El juez que investiga la presunta estafa en la compra de material covid para el Ayuntamiento de Madrid, Adolfo Carretero, ha accedido a la última petición de la acusación popular ejercitada por el grupo municipal de Podemos y ha preguntado al Consistorio sobre si tenía conocimiento de la participación del hasta ahora desconocido comisionista en la trama Lin Shin. Además, da tres días al empresario Alberto Luceño - imputado junto con su socio, el aristócrata Luis Medina-, para que aporte los datos identificativos y del paradero de este ciudadano chino que presuntamente también obtuvo comisiones derivadas de la operación.

En una providencia con fecha de este martes, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid requiere al Ayuntamiento, pero también a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A. -que fue el organismo que realizó la compra de guantes, test de antígenos y mascarillas por más de 12 millones de dólares-, para que en el mismo plazo de tres días desde la notificación de esta resolución confirmen "si tienen conocimiento de la participación en la operación de quien se refleja en el cuadro de comisiones como Lin Shin".

El citado cuadro se incluye un correo electrónico, que obra en el sumario, en el que Luceño explicaba a Medina el reparto de las comisiones. En este mensaje aparecía el nombre de Lin Shin, si bien la Fiscalía Anticorrupción ya apuntaba en su investigación nicial que Luceño podía haberlo utilizado para esconder una parte de la mordida a Medina, amparándose en la existencia de otro comisionista. 

"Las transferencias corresponden al cobro de una comisión idéntica a la del otro querellado (1 dólar por mascarilla) y de otra comisión adicional (ocultada a Luis Medina) de dos dólares por mascarilla; es decir, 3.000.000 de dólares", explicaba el fiscal Luis Rodríguez Sol en sus conclusiones iniciales.

Tras exigir el juez a Medina que enviara el cuadro completo, pues se había remitido cortado a la Fiscalía Anticorrupción, los personados en la causa han podido comprobar que la documentación aportada al inicio había sido adulterada, pues ocultaba una parte de las comisiones que se habían cobrado por la venta de mascarillas, guantes y otros productos sanitarios al Consistorio madrileño.

En el escrito remitido el pasado viernes al juez, Podemos mostraba su "sorpresa" porque la suma de las cantidades del cuadro asignadas a "Alberto", "Lin Shin" y "Leno", el nombre de la empresa malaya que vendió los productos sanitarios para luchar contra el coronavirus, "sean prácticamente coincidentes con las que fueron finalmente percibidas por el investigado Alberto Luceño".

"Sin perjuicio de lo anterior, entendemos que resulta pertinente, útil y necesario para el esclarecimiento de los hechos la averiguación de la identificación y paradero de quien se refleja en dicho cuadro de comisiones con la identidad de Lin Shin", añadía en su escrito. Interesaban, y así ha acordado el juez tan sólo unos días después, que se requiriera Ayuntamiento de Madrid y a la empresa funeraria", que fue la que realmente pagó las mascarillas, "para que confirmen si tienen conocimiento de la participación en la operación de quién se refleja en el cuadro de comisiones como Lin Shin".