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Congreso

La ley de vivienda, paralizada pese a su urgencia: cuatro meses bloqueada y sin visos de avanzar

El proyecto de ley lleva desde abril a la espera de que la Comisión correspondiente active los trabajos

La ley de vivienda, paralizada pese a su urgencia: cuatro meses bloqueada y sin visos de avanzar. Feed

La ley de vivienda -tan arduamente negociada- es "imprescindible" para el Gobierno de coalición. Tanto que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aseguró en febrero que la norma se tramitaría de urgencia en el Congreso. Pero esas prisas, esa "urgencia", parecen no ser para tanto. El texto de la ley lleva bloqueado casi cuatro meses en la Cámara Baja a la espera de que la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, presidida por los socialistas, reactive los trabajos. El compromiso del Ejecutivo de que la ley esté aprobada antes de que termine el año se alza como un objetivo difícil de cumplir.

Los retrasos en torno a esta norma han estado a la orden del día desde su concepción. Fue el 26 de octubre de 2020, al borde de las 22:00 horas de la noche, cuando PSOE y Unidas Podemos acordaron legislar el precio de los alquileres. El pacto fue fruto de una tensa negociación que permitió salvar el primer paso de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, el entendimiento entre los propios social. 648 días han pasado desde entonces y, a buen seguro, se cumplirán dos de aquel día sin que el texto esté aprobado.

"Es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, que blinda la condición social que debe tener la vivienda", aseveró Rodríguez el pasado 1 de febrero, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y lo remitió al Congreso. La intención inicial era que este paso se hubiera producido antes de que terminara 2021. Su arranque en la Cámara Baja también fue complejo. Hasta el último minuto peligró su aceptación a trámite que, finalmente, salió gracias al 'sí' de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y otros grupos minoritarios.

Cientos de enmiendas

Una vez en marcha la maquinaria parlamentaria, se abrió el plazo para presentar enmienda a la norma. La Mesa de la Comisión de Transportes amplió hasta en nueve ocasiones este periodo, en total dos meses que han servido para recabar más de 850 enmiendas. El siguiente paso es la convocatoria de una ponencia, en un plazo de 15 días, que redacte un informe. Sin embargo, nuevamente, se han producido prórrogas y la norma lleva casi 4 meses a la espera de que se reactiven los trabajos.

El problema, según apuntan fuentes parlamentarias, residen en la incapacidad de los partidos -incluidos los dos que conforman el Gobierno- para alcanzar un entendimiento que permita una mayoría absoluta a su paso por el pleno del Congreso. Ya en un primer momento, la ministra de Transporte y Vivienda, Raquel Sánchez, se vio obligada a comprometerse desde la tribuna de oradores con que la ley respetará las competencias autonómicas y será negociada con las fuerzas progresistas. Este anunció fue el que consiguió llevar a ERC y EH Bildu al 'sí'. Sin embargo, PPCsPNVPDECatJuntsVoxCoalición Canaria y el PRC se opusieron.

Negociaciones pendientes

Todo apunta a que las negociaciones con los republicanos catalanes y con el partido abertzale serán arduas. Pese a ese apoyo inicial, ambas formaciones reclamaron modificaciones sustanciales en la norma ya que, a su entender, supone una invasión de competencias autonómicas, dado que regula ciertos aspectos, como son la vivienda, que están cedidos a las comunidades. Sobre todo, ERC denunció que la ley estatal podría entrar en conflicto con una normativa aprobada por el Parlament que ya implicó numerosos roces entre la Generalitat y el Gobierno.

Y las tensiones no serán solo de puertas para afuera del Ejecutivo. Entre los dos partidos del Gobierno también será necesario el diálogo. Unidas Podemos registró más de 60 enmiendas para modificar un texto que, en principio, era fruto del acuerdo previo de ambos partidos. Sin embargo, los morados quieren modificar uno de los aspectos más importantes de la ley: el plazo para obligar a los grandes tenedores de viviendas a ajustar los precios a un índice elaborado por el Ministerio. La norma plantea un periodo de 18 meses, lo que situaría ya el despliegue real de la norma en la próxima legislatura y Unidas Podemos quiere reducirlo a 3 meses.

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