El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado la cuestión incidental planteada por la Administración General del Estado, a la que se adhirieron Xunta, Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, y ordena que permanezcan en el pazo de Meirás 132 bienes que considera inmuebles por destino o incorporación, es decir, que fueron instalados con vocación de permanencia o que no pueden ser trasladados sin provocar el deterioro del edificio.
El juez desestima el incidente de ejecución del Concello de Sada, más ambicioso, que pedía que permaneciesen en As Torres la totalidad de los bienes, a excepción de aquellos que los Franco acreditasen que habían sido instalados después de la muerte del dictador en 1975.
De estos 133 bienes que deben permanecer en Meirás, solo 54 eran objeto de controversia entre el Estado y los Franco. El juzgado solo da la razón en un caso a los herederos del dictador, a los que permite llevarse una alfombras pasilleras.
El inventario de bienes de Meirás recoge un total de 697 elementos. Entre aquellos que los Franco se podrán llevar con este auto se encuentran bienes de Emilia Pardo Bazán que fueron vendidos con As Torres en 1938, como la mesa de la torre de la Quimera en la que escribió alguna de sus obras más importantes.
El juzgado argumenta que, en relación a los bienes muebles, no fueron objeto de debate a lo largo de este proceso, por lo que no pueden abordarse en un incidente de ejecución. El magistrado incide en que todos los argumentos esgrimidos en la vista por el Concello de Sada pueden ser utilizados en una demanda donde se reivindiquen los mismos. El Gobierno ya ha anunciado su intención de interponer una demanda para reclamar todos aquellos bienes del pazo que considera de Patrimonio Nacional, aunque de momento no ha avanzado plazos.
El tiempo apremia y la Consellería de Cultura sigue sin abrir el expediente de ampliación del decreto BIC de As Torres de Meirás para incluir todos aquellos elementos vinculados al sitio histórico. Entidades memorialistas y administraciones, especialmente el Concello de Sada, consideran crucial este trámite, dado que obligaría a los Franco a solicitar autorización a la Xunta para retirar cualquier elemento vinculado con Emilia Pardo Bazán o con el uso del pazo como residencia oficial del dictador.
