Escuchados algunos discursos, incluso de integrantes del Gobierno, parece que los presupuestos de 2023 ya están aprobados. No. Quedan tres meses para que eso ocurra, si ocurre. Lo que el Consejo de Ministros avaló es un proyecto que a partir de este mismo miércoles se van a poner a estudiar como si no hubiera un mañana los cerebros económicos de ERC, PNV y EH Bildu. Son las tres formaciones clave para que salgan adelante, ya que PSOE y Unidas Podemos suman ahora 153 escaños. Dado que la mayoría absoluta que garantiza que una ley sea viable está en 176 diputados (más allá de las abstenciones), hagan ustedes cuentas.

Esos presupuestos que desde ya van a negociar los grupos parlamentarios son un compendio largo de números y porcentajes. Ver los libros en los que se recogen consigue inevitablemente una sensación de solidaridad con los funcionarios y funcionarios que los redactan.

También son un relato político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo día 13 a petición propia para desgranar ese compendio de números que también es una batería argumental-electoral. Pero este miércoles, en su primera sesión de control en tres semanas, ya que las dos anteriores se las perdió por estar en la Asamblea de Naciones Unidas y enfermo de covid, ha perfilado algunos mensajes.

Uno, que sus cuentas aumentan el gasto social y cubren por fin los agujeros de la gestión que el PP hizo de la crisis financiera que hizo temblar España entre 2011 y 2015; dos, que este Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos "va a poner todos los recursos del Estado en manos de la mayoría social y no al servicio de la minoría pudiente, que es lo que hicieron ustedes".

Con ese "ustedes" se ha referido al PP porque era al PP al que estaba respondiendo. Lo de bucear en el pasado reciente para sacar pecho en el presente está manido. Poco después, el diputado popular Carlos Rojas recordó al presidente que hace unos cuantos años votó a favor de "congelar las pensiones", y antes que él, la portavoz, Cuca Gamarra, enfatizó que "los socialistas no han sacado nunca a este país de ninguna crisis", a diferencia de su partido, que no hace más que solventarlas, según sus palabras.

Esto es algo que desde hace tiempo tiene a mal traer a Sánchez. Si el gran problema actual de España es "la desigualdad", los presupuestos de su Gobierno, y no solo estos últimos, sino los dos anteriores también, se han encaminado a combatir, atajar y sellar en lo posible la desigualdad. Por ello, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tilde "antiguo" hablar de ricos y pobres cuando hay "dos millones de niños y niñas en pobreza o un 27,8 por ciento de población en riesgo de pobreza".

Los datos sobre exclusión social se han convertido en armas arrojadizas, dialécticas claro. Es habitual en el debate político cuando ha de afrontar el debate presupuestario. Unos acusan a otros de fomentar la desprotección social y el abandono. Otro recurso manido. Gamarra, unos minutos antes, dijo que en España había más de trece millones de ciudadanos en situación de pobreza y que el proyecto de cuentas públicas del Ejecutivo, en vez de atenderles, agravará sus condiciones. La razón: los presupuestos responden a un "cálculo electoral" y pretenden ante todo satisfacer demandas de ERC y Bildu, los independentistas.

Ricos y pobres

Volvamos a la dicotomía ricos y pobres. Desde el debate sobre el estado de la nación celebrado en julio, Sánchez ha dado un giro argumental y político a sus discursos. Desde entonces emplea con asiduidad consignas y recursos que Podemos lleva empleando desde 2015. Defender los intereses de las clases trabajadores es uno; atender a las demandas de la mayoría es otra; instar a los ricos a que aporten más a las soluciones económicas y sociales es uno más.

Aquí está el tercer gran mensaje que el presidente ha querido lanzar este miércoles. Mientras él defiende los intereses de la mayoría social, el PP pregona los intereses de una "minoría pudiente". Es una variación de aquel mantra "a quiénes sirven ustedes" con el que el PSOE ha estado atacando a los populares. Feijóo, según dicho esquema, sería el candidato de la oligarquía y los empresarios.

Y también Inés Arrimadas, la presidenta de Cs, quien ha denunciado en la sesión de control del Congreso que con el aumento de las pensiones y de los sueldos públicos que consagran los presupuestos, Sánchez está ensanchando "la brecha" entre generaciones y entre trabajadores de la esfera pública y del ámbito privado, ha recalcado. "Va a reventar el Estado de Bienestar", le ha reprobado luego. El mandatario socialista ha dicho a la diputada por Barcelona que "está claro qué intereses defiende su grupo", y por tal motivo, le ha pedido que "no compre mercancía averiada". Su Gobierno, además de garantizar las pensiones, está alimentando la hucha de la seguridad social. Otra medida que piensa en la mayoría social.

Quizá el momento estelar del paso de Sánchez por el Congreso, este miércoles, ha sucedido cuando, mientras sostenía con las manos un ejemplar de la revista "The Economist", ha pedido a Gamarra que hable con sus "amigos conservadores" de Reino Unido para que le digan "cómo no se tiene que gobernar un país". Se ha referido al varapalo que sufrió la primera ministra británica cuando, dentro de su propuesta fiscal, postuló la anulación del impuesto a las rentas altas. Tuvo que corregir el plan poco después. Sánchez, en cambio enarbola ahora un impuesto a las grandes fortunas como gran mensaje político.

Bueno, el momento estelar no fue ese, la verdad. El momento estelar lo ha protagonizado Nadia Calviño, una antigua alta funcionaria europea, hoy vicepresidenta económica, hoy oradora enérgica. Tan vigorosa ha sido su contestación a Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, que la bancada del PSOE entera se ha puesto en pie para aplaudirla. Mientras, Sánchez, a su lado, asentía satisfecho en plan "es mi vicepresidenta".