El empresario y exalto cargo de CDC David Madí podrá este martes negar y dar todas las explicaciones que considere oportunas en relación con el presunto fraude de subvenciones por 140.000 millones de euros, vinculado al reparto de los fondos europeos para la recuperación, Next Generation, que se le imputa.
El caso por el que declarará ante la Fiscalía Europea, en su sede madrileña, fue remitido por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre a partir de un audio intervenido por la Guardia Civil el 20 de octubre de 2020, en el que se le oye comentar con el consultor Joan Ferran Oliva, que también está citado ante el ministerio público, sobre un posible reparto irregular de los fondos europeos.
Durante la conversación, que fue grabada en el marco de la causa que el juez Aguirre sigue contra Madí para determinar si cometió un delito de tráfico de influencias, el exalto cargo de CDC comenta que junto a otras personas de Foment de Treball, entidad de la que es asesor, se reunió con Iván Redondo cuando era jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sospechas fundadas
La resolución de la Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, sostiene que la Audiencia de Barcelona ya declaró que en el auto del juez se "exponen sospechas fundadas" sobre la presunta comisión de "ilícitos referentes a corrupción político-económica, es decir, a presuntos desvío de caudales público y blanqueo de capitales, entre otros, y más concretamente presuntos fraudes de subvenciones en los que participaría David Madí, junto con el otro investigado".
La normativa que regula la Fiscalía Europea establece que "desde que resulten de las actuaciones indicios que permitan atribuir la realización del hecho punible a una persona determinada", se debe citar al encausado en una primera comparecencia para comunicarle que la investigación se dirige contra ella, así como su calificación jurídica provisional para tomarles declaración.
