El secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián (Tontxu) Rodríguez (Barakaldo, 1962), exalcalde y exsenador autonómico por el PSOE, acudió el pasado viernes al acto institucional para elevar a la categoría de magistrado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Afirma que el PP incumple la Constitución en su bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
¿Tiene solución la situación de bloqueo del Consejo General del Poder General, ahora que el PP pone como justificación de la ruptura la reforma de la ley de sedición?
Me parece que es la veintiún excusa que pone el Partido Popular. El señor Feijoo cuando tomó posesión como senador juró la Constitución, entonces ¿por qué no la cumple para renovar el Consejo General del Poder Judicial, como así lo establece la Constitución? No lo hace porque no quiere. Nosotros seguimos tendiendo la mano, pero visto lo visto y con esta nueva excusa, creo que el PP no quiere que haya renovación, no hay ningún interés.
¿Por qué no tiene interés?
Porque hay muchas cuestiones que aún están pendientes en los tribunales, la propia posición del PP... Creo que es el momento ya de dejarse de más tonterías y de renovar el CGPJ. Llevan cuatro años en interinidad y esto afecta sin duda también al bloqueo del Tribunal Supremo, a distintas salas como la de lo Social, a retrasos de sentencias, al Constitucional... Es hora de que se dejen de más subterfugios. Sobre la reforma de la ley de sedición llevamos meses diciendo lo mismo, y es que hay que adecuarla a los estándares europeos. Pero ya hemos visto que la presidenta Isabel Ayuso llamó a Feijóo y cambió de criterio de un día para otro, y se produjo la ruptura de la negociación. Da la sensación de que Feijóo no es el que toma decisiones y que el sector extremista del PP le ha doblado el pulso.
El PP acusa al PSOE de abrirle camino al expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, para una salida pactada a su situación.
Eso sigue siendo una excusa. Es muy sintomático ver cómo los mismos actores que llevaban a Cataluña a una fractura en 2017, cinco años después se siguen retroalimentando de eso. Yo digo que el PP, por un lado, y el independentismo más radical, por otro, se necesitan para seguir con la crispación. La convivencia en Cataluña es muy diferente a lo que era en 2017 y creo que deberían explicar si quieren volver a aquellos días de 2017 o vivir como hoy se vive en Cataluña.
Uno de los acuerdos que se llegó entre el PP y el PSOE era despolitizar el CGPJ. En ese momento Podemos puso sobre la mesa el nombre de la magistrada Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que el PP rechazó. ¿Apoyarán a Rosell si se restauran las conversaciones o se logra el desbloqueo por otros medios o es un hándicap?
Por mí no hay problema. Otros u otras tendrán sus razones, yo no tengo ninguna. Cada grupo parlamentario nombra a los jueces después de haber oído a los propios jueces, y propone un número determinado de personas para formar parte del Consejo y, por tanto, puede ser una persona como otra.
Usted asistió el pasado viernes al acto institucional para elevar a la categoría de magistrado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario. ¿Qué significa para Fuerteventura?
Lo primero es que hemos dado cumplimiento a una reivindicación histórica de Fuerteventura que venía del año 2009. Sin duda supone una mejora para los propios funcionarios y para los ciudadanos de la isla, porque va a permitir dar mayor calidad y agilidad a la Justicia. Supondrá una mejora retributiva de las plazas de la carrera judicial, lo que repercutirá en una reducción de la movilidad de estos profesionales porque consolidan y estabilizan sus puestos.
Desde Canarias se ha pedido la creación de nuevas unidades judiciales. ¿Cuántas van a crear?
Dentro de las 70 unidades judiciales que se crean este año, para Canarias son cinco: dos juzgados en San Bartolomé de Tirajana, otro en Granadilla de Abona, una plaza de magistrado en la unidad judicial de Santa Cruz de Tenerife y una plaza en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Y veremos ahora la propuesta que nos hace la Consejería de Justicia canaria para 2023.
El Ministerio de Justicia tienen un proyecto piloto de oficinas municipales de justicia. ¿Se van a implantar en Canarias?
Estamos esperando a que se pruebe el proyecto de ley de eficiencia organizativa que está en el Parlamento de España [una de las tres leyes pilares del Plan Justicia 2030]. Hicimos una prueba piloto en Albacete y comprobamos que, antes, lo que se tardaba dos semanas en hacer, como es un poder para un procurador, se hizo en tres minutos. Queremos que esas oficinas judiciales municipales se extiendan en todos los municipios de España y también va a corresponder a Canarias.
¿Qué tipo de gestiones harán?
Todo lo que conlleva el Registro Civil, peticiones de nacimiento, de defunción, de matrimonio, otorgar poderes, se van a poder hacer juicios con videollamadas y no acudir a los juzgados y eso, sin duda, va a agilizar la gestión y a la vez reducir la aglomeración que se pueda producir en los juzgados y también evitar los desplazamientos.
¿Cómo va el Plan Justicia 2030 con el que dicen que van a hacer una reforma total de la Justicia?
Se basa en tres pilares: las leyes de eficiencia organizativa y procesal ya están en las en las Cortes Generales y espero que se aprueben a final de año y si no a principios del año que viene, y la de eficiencia digital se aprobará antes de la primavera o verano del año que viene. Con las nuevas tecnologías y con las leyes de eficiencia se va a dar un cambio brutal, radical a la Justicia en España, y esperamos que en el futuro cercano sea una justicia cercana, ágil y rápida. Para ello tenemos 410 millones de fondos Next Generation. Ya hemos dado a todas las comunidades autónomas el 90% en 2022, que lo tienen que ejecutar las propias comunidades autónomas, y queda un 10% para otorgarlo en 2023 porque son fondos que llegan hasta 2025. Y vamos muy bien, con dos años de antelación.
"Canarias lo está haciendo muy bien en la reforma total de la Justicia con los fondos europeos"
¿Son suficientes los 25 millones que han llegado a Canarias para ese revolcón de la Justicia?
En total van a ser casi 30 millones. El consejero de Justicia Julio Pérez y a la viceconsejera Carla Vallejo están trabajando muy bien en Canarias, porque reformar la Justicia no es sencillo. En general, las comunidades autónomas lo están haciendo muy bien, independientemente, y tengo que reconocerlo, del color político. Están trabajando al unísono y con cogobernanza. En Canarias hay cuatro proyectos estrella que nos pasó el consejero. Es la modernización de la Justicia, se acabó el papel, que se decía antes, y vamos a ser capaces de hacerlo todo de manera muy telemática, favoreciendo ya no solo el trabajo de los profesionales de la Justicia sino sobre todo de los ciudadanos. Queremos hacer una justicia dirigida al ciudadano que favorezca la cercanía, la agilidad, la organización, la transparencia...
María Farnés, nueva fiscal superior de Canarias, aboga por más medios para investigar el blanqueo de capitales.
No tengo datos específicos del blanqueo de capital en Canarias pero puedo asegurar que tanto la plantilla de la Guardia Civil como la plantilla de la Policía Nacional han aumentado en estos años de gobierno con el presidente Sánchez, y si hay que poner más medios pues se pondrán más medios
Violencia de género y vicaria. La ciudadanía coincide en que la Justicia es lenta y fallan los protocolos. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, dice que tiene que haber una Justicia feminista.
Primero le quiero recordar que Canarias tiene las competencias de Justicia ,y en segundo lugar la ministra Pilar LLop es la primera que a todos nos pone un trabajo sobre la mesa, y defiende que la Justicia, entendida como un servicio público para la ciudadanía, debe ser una herramienta de la revolución feminista que está en marcha, y tiene mucho que aportar en la consecución de la igualdad. Es verdad que nos queda mucho camino por recorrer para la plena igualdad de género en España.
Canarias ha pedido reiteradas veces que, por ley, las comunidades sean corresponsables en la acogida de menores migrantes que llegan mayoritariamente a las Islas, pero es una demanda que ha quedado en el aire. ¿Lo van a promover?
Creo que Canarias es ejemplo de muchas cosas y también va por delante a veces del propio Gobierno de España, y vamos a trabajar con Canarias para que esto sea una realidad.
