Con el paquete fiscal del Gobierno encima de la mesa, el PP está decidido a seguir centrando su estrategia en la batalla fiscal. Por un lado, con sus comunidades autónomas planteándose acudir a la justicia por el nuevo impuesto que gravará a las grandes fortunas y que, fundamentalmente, servirá para neutralizar la supresión de Patrimonio que llevó a cabo Andalucía hace dos semanas, siguiendo la estela de Madrid. Por el otro, desde la dirección nacional insistirán en forzar más medidas dirigidas a las clases medias al entender, según explican en Génova, que son “las grandes olvidadas” por Pedro Sánchez. “La autopista que nos dejan por ahí es enorme. La mayoría”, insisten.
La bajada del IVA a los alimentos básicos de la cesta de la compra es la nueva prioridad del equipo de Alberto Núñez Feijóo. Si desde el mes de abril lo fue la deflactación del IRPF (con el objetivo de ajustar el impuesto a la crisis de precios, tal y como han hecho los gobiernos autonómicos, al menos, en los primeros tres tramos, hasta las rentas de 35.200 euros), ahora el objetivo es que productos como la carne, el pescado o las conservas, y algunos alimentos sin gluten bajen del 10% al 4%. En el PP saben que el PSOE ha rechazado esa posibilidad, que peleó directamente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Como publicó este diario, el reciente encuentro entre el líder conservador y la ministra de Trabajo sirvió para hacer una pinza en ese sentido y la idea es seguir ejerciendo presión hasta que se tramiten los Presupuestos. Si Díaz aseguró que “hay cosas que se han quedado pendientes” en lo relativo a la rebaja del IVA, en el PP aseguran “que seguirán adelante” para intentar una rectificación del ala socialista. Se escudan además en las correcciones de los últimos meses: desde la bajada del IVA de la electricidad y el gas, a las ayudas de empresas de cogeneración o ahora una bajada del IRPF. Todas medidas a las que primero se negó el Gobierno.
Los populares consideran que tienen opciones. Sobre todo, porque entienden que la espiral inflacionista continuará (a pesar del dato de septiembre, que moderó levemente el dato hasta el 9%) y que si la bajada del IRPF propuesta por el Ministerio de Hacienda se para en las rentas de 21.000 euros, el grueso de la sociedad (rentas de 35.000 o incluso 40.000 euros) “no tiene una sola respuesta”. “O bajamos el IRPF o bajamos el IVA. Pero hay que hacer algo por las clases medias de este país”, dicen insistentemente en Génova.
Por eso a lo largo de la próxima semana el mensaje seguirá siendo puramente fiscal. El líder del PP empezará la semana en Extremadura y continuará con visitas al sector agroalimentario. La idea de bajar el IVA a los productos más básicos y comunes de la cesta de la compra salió precisamente de conversaciones con distintos actores del sector, convencidos de que esa vía aliviaría más a las familias que topar los precios como sugirió en un principio Yolanda Díaz. También el equipo económico del partido insistirá en su propuesta estrella.
La batalla fiscal centrará una larga precampaña electoral que mira a mayo de 2023. Por eso, los presidentes autonómicos (primero los del PP y después el valenciano Ximo Puig, del PSOE) se lanzaron a tomar las primeras medidas. El convencimiento de que habrá más barones socialistas que se unirán a Puig rompiendo la estrategia del Gobierno central alimenta el argumentario popular. Lo que está por ver es lo que realmente cala en la sociedad.
Dirigentes del PP reconocen que la propuesta de María Jesús Montero sobre el IRPF (planteada como una reducción por rendimientos del trabajo, que pasa de los contribuyentes de 18.000 a 21.000 euros, y el mínimo exento hasta los 15.000 euros) es “coherente” con la línea que ha seguido hasta el Ejecutivo desde el mes de julio, con el giro a la izquierda de Sánchez en el debate sobre el estado de la nación y auto proclamándose “el Gobierno de la gente”. Esta medida se combina con el impuesto a las grandes fortunas, por ahora temporal y que durará dos años, para las personas que superen un patrimonio neto de 3 millones de euros. A esa tasa hay que sumar la de energéticas y bancos que ya se tramita en el Congreso.
La duda de los conservadores es si el PSOE “calibra bien” sus movimientos, convencidos de que las nuevas medidas van encaminadas “a robar el votante de Podemos y Yolanda Díaz” con el riesgo de abandonar el centro. De hecho, el gran objetivo del PP es escorar a los socialistas y hacerse con esa bolsa de votantes “que está en medio y que representa a la inmensa mayoría”, explican en Génova.
El Gobierno, sin embargo, continúa señalando al PP como el defensor de “los poderosos” y las grandes empresas en mitad de la crisis económica y energética que ha dejado la guerra en Ucrania. El mensaje de “los más pudientes tienen que arrimar el hombro” que dijo Sánchez este sábado en La Toja durante una intervención telemática se repetirá de manera constante. Los populares sí pasaron temor cuando hace semanas rechazaron el impuesto a las energéticas y justo después la Comisión Europea instó a una medida de ese tipo.
La preocupación era precisamente si la sociedad creería el relato del Gobierno por oponerse a obligar a un mayor esfuerzo a las empresas, cuando el PP lo que defiende (y sigue insistiendo) es que se trata de un impuesto ilegal que acabará cayendo por su propio peso en los tribunales. Con el paquete fiscal del Ejecutivo y la rectificación de presidentes autonómicos socialistas abriéndose a medidas más propias del PP, en Génova creen ahora que “van ganando la batalla fiscal”.
