Las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción ya acorralan al PP de Mariano Rajoy, cuyos excargos aparecen señalados en las grabaciones y documentos hechos públicos de forma reciente, que evidencian su presunta participación en la persecución que llevaron a cabo los integrantes de las cloacas de la Policía contra el extesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas y contra Podemos. Así se desprende de la petición realizada por el Ministerio Público a la Audiencia Nacional para que impute a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, pero también de la reciente reclamación cursada por Anticorrupción a un juzgado de Madrid para que considere a la formación morada como "interesada" en la causa que analiza el presunto chantaje que sufrieron en 2017 excargos del Gobierno de Hugo Chávez, a los que se ofrecieron beneficios policiales a cambio de que facilitaran información contra Podemos.

En el primero de los casos Anticorrupción ya ha pedido al juez Manuel García Castellón que abra una pieza separada para que llame a declarar como investigada a Cospedal, pues consideran que "faltó a la verdad" en su declaración como investigada cuando dijo que desconocía la operación contra Bárcenas. Por su parte, los fiscales Juan José Rosa y José Grinda han reclamado a la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid que considere a Podemos afectado de las actividades desarrolladas por las 'cloacas' del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra dos exviceministros del Ejecutivo venezolano.

La figura de "interesado" se usa de forma habitual en el derecho administrativo y alude a las personas físicas y jurídicas que "tengan derechos que puedan resultar afectados" en un procedimiento judicial. Esta consideración jurídica se atribuye con frecuencia a las aseguradoras, que de esta forma pueden acceder a los procedimientos, pese a no ser perjudicados de forma directa en estos casos. Por eso, si la juez madrileña accede a la petición de Anticorrupción, Podemos podrá acceder a las pesquisas, y en concreto a las declaraciones de los afectados, que denunciaron la supuesta extorsión que sufrieron de la cúpula policial.

Protección por información

En concreto, el exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa confesó que asistió a reuniones en las que participaron miembros de la cúpula de la Policía Nacional, en las que se abordó su protección a cambio de información (contra la organización entonces liderada por Pablo Iglesias), así como su inclusión en un fichero de informadores.

Los fiscales del caso Tándem fueron los primeros que señalaron los vínculos de la cúpula del PP con los integrantes de lo que han calificado como "clan policial mafioso". Y según su investigación, esta relación se inició en 2009, cuando Cospedal se reunió en secreto con el comisario jubilado en la sede del partido en la Calle de Génova (Madrid). En la grabación de este encuentro el empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, anunció que harían "encargos puntuales".

Otro ejemplo de esta vinculación entre el comisario y el PP es que Villarejo no dudó en identificarse como representante "del partido" en la primera reunión que mantuvo con el empresario Javier de la Rosa, a quien recurrió para llevar a cabo su 'Proyecto Barna' u "Operación Cataluña", otra actuación parapolicial sin control judicial.

"Eso sí lo quiero"

Otra grabación de Villarejo, esta difundida por El País, pone de manifiesto que el comisario ofreció a Cospedal en 2017 entregarle un informe sobre supuestas reuniones de Podemos, los servicios secretos cubanos y ETA en Venezuela. "Joder, eso es una bomba", responde la entonces número dos del PP. Un documento que, según le cuenta Villarejo en la grabación a Cospedal le había ofrecido antes al entonces número dos de Interior cuando era ministro Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez. Después de decirle que Martínez no lo aprovechó ("se cagó") , Cospedal le responde: "Pero yo eso sí lo quiero". 

Un último audio, este de 28 de agosto de 2014, adelantado por El Periódico de España, muestra que Villarejo informó a Francisco Martínez de que el empresario Ignacio López del Hierro -marido de la entonces secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal-, le había prometido que se le iba a pagar una parte del dinero que le debía. El comisario anotó el 12 de junio de 2014 en sus diarios que Cospedal le propuso utilizar la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), de capital público, para sufragar un “pago pendiente” de 100.000 euros.