El exministro Rodolfo Martín Villa, que ostentó varios cargos políticos a finales del Franquismo y también durante la Transición, enfrenta este jueves en Argentina una vista ante la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima corte penal del país andino. Corre el riesgo de volver a ser procesado por un delito de crímenes de lesa humanidad por determinadas decisiones que adoptó durante la década de los 70 del siglo pasado.

El trámite, que se solventará por videoconferencia con Buenos Aires, es consecuencia de los recursos presentados contra una decisión de la justicia argentina que revocó el auto inicial de la jueza María Servini, que fue la que imputó al político de UCD, de 88 años. Servini actuó en respuesta a una querella impulsada desde nuestro país por la coordinadora Ceaqua, que integran organizaciones en defensa de la memoria histórica y contra la impunidad de los crímenes franquistas.

Martín Villa fue procesado por la juez María Servini por presuntos homicidios y torturas que habrían tenido lugar en la década de los 70, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, de la Gobernación y del Interior. Los hechos fueron catalogados como crímenes de lesa humanidad.

Argumentaciones contrarias

La vista ante el alto tribunal argentino se celebrará a las 17.30 hora española de este jueves, seis horas menos en Buenos Aires. Está previsto que los querellantes respalden con sus argumentos el auto de procesamiento, mientras que Martín Villa, representado por el despacho Baker McKenzie, insistirá en su inocencia, han señalado fuentes del bufete a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este periódico. En los próximos días, se espera que la Cámara Federal de Casación Penal dicte una decisión final sobre el asunto.

La decisión de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires fue apelada inicialmente el pasado mes de octubre, tras cumplirse más de un año de la declaración indagatoria por videoconferencia de Martín Villa sobre los hechos que se le imputan, cometidos en 1976 en Vitoria y en 1978 en Pamplona, en el curso de movilizaciones ciudadanas.

La defensa de Martín Villa corre a cargo de los abogados Jesús Santos en Madrid y Fernando Goldaracena en Buenos Aires, quienes consiguieron que el pasado 23 de diciembre la corte de apelación revocara la decisión inicial de la juez Servini por encontrar que la investigación no había aportado pruebas concretas para definir los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa al político español. 

No se hizo análisis histórico

Así, los integrantes del tribunal resolvieron que la decisión fue arbitraria por la falta de fundamentación y por no haber realizado un análisis adecuado de la prueba aportada por la defensa. Añadía que tampoco estaba debidamente comprobada la responsabilidad penal de Martín Villa en los sucesos reprochados; y que no se había llevado a cabo un análisis histórico adecuado de una época como la Transición.

Además, la resolución añadía que desde antes del procesamiento se había planteado un debate sobre los hechos concretos por los que se imputó a Villa podían o no ser enmarcados en el contexto de "un ataque sistemático o generalizado contra parte de la población civil local".