Nuevo choque entre Gobierno y oposición a cuenta del anteproyecto de la ley de información clasificada que este lunes aprobó el Consejo de Ministros. El anuncio lo hizo Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación para avanzar en las exigencias de algunos de sus socios, como el PNV, que piden desde hace tiempo el fin de la ley de secretos oficiales de 1968 por desfasada y por considerar que los documentos clasificados deben ver la luz pasado un tiempo.  El PP se mueve en este momento entre el enfado absoluto por no haber sido consultado para ver las líneas generales de un asunto de tanta importancia, y la desconfianza ante la posibilidad de que el Gobierno acabe cediendo a las pretensiones de nacionalistas e independentistas también en esta materia.

Los socios habituales del Ejecutivo, incluso Unidas Podemos, cuestionan que los altos secretos del Estado puedan continuar bajo llave 50 años prorrogables como reza el texto inicial. En el caso del PP la indignación ha escalado a cotas máximas ante la “incomprensión” de no haber recibido una sola llamada. Según explican fuentes de la cúpula del grupo parlamentario, para el primer partido de la oposición el debate “no está en los 50 o 25 años”, sino en si información sensible cuyo conocimiento público puede afectar a la seguridad nacional debe desclasificarse “simplemente cuando pasen equis años porque lo dice una ley”.

“Nuestra lógica es que las amenazas deben analizarse en todo momento y si siguen existiendo no deben ver la luz para que los que amenazan conozcan los secretos del Estado”, explican a El Periódico de España.

Las mismas fuentes reconocen que “la filosofía” de la ley tiene "su lógica" en tanto a que hay determinados asuntos que, en caso de no suponer ya un riesgo para el Estado, puedan conocerse. “Pero eso habrá que analizarlo, igual que el grado de sensibilidad según qué asunto. Y eso en el anteproyecto no lo conocemos”, zanjan.

Los populares critican al Gobierno de Sánchez por atender a “cesiones” y “comprar tiempo” con sus socios “al coste que sea”, “incluso aunque estemos hablando de un eje vertebrador de la seguridad del Estado”. En el partido de Alberto Núñez Feijóo recuerdan que los socios viven “obsesionados” con ciertos asuntos, pero que la mirada “debe ser larga” porque los secretos del Estado también incumben a asuntos de primer orden como puede ser el terrorismo yihadista o la lucha contra el crimen organizado. “Lo que está claro es que una ley de este tipo no se hace para un Gobierno o para un año y medio, sino para varios. No podemos entender que no cuente con el PP para un asunto de esta magnitud”, se quejan.

La desconfianza ha ido a más, reconocen, después de la entrada de Bildu y la CUP a la comisión de secretos oficiales en el mes de abril. “También pensamos que eso no ocurriría y acabó ocurriendo”, insisten, para poner el foco en que no ven descartable que el Gobierno acabe acordando la nueva ley con sus socios habituales y aplicando algunas de sus peticiones que en el PP ven “inasumibles”. Otro punto de inflexión fue el pacto de la ley de memoria democrática con Bildu. La percepción de los conservadores es que Sánchez “ha traspasado todas las líneas rojas posibles”.

“La ley es antigua y aunque pueda mejorarse, lo que hay que plantearse es si está dispuesto a abordarlo con el PP. Porque cualquier otra cosa responde a otros objetivos que debilitarán la arquitectura del Estado”, asegura otra fuente de la dirección del PP. El lamento del partido de Feijóo no es nuevo, pero provoca un profundo malestar dado que encima de la mesa hay una ley nuclear y el Gobierno no llama y no les tiene en cuenta para negociar o, como mínimo, informar.

A este respecto recuerdan que fue el PP el que permitió aprobar la ley de seguridad nacional al tumbar la enmienda a la totalidad de los socios del Ejecutivo. Después, durante el debate sobre el estado de la nación, también apoyó la resolución para incrementar la presencia militar en Rota, así como el aumento del 2% del PIB en Defensa. Dicho de otra manera: los populares han terminado apoyando al Gobierno en todos los asuntos que han tenido que ver con la seguridad y defensa del Estado. En este caso, reconocen, dependerá de cómo quede el texto final

“Dejarlo en manos de Bolaños…”

Las críticas de que los secretos oficiales pasen de las manos de Margarita Robles a Félix Bolaños no son menores. Fuentes populares aseguran “que no se trata tanto del ministerio del que dependa”, sino de apartar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De hecho, reconocen que Mariano Rajoy también decidió en 2011 trasladar el organismo de Defensa a Presidencia (con Soraya Sáenz de Santamaría al frente) pero en ningún momento dejó de ser el competente sobre los secretos del Estado. 

Como dijo el vicesecretario económico Juan Bravo en Génova este lunes, la percepción del PP es que el cambio “pone en duda el trabajo del CNI” y busca “restar protagonismo” a la ministra Margarita Robles en beneficio de Bolaños, hombre fuerte de Sánchez. “Dejarlo en sus manos después del caso Pegasus no tiene mucho sentido”, afirman en el PP en referencia al escándalo de espionaje que afectó a varios teléfonos del gabinete (incluido el del presidente, que también fue infectado). Bolaños y Robles se acusaron mutuamente de haber tenido la responsabilidad de evitarlo.