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Investigación

Crónica del golpe del PP de Feijóo en el Tribunal Constitucional

Los populares advirtieron al Gobierno de que no debía nombrar a los dos magistrados caducados que le corresponden en el TC sin los otros dos del CGPJ y, ahora que Pedro Sánchez facilita su designación, le acusan de “romper todos los puentes"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

Sobre la mesa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, descansa un informe jurídico encargado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre el nombramiento en solitario de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Gobierno en sustitución de los dos cuyos mandatos caducaron el domingo 12 de junio: el actual presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez. Ambos fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ese informe, según ha sabido EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio de Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, señala que es constitucional que el Gobierno nombre a los sustitutos aunque los otros dos magistrados, cuyos mandatos han caducado también el 12 de junio (Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente, y Santiago Martínez-Vares) y que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no sean sustituidos simultáneamente en el mismo acto.

Precisamente, una sentencia del Tribunal Constitucional, la 191 de 15 de noviembre de 2016, que firmó González-Trevijano junto con todos los los miembros del tribunal de garantías, estableció que si bien en condiciones de “normalidad” el nombramiento debe hacerse por ternas (renovar un tercio del TC), si uno de los órganos (en aquella sentencia se trataba de los vocales que debían designar el Senado y del Congreso de los Diputados en el CGPJ) no podía, por las razones que fuese, hacer sus nombramientos, ello no justificaría arrastrar al otro.

Según la sentencia, no se trata meramente de una potestad hacer los nombramientos sino de un deber. Siempre que se pueda es una obligación hacerlos. Es un “poder-deber”. Dice la sentencia: “La propuesta o designación de que tratamos es, para cada una de las cámaras, un genuino poder-deber. Una potestad, sin duda, pero también, al tiempo, un deber ex Constitutione [desde la Constitución] con términos trasladables aquí respecto de previsiones legales relativas a la renovación de este mismo Tribunal Constitucional”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, transmitió el pasado 9 de junio un mensaje: la decisión de nombrar sustitutos a los dos magistrados cuyos mandatos estaba por caducar tres días después (González-Trevijano y Narváez) sería una maniobra del Gobierno. El consejo de ministros no había designado el martes 7, como debía, a los dos magistrados para sustituir a los dos que iban a caducar el siguiente domingo día 12.

Pese al informe jurídico que está en la mesa de Pedro Sánchez, el Gobierno no quiso abrir una guerra en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque los mensajes transmitidos a la ministra de Justicia, Pilar Llop, por parte de González-Trevijano y de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, fueron tan claros como directos: “No pasarán”. González-Trevijano hizo saber también a La Moncloa que, de convocar el pleno para recibir a los dos nuevos magistrados, no se les daría posesión ya que él como Narváez formarían la mayoría de bloqueo.

El presidente se aferra al cargo

González-Trevijano suele decir en los actos en los que participa estos días que “cumplirá con la Constitución”. Pero en petit comité aclara que si no se renuevan los cuatro magistrados caducados el pasado 12 de junio -entre ellos él- no daría posesión a los magistrados designados “unilateralmente” por el Gobierno. En realidad, el actual presidente del TC se resiste a dejar su mandato caducado, porque ello implica permanecer el mayor tiempo posible en su cargo.

El Gobierno finalmente, según anticipó EL PERIÓDICO, decidió aplazar los nombramientos de los dos magistrados que le correspondían, habida cuenta que se desarrollaba la campaña de las elecciones andaluzas. Sánchez quiso evitar un enfrentamiento con el sector conservador del TC respaldado por Nuñez Feijóo. Pero al advertir que el PP anunció una propuesta sobre el CGPJ para el mes de julio, Moncloa consideró evidente que Nuñez Feijóo quiere posponer, una vez más, hasta el otoño, la renovación del poder judicial.

Si Núñez Feijóo dijo el 13 de junio que se ”rompían todos los puentes” al conocer que el Gobierno podría nombrar a los dos magistrados para sustituir a los dos caducados, sin los dos del CGPJ, ahora que el Gobierno reformará la ley Orgánica de 2021, que él mismo promovió, para levantar la prohibición al CGPJ de hacer los dos nombramientos de magistrados para el TC, Feijóo ha vuelto a repetir que el Gobierno “rompe cualquier tipo de puente” en la negociación para renovar el CGPJ. Si lo que quería de verdad era renovar los cuatro mandatos caducados al mismo tiempo, ¿por qué se opone ahora a que el CGPJ pueda nombrar a los dos que le corresponde? ¿Acaso no es la vía para renovar la terna completa, como exigen el presidente del PP, Núñez Feijóo, y el presidente del TC, González-Trevijano?

En el CGPJ el sector conservador ya ha señalado su oposición a la reforma legal que levantaría la prohibición vigente desde 2021 para hacer los nombramientos en el TC. Los vocales de la derecha exigen no solo levantar el veto para nombrar a los dos magistrados del TC, sino la capacidad plena para seguir haciendo todos los nombramientos que deseen en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia. La reforma que anuncia el Gobierno, empero, no puede derivar en una solución inmediata. Fuentes judiciales señalan que hasta septiembre no cabe esperar una renovación. Pero añaden que autorizar al CGPJ a nombrar a los dos magistrados mete presión sobre el PP, establece una línea roja de fuerza, sin la cual, estiman, Núñez Feijóo tratará de marear la perdiz.

González-Trevijano había prometido resolver el recurso del PP contra la ley del aborto en el mes de junio. El borrador de la ponencia de Enrique Arnaldo no se ha distribuido en mayo como estaba anunciado y en el orden del día del último pleno de junio tampoco se le espera. El golpe constitucional ha dejado al TC en el aire. Con recursos de amparo que exigen resolución urgente, como es el caso del diputado expulsado del Congreso, Alberto Rodríguez.

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