente estaba entonces Pablo Ruz. En el audio adelantado por El País y Fuentes Informadas se oye a Fernández Díaz decir que "Ruz no es el mejor", lo que corroboró el entonces número dos de la policía, Eugenio Pino, que se ha convertido en el primer condenado por estas prácticas policiales cuando menos cuestionables, por intentar introducir un 'pendrive' de origen dudoso en el caso Pujol.

Vuelta a la Audiencia Nacional

Tras ser rechazada por Ruz, la denuncia de Victoria Álvarez recayó en un juzgado ordinario de Madrid, situado en la madrileña Plaza de Castilla, hasta donde se desplazó Villarejo para entrevistarse en calidad de supuesto agente encubierto con el entonces decano de los jueces madrileños, José Luis González Armengol. Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Ruz a investigar los hechos.

En una anotación del 12 de enero Martínez comentó a Villarejo, según refleja este en una nota en la que aparecen las palabras "Salinas" y "juez", "investigación chapucera (según fiscal)". Y el 31 de enero de 2013 le informó de la supuesta presión ejercida por el ahora ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre Ruz. Le comentó, según refleja la agenda, que en unos meses dejaría la Audiencia Nacional, porque al no ser titular no podía permanecer al frente del juzgado central más de seis años, según adelantó El Periódico de España.

Policías de confianza

Ruz no abandonó la Audiencia Nacional hasta el 16 de abril de 2015, lo que le permitió apartar a los promotores del 'Proyecto Barna' u 'Operación Cataluña' e investigar el caso Pujol con sus policías de confianza, con quienes también logró finalizar su instrucción de la primera época del caso Gürtel, por la que fue condenado el PP como partícipe a título lucrativo de la trama liderada por Francisco Correa y que motivó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.

El juez que sustituyó a Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Matatambién sospechó de ciertos policías y apartó de la causa el 'pendrive' con información sobre las cuentas del primogénito de la familia Pujol-Ferrusola que le entregaron. Remitió las actuaciones a los juzgados de Plaza de Castilla, donde se abrió un procedimiento que es el que ha acabado con la condena de Pino.

Desde Anticorrupción se asegura a este diario que todos los informes sin consistencia que esta policía del Gobierno de Rajoy le presentó fueron rechazados. Como botón de muestra el escrito de acusación contra la familia Pujol, en el que se piden 9 años para el expresident y 29 para su hijo mayor, y entre los dos centenares de testigos solicitados por la acusación pública para el juicio no figura Victoria Álvarez.