La Fiscalía Anticorrupción insiste en la trascendencia penal de los trabajos reputacionales pagados con dinero público que fueron realizados por el 'conseguidor' de la trama Púnica Alejandro de Pedro para cargos del PP en distintos territorios españoles, como de los que se beneficiaron exresponsables de la Diputación de León que han comenzado a ser juzgados este jueves en la Audiencia Nacional. Sobre la naturaleza de estos trabajos pivota gran parte de la acusación en este juicio.
La postura de la acusación pública en Púnica ha sido evidenciada por la fiscal Teresa Gálvez durante la vista oral en respuesta a los argumentos de algunas defensas, que durante las cuestiones previas al juicio han alegado que la Fiscalía del propio Tribunal Supremo no vio delito en la naturaleza de trabajos idénticos por los que fue investigada la que fuera senadora del PP y alcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro. Este procedimiento fue archivado por la magistrada del alto tribunal Ana Ferrer en octubre de 2018.
En su día, la Fiscalía del Supremo reconoció la dificultad de "separar la promoción institucional del prestigio personal del político" y solicitó el archivo del procedimiento por falta de indicios, al entender que los hechos que se presentaban contra Barreiro no presentaban un perfil delictivo suficiente como para poder actuar contra ella.
Gálvez, por su parte, ha mostrado su discrepancia con su compañero del Supremo que realizó dicho análisis, y ha recordado que cuando Ferrer archivó provisionalmente los hechos también dijo que en este asunto se echó en falta la realización de un informe pericial sobre los trabajos en Murcia, informes que abundarán en la rama de León. La ley de publicidad institucional, ha recordado, prohíbe que este tipo de actividad sirva para ensalzar al cargo público en cuestión, con independencia de promocionar su actividad institucional.
Para Gálvez, "lo resuelto por un tribunal no vincula ni condiciona a otro", que "con soberano criterio" puede aceptar como definitivo lo ya resuelto por otro órgano o decir la cosa contraria,. Ha añadido que un asunto no puede causar una "interferencia en la apropiación racional de la prueba" en otro procedimiento diferente ni “encorsetar” la postura del fiscal en el mismo. También ha recordado que el auto de la magistrada Ferrer en el Supremo añadía que lo dicho en el caso Barreiro no tenía por qué afectar a otras piezas de la trama Púnica.
Hechos juzgados
En este asunto se juzga a De Pedro junto con a dos excargos del Partido Popular en esa provincia, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el exjefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez, que se enfrentan a penas de entre 8 y 5 años y medio de prisión por el empleo de dinero público en los trabajos de reputación 'online' y asesoramiento al Martín Marcos y por la adjudicación de contratos para la estación de esquí de San Isidro.
Por estos hechos también se acusa al exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez; al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa y a una empleada de De Pedro, Guadalupe Caballero, además de a las empresas que desarrollaron los trabajos, Eico Online y Madiva Editorial, que habrían recibido unos 90.000 euros de fondos públicos de forma irregular.
"El objetivo de todo ello era producir campañas de imagen personales que construyeran una reputación positiva en Internet, vinculada a los nombres del político, que neutralizara las noticias negativas o mejorara su perfil público", señala la Fiscalía en su escrito. Para alcanzar este objetivo empleaban decenas de periódicos digitales -muchos de ellos "zombies", sin actualizar- que hacían de "motores de réplica", "sin ningún interés periodístico", de las noticias positivas.
Se trata de la segunda pieza que se juzga de la trama Púnica, la primera de las juzgadas ya supuso la condena para un guardia civil, José Manuel Rodríguez Talamino, de dos años de cárcel por las filtraciones que originaron “un grave daño” a la investigación y un beneficio económico para el agente. Talamino advirtió a Francisco Granados, exdirigente regional del PP, de la instalación de una cámara frente al edificio donde su socio y otro de los dirigentes de la trama, el empresario David Marjaliza, dirigía sus negocios en la localidad madrileña de Pinto.
Durante la primera sesión del juicio únicamente se han sustanciado las cuestiones previas, que han sido utilizadas por las defensas para aportar documental y alegar la falta de competencia de la Audiencia Nacional para ver estos hechos, lo que ha sido respondido por la Fiscalía en el sentido de que este asunto forma parte inescindible de Púnica, pues comparte las identidades y forma de actuar de determinados empresarios y entidades como las vinculadas a De Pedro que se vieron presuntamente beneficiados con dinero público en territorios gobernados con el PP con otras piezas de la trama.
Rechazan también el planteamiento de dilaciones indebidas planteado por Carlos Gómez-Jara, defensor de De Pedro, dada la gran cantidad de recursos de presentados por las defensas, así como otros aspectos relativos a nulidades en relación con las escuchas telefónicas o la vulneración de derechos fundamentales en las entradas y registros. "Parece que no quieren que entremos a juzgar los hechos", ha manifestado la representante del Ministerio Público.
