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El laberinto catalán

El 'procés' baja el pistón: los síntomas del cambio de ciclo político en Cataluña

La ruptura del Govern entre ERC y Junts, sumado a la división entre las entidades, pone sordina al objetivo independentista y a los plazos para alcanzarlo

El ’president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, y dirigentes de Junts, ERC y CUP, así como representantes de las entidades, en el acto de Òmnium Cultural con motivo de la Diada de 2022. JORDI COTRINA

La ruptura, tras justo una década, de la alianza entre ERC y CDC/Junts, un hermanamiento que tenía como único objetivo lograr la independencia, abre una nueva fase política en Catalunya. Falta perspectiva para saber si que lo se inicia ahora es el primer capitulo del 'post-procés' o simplemente el inicio de la una nueva temporada de este culebrón. No son solo voces contrarias a la independencia los que dan ya la extremaunción a esta etapa: "El 'procés', definitivamente, se ha cerrado", espetó el exlíder de la ANC y exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez. "Se abre una nueva etapa y se cierran otras", replicó después el ‘president’ Pere Aragonès, apostando por la vía canadiense tras un intento de ruptura unilateral fallido y con el fin de atar una consulta pactada con el plácet de la comunidad internacional. Estos son los síntomas del enésimo cambio de ciclo en Cataluña:

Ruptura total entre partidos y con las entidades

La relación entre los partidos y las entidades nunca ha sido cómoda ni compacta. Pero con la prisa por los plazos, bajo un objetivo común –primero el 9-N y después el 1-O- los matices quedaban difuminados. Conocidas son las tensiones entre partidos por la consulta y el referéndum, sobre si declarar la independencia o ir a elecciones, pero eso no implicó el divorcio en la Generalitat. Ahora sí. Ni Junts existía como tal, ni ERC lideraba el Palau. Ni Òmnium Cultural era la principal entidad soberanista –tiene 190.000 socios- ni la ANC quedaba arrinconada en tesis marginales dentro del abanico soberanista. Y, no había, como ahora, un relato de lo que fue y, sobre todo, de lo que supone el 1-O (el 'mandato') distinto para cada fuerza y entidad. Cada uno ha hecho de su versión dogma y avanza en ese camino, distanciándose cada vez más del prójimo. En la adopción del 'principio de realidad' de ERC y en el cumplir con el mandato del referéndum de Junts se halla la raíz misma de la reciente fractura.

Tampoco había entonces una entidad parainstitucional como el Consell per la República pilotada por un expresidente e hija, precisamente de esas distintas visiones de lo que sucedió en Catalunya en 2017. Pero ahora sí. La compleja digestión del independentismo, a falta de una hoja de ruta común y del cambio de mando en la Generalitat, la metamorfosis de la extinta Convergència y el volantazo de ERC para asentar el perfil gubernamental han terminado con una ruptura total. En la calle y en las instituciones.

La falta de horizonte y la mesa de diálogo

“Las tensiones después del 9-N sirvieron para impulsar el 1-O pero, después de eso, la cárcel y el ‘exilio’ no se han podido superar”, defiende un relevante dirigente del ‘procés’. Los plazos agotan, más todavía si no se cumplen, y esa es una de las principales lecciones hasta la fecha: generan frustración. De ahí que la ANC se haya quedado sola al fijar para el segundo semestre de 2023 un nuevo ‘volverlo a hacer’ definitivo. Y la clave está en la falta de propuestas viables y en la todavía existencia de causas judiciales abiertas. Esquerra ha logrado que sólo se explore una opción –la mesa de diálogo-, que además se haga desde la Generalitat, de tú a tú con el Gobierno, y que los planes ‘b’ que prometieron tanto Junts como la CUP sigan siendo inconcretos. La posconvergencia prometió para el quinto aniversario del 1-O “un punto de inflexión” que, finalmente, se ha traducido en su salida del Govern, previa consulta a la militancia. Aragonès blande el diálogo y la vía canadiense en el exterior, pero ahí también carece de apoyos porque solo los ‘comuns’ lo avalan. Lejos quedan los planes unitarios y las movilizaciones conjuntas. Se ha pasado de la unilateralidad, al pragmatismo. 

El impacto de la judicialización

Los rencores entre los actores hegemónicos hasta el 1-O se sobrellevaron, incluso dando poderes a un ‘estado mayor’ que se activara en su ausencia para cubrirles. Pero la marcha de Carles Puigdemont y de algunos de sus ‘consellers’ al extranjero tras la DUI fallida, y la entrada en prisión de Oriol Junqueras y otros dirigentes, arreciaron la disputa. También la que tiene que ver con quién organizó y lideró ese referéndum. Todavía más después de que Junts naciera como tal con la entrada de personas que, como Laura Borràs, se denominan a sí mismas como “hijas del 1-O”. De la CUP a ERC, el debate sigue siendo hasta qué punto forzar la reacción del Estado. Y eso sucede cada vez que el Parlament debe debatir si tramita y discute resoluciones sobre autodeterminación, amnistía o monarquía; cuando se medita si vale la pena poner en juego el futuro político de personas que ocupan cargos en la Mesa del Parlament por el voto de un diputado, Lluís Puig, que vive en Bruselas; o incluso cuando Borràs acata a la Junta Electoral para sortear posibles consecuencias judiciales a cuenta del escaño de Pau Juvillà. ERC opta por vehicular en la mesa de diálogo las soluciones a esas causas, con el objetivo de reformar el delito de sedición y de intentar que no entren más cargos a prisión y Junts, pese a la retórica desobediente, se ahorra nuevas imputaciones. En el flanco cupero, Anna Gabriel regresó para regularizar su situación, siguiendo los pasos de la ahora ‘consellera’ Meritxell Serret.

Del PP al PSOE en el Gobierno

El cambio en la Moncloa, en el 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy, y la llegada de una fuerza de centro-izquierda (el PSOE) abrió un puente de entendimiento con ERC, por la vía social de la política. Las urnas convirtieron en imprescindible a ERC para Sánchez, lo que derivó en una mesa de diálogo y negociación y el reconocimiento explícito de que había un "conflicto político" entre Catalunya y el Estado. La influencia republicana ha obtenido dividendos (pocos para muchos independentistas) en forma, hasta ahora, de suavización de la acción de la judicatura. Los indultos a los presos independentistas sería el máximo exponente. En el horizonte, sin embargo, se aprecia un posible cambio de panorama con la llegada, así lo apuntan las encuestas, de la derecha a la Moncloa. Un elemento, si se produce, movilizador y cohesionador para el independentismo, sin duda, pero, a su vez, la vuelta de los votos independentistas en el Congreso, todos, a la inanidad. Un posible paréntesis a la negociación.

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