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Sin participación en las elecciones

El fallo de la Audiencia Nacional impide a Nueva Canarias presentarse a las elecciones

La nulidad de la sentencia o el recurso ante el Constitucional son las dos vías que le quedan al partido para salvar su marca electoral de cara a los comicios de 2023

Carmelo Ramírez interviene desde la tribuna en el congreso de Nueva Canarias celebrado en abril. ANDRÉS CRUZ

El fallo del 8 de junio de 2021 en el que la Audiencia Nacional declara la "extinción judicial" de Nueva Canarias (NC) impide que el partido participe en la doble cita electoral de 2023. La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5, firme desde el 20 de julio del año pasado y por tanto no recurrible, resolvió la exclusión de NC del Registro de Partidos Políticos (RPP) del Ministerio del Interior. Los partidos adquieren personalidad jurídica precisamente por figurar en el RPP, con lo que NC carece de identidad o personalidad jurídica desde el 12 de julio de 2021, hace algo más de un año, que fue cuando Interior, tras la sentencia del juzgado, canceló la inscripción de la organización nacionalista en el registro. Es decir, Nueva Canarias no existe desde su exclusión del RPP, de modo que no puede participar en elecciones. A los nacionalistas les quedan, eso sí, dos posibles vías para salvar la situación y poder presentarse con su marca en 2023. La primera, conseguir que el juzgado que dictó la sentencia declare la nulidad de las actuaciones; y la segunda, y en caso de que no prospere la petición ante el juzgado central, recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

La ley de partidos no deja ‘refundar’ una fuerza política con el nombre que tenía antes de su extinción

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El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, ha insistido en que se han visto en una "absoluta indefensión" al no haber sido notificados durante el proceso que desembocó en la extinción del partido por no haber adaptado sus estatutos a los contenidos mínimos que establece la ley, que entre otras cosas obliga a especificar el procedimiento y el órgano competente para la aprobación de la contabilidad anual y su remisión al Tribunal de Cuentas dentro del plazo establecido, algo que NC no ha hecho en los cuatro últimos ejercicios. En ningún momento, aseguran desde NC, recibieron algún tipo de apercibimiento o notificación. Con este argumento, la fuerza política puede solicitar la nulidad de las actuaciones ante el juzgado, para lo que dispone de veinte días de plazo desde que tuvo conocimiento de la vulneración de sus derechos, esto es, 20 días a contar desde que tuvo conocimiento de la sentencia. Si los representantes de NC, como aseguró Ramírez este martes, comunicaron a Interior el cambio de su domicilio social –una de las posibles razones de que no fueran notificados– y demuestran que efectivamente no se les informó como es debido del proceso administrativo y judicial, entonces la nulidad de las actuaciones podría prosperar por haberse vulnerado su derecho de participación en el proceso. En tal caso tendría que reiniciarse todo el expediente para que NC pudiera alegar y aportar lo que considerase oportuno.

Pero incluso si no prosperase la solicitud de nulidad de las actuaciones ante la Audiencia Nacionala los nacionalistas les quedaría esa segunda bala en la recámara: la del TC. Para recurrir en amparo ante el Constitucional tendrían 30 días de plazo desde la denegación de la nulidad de las actuaciones. En este caso, NC tendría la posibilidad de pedir medidas cautelares que le permitieran presentarse a las elecciones del próximo año. El TC tendría primero que decidir si admite o no a trámite el recurso de amparo y, en caso de admitirlo, si concede o no las medidas cautelares. Es verdad que los comicios están a la vuelta de la esquina, pero justo por ello lo más razonable sería que los magistrados del TC se pronunciasen con rapidez. Para más adelante quedaría, eso sí, el fallo sobre el fondo de la cuestión, pero los nacionalistas al menos habrían salvado la papeleta de cara a las inminentes elecciones.

La clave está en que NC sea capaz de demostrar que ni Interior ni el propio juzgado actuaron con la debida diligencia al notificar al partido durante el proceso. Si logran demostrar que no se les avisó en tiempo y forma, la sentencia puede declararse nula por "indefensión", que es justo el término empleado este martes por Ramírez. A su favor juega el hecho de que si la notificación en un determinado domicilio no es posible –NC cambió de sede–, el notificante debe intentarlo en otras posibles direcciones que figuren en los registros, ya sean direcciones de la organización o de sus representantes. Algo en lo que también se detuvo Ramírez en la rueda de prensa de ayer, cuando insistió en que su nombre y los de los demás miembros del organigrama de NC figuran, sin ir más lejos, en las escrituras fundacionales del partido.

Ese es el camino judicial que le queda por delante a NC para salvar su marca electoral. Un camino que tendrá que recorrer casi a contrarreloj al no haber tenido conocimiento de su exclusión del RPP y de su consecuente extinción hasta la publicación de la sentencia en este diario. En caso de que no logren anular el fallo –lo que pasa, cabe insistir, por demostrar su indefensión durante el proceso– o un pronunciamiento favorable del Constitucional, los dirigentes de NC no tendrán más remedio que concurrir a las elecciones bajo otras siglas o tras refundar el partido, una refundación en la que no podrían utilizar el nombre de NC.

La sentencia no afecta a la labor institucional de los diputados y cargos públicos de NC

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La ley de partidos deja claro que la denominación de las nuevas organizaciones «no podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito en el Registro, con la de algún partido integrante, como resultado de una fusión, de un partido inscrito cuando ello se encuentre acreditado por cualquier medio de prueba válido en derecho, o con la de algún partido declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisión judicial». En otras palabras: tendrían que buscar una marca que no se pareciera a la de Nueva Canarias.

Hay que puntualizar, eso sí, que la sentencia en contra de NC en nada afecta a la labor de sus diputados y demás cargos públicos, que como tales representan a los ciudadanos por encima de cualquier sigla política. Tampoco a la denominación del grupo parlamentario de Nueva Canarias. Con todo, un partido local de Santa Lucía de Tirajana solicitó este martes mismo que los ediles de NC pasen al grupo mixto.

La extinción de NC se coló también en el pleno de la Cámara autonómica. La diputada del grupo mixto Vidina Espino aprovechó una comparecencia del consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez –líder de NC–, para pedirle su dimisión por la no presentación de las cuentas del partido. "¿Y usted es el que maneja las cuentas de la Comunidad Autónoma? En manos de quién estamos", espetó la diputada. Rodríguez, que declinó hacer declaraciones a este diario en los pasillos de la Cámara, también eludió referirse a la situación de NC al responder a Espino.

El PP lleva la expulsión al Senado


El senador del Partido Popular por Gran Canaria Sergio Ramos registró ayer en la Cámara Alta una batería de preguntas a fin de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aclare las preguntas que el secretario de organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, dejó el lunes en el aire tras conocerse que el Registro de Partidos Políticos, acatando una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5, ha dado de baja a ese partido por no estar al día en la presentación de sus cuentas anuales desde 2018 y no actualizar sus estatutos, tal y como establece la ley. Ramos pone en cuestión la indefensión que alegan desde NC porque desconocían, dicen, que se había abierto un proceso contra ellos. «¿A quién pretenden engañar?», se pregunta el popular. «Van a tener que dar muchas explicaciones porque esto», subraya, «no huele bien». «¿Advirtió el Ministerio del Interior de estos hechos al partido Nueva Canarias? En caso que sí advirtiera, ¿en cuántas ocasiones y por qué vías? ¿Ha recibido el Ministerio del Interior alguna contestación por parte del partido Nueva Canarias? ¿Qué sanciones se le han comunicado al partido Nueva Canarias por estos hechos?». Son las preguntas que Ramos quiere que Fernando Grande-Marlaska conteste. «Parece razonable pensar que Román Rodríguez [presidente de NC] no puede seguir administrando las cuentas de los canarios hasta saber toda la verdad sobre este asunto», sentencia el popular haciendo mención al cargo del dirigente canarista como consejero de Hacienda del Ejecutivo regional en virtud del pacto de gobierno firmado con PSOE, Podemos y ASG hace ahora tres años.


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