La renuncia del magistrado Montoya, nuevo elemento de presión para renovar el TC y el Poder Judicial

Montoya, catedrático de Derecho del Trabajo, fue nombrado para el Tribunal Constitucional por el Senado a propuesta del PP en 2017, por lo que no forma parte del grupo cuya renovación está prevista el próximo mes de septiembre. El magistrado, que debería seguir en el órgano hasta marzo de 2026, sufrió un problema grave de salud que le mantiene de baja desde el verano pasado. Por esta razón el tribunal venía funcionando sin su voto, algo que no daba problemas al sector conservador al estar en clara mayoría actualmente en el Tribunal.

Su salida, sin embargo, ha sido una sorpresa para sus compañeros, que no la esperaban hasta después del verano y una vez solventada la renovación que, acelerada por la reforma de la LOPJ instada por el PSOE -y muy criticada por la oposición- permitirá dar un vuelco a este órgano, que pasará a tener siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores. La renuncia de Montoya dejará en la práctica al sector conservador con solo cuatro magistrados hasta que se produzca un reemplazo.

Propuesta del PP

Fuentes de Génova confirman que harán llegar una propuesta concreta para sustituir la marcha de Montoya “cuando proceda” y que no valoran otro escenario que mantener la cuota conservadora a pesar del cambio de magistrado. El nombre se lo enviará González Pons a Félix Bolaños, y el PP no tiene intención de ampliar la negociación a los asuntos pendientes. 

Las relaciones entre los dos dirigentes, designados como negociadores en materia de Justicia por sus respectivos jefes, se han deteriorado mucho en las últimas semanas. Hasta el punto de que la interlocución es ahora muy limitada. Fuentes de la dirección nacional insistían al hablar de la sustitución del magistrado que fue designado en 2017 a propuesta del Senado que “no conciben otra cosa que el PSOE acepte la propuesta” que enviarán. “Utilizar la enfermedad que sufre alguien y su renuncia para imponer un nuevo magistrado progresista o forzar otras negociaciones, simplemente no lo contemplamos”, zanjan en el núcleo duro de Feijóo.

A pesar de todo, el hecho de que Bolaños y Pons tengan que volver a hablar sobre esta sustitución implica ‘de facto’ retomar unos contactos que ahora estaban rotos. Todo ello por culpa de un fallo de comunicación que hizo saltar por los aires el camino andado hasta el momento. En el Gobierno vieron con malos ojos que el PP siguiera dilatando unas semanas el asunto al decir que “en el plazo de un mes” darían a conocer su propuesta de renovación del CGPJ y regeneración del sistema de elección de los jueces. Bolaños lo tomó como una nueva prórroga que se sumaba a demasiadas. 

Ambos dejaron de entenderse y el Ejecutivo siguió adelante con la polémica reforma que devolvía las funciones al CGPJ en funciones solo para designar a los magistrados pendientes del TC. En Génova reconocen que pensaban que era un órdago que Moncloa no cumpliría.

No hay prisa para el reemplazo

Fuentes del sector progresista del TC consultadas por El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, señalan por su parte que lo prioritario es renovar el tercio pendiente desde el pasado 12 de junio y que el reemplazo de las bajas suele demorarse mucho y, en ocasiones, ni siquiera se ha producido. Entre los antecedentes, la renuncia del magistrado progresista Fernando Valdés en octubre de 2020, tras ser imputado en una causa de violencia de género -ya archivada-, y cuya plaza quedó vacante hasta la siguiente renovación de un tercio del tribunal el pasado noviembre, que correspondió al Congreso de los Diputados.

Por el momento, la salida de Montoya ha obligado al tribunal de garantías a redistribuir las ponencias de los asuntos que Montoya tenía encomendados, en un momento en el que alguno de sus integrantes ya se encontraba incluso disfrutando de las vacaciones. Las diferentes fuentes consultadas coinciden en que esta nueva variable contribuirá sin duda a incrementar la desconfianza que parece haberse instalado entre el PSOE y el PP a la hora de pactar los nuevos magistrados del órgano, una sensación que puede trasladarse al CGPJ.

Situación en el CGPJ

El órgano de Gobierno de los jueces tiene ya una fecha prevista, el 8 de septiembre, para elegir a los dos magistrados que les corresponde por cuota -los otros dos son cosa del Gobierno-, y la existencia de una nueva plaza por cubrir contribuye a la tensión que ya existe por las dificultades expresadas por el propio presidente, Carlos Lesmes, para que este órgano alcance los doce votos necesarios que apoyen los nombramientos que les tocan. El reemplazo de Montoya será cosa aparte, y competencia del Senado, pero pesará también sobre las cábalas que hagan unos u otros vocales del Consejo a la hora de elegir a los nuevos magistrados del TC.

En el sector progresista de este órgano algunos piensan que la situación podría servir "de aldabonazo" para que el PP "cese en sus políticas de bloqueo institucional", mientras que desde otros sectores se reconoce que no hará sino "incrementar más el lío", dado que para suplir a Montoya se necesita una mayoría reforzada en el Senado.

Un puesto para Lesmes

Otras fuentes apuntan además que el puesto de Montoya parecía ser el "destinado" para que el actual presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pudiera acceder al Tribunal Constitucional, un "deseo" que todos parecen conocer dentro del órgano de gobierno de los jueces. Al adelantarse la salida de Montoya del órgano y no haber visos de acuerdo para la renovación del Consejo, los planes de Lesmes se complican.  

"Es posible que hayan provocado la renuncia precisamente ahora para fastidiarle, en represalia, por no secundar el previsto 'boicot' a la renovación del Tribunal Constitucional por parte del sector más próximo al PP", analiza uno de los consultados.