Otra bandera política más que comparten ya los dos socios del Gobierno, socialistas y morados. Pedro Sánchez ha dado vía libre para explorar la creación de un impuesto a las grandes fortunas, con el objetivo de poder mantener el sistema de ayudas en plena crisis energética. Era una reivindicación de Unidas Podemos que fue tumbada por su socio en el Congreso el pasado mes de junio.

"Debemos pedir una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratis, los 200 euros a las rentas con menos de 14.000 euros, para poder seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad, becar a los alumnos…", ha defendido la ministra María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso. La responsable de Hacienda ha recordado que, al igual que han promovido la creación de nuevos gravámenes a las empresas energéticas y a la banca, el Ejecutivo está analizando la posibilidad de aumentar la aportación a las arcas públicas de "las grandes fortunas" de España.

El nuevo impuesto es una de las principales peticiones de Unidas Podemos esta legislatura. El PSOE la había rechazado hasta ahora con el argumento de que no se había consensuado en el seno del Ejecutivo, tenía dudosa eficacia para recaudar y la inutilidad final, porque, decían los socialistas, se podría trasladar esa mayor presión a las grandes fortunas a través del impuesto de sociedades. Los morados detallaron en la proposición de ley que presentaron que se aplicara a las fortunas que superen los 10 millones de euros.

Este anuncio del Gobierno de Sánchez llega en pleno debate sobre la competencia de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y Andalucía con el impuesto de patrimonio. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha comunicado esta semana que lo bonificará para atraer los contribuyentes más ricos de otras comunidades, aunque citó en concreto Madrid (donde gobierna su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso) y Cataluña.

Montero ha denostado la decisión de Moreno, porque, en su opinión, pone de relieve el modelo que supone el PP, "un partido que defiende a las eléctricas, las petroleras, la banca y las grandes fortunas". El PSOE, en cambio, quiere pedir "un esfuerzo a los que más tienen para poder acompañar a las familias medias y trabajadoras en un momento de crisis y de subida de la cesta de la compra". Los 120 millones que hasta ahora recaudaba Andalucía con esas "17.000 personas que pagaban el impuesto de patrimonio" dejarán de ir a "sanidad, educación, dependencia", se ha quejado.

La ministra considera que hay que encajar el debate sobre la armonización de los impuestos en el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica, algo que el Gobierno ha descartado hacer esta legislatura debido al horizonte electoral que se avecina el año próximo con municipales, autonómicas y generales. Montero ha subrayado que el Ejecutivo defiende la armonización, para evitar la competencia entre comunidades y "evitar la práctica eliminación de figuras fiscales", pero no la recentralización, que supondría que las autonomías no tengan poder para diseñar su capacidad fiscal.