Isabel Díaz Ayuso apunta que el problema que tiene hoy la sanidad madrileña y por la que le han convocado la huelga los médicos de atención primaria se debe principalmente a la falta de facultativos. "Médico en paro médico que contrato", dijo hace dos días. Ahora, después de haber rechazado esta medida hace dos años en la Asamblea de Madridel Gobierno de la Comunidad prevé aprobar a través de la ley ómnibus la posibilidad de contratar médicos sin nacionalidad española o comunitaria.

El dictamen de la ley ómnibus, que pasará al Pleno para su aprobación definitiva previsiblemente en diciembre, incluye un artículo sobre la "exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario en los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud por interés general". En estos momentos, explican fuentes del sector sanitario, hay profesionales con título homologado o que incluso han estudiado en España pero que al no tener la nacionalidad solo pueden ser contratados por el sector privado, no el público. El objetivo de este artículo es eximir de este requisito a los profesionales de "una especialidad médica deficitaria", es decir, en aquella especialidades en las que la falta de profesionales es latente, como ocurre ahora con la atención primaria.

El PP de Madrid ha logrado que todos los barones y Génova arropen a la presidenta en esta crisis sanitaria porque prevén, a su vez, que pueda afectarles a ellos. De momento, y a la espera de otras medidas concretas que se puedan aprobar en la mesa sectorial entre consejería y sindicatos para desconvocar las huelgas, el PP ha optado por intentar parar la sangría en la atención primaria mediante la tramitación en la Asamblea de esta medida para la contratación de médicos con titulación homologada pero no nacionalizados.

Proyecto diluido

Sin embargo, la redacción original de este artículo ha quedado "diluido" en la negociación con Vox, según denuncian desde la oposición. Efectivamente, la formación de Rocío Monasterio introdujo una enmienda para que se suprimiera cualquier posibilidad de contratar a personal médico no europeo, y el PP no ha cedido a su pretensión pero sí ha limitado la propuesta inicial. Con la redacción definitiva, se pone de relieve la "excepcionalidad de la medida", se limita a la "cobertura de especialidades médicas deficitarias así como las necesidades asistenciales en áreas geográficas de difícil cobertura", y se alude al "carácter temporal" de la medida.

Los otros tres partidos de la oposición propusieron también enmiendas a esta medida, Podemos para que los requisitos del proceso se negociaran en la mesa sectorial y el PSOE para que la norma madrileña se adaptara, en todo caso, al Real Decreto ley de medidas urgentes para la prevención del Covid aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021.

Dos años de retraso

En Más Madrid, por su parte, recuerdan que esta medida llega tarde y además llega descafeinada, de modo que, aunque no la rechazan, creen que será poco útil. Javier Padilla, portavoz de sanidad de esta formación en la Asamblea, explica que en la legislatura pasada Más Madrid trajo a la cámara regional una proposición de ley con el objetivo, precisamente, de adelantarse a los problemas que ya se preveían en la atención primaria. Pero PP, Ciudadanos y Vox rechazaron entonces la posibilidad de que los médicos residentes extracomunitarios pudieran ejercer como especialistas sanitarios en el Sermas. Decían entonces y repite ahora Padilla, Madrid "forma a los médicos especialistas" que vienen de fuera y se les permite terminar aquí la residencia, pero luego se marchan porque no pueden acceder a la contratación de los centros y hospitales públicos.

La escasa utilidad de la propuesta actual, explica el portavoz de esta formación, se debe a la excepcionalidad. Interpreta el diputado, también médico de profesión, que con la redacción actual, si se abre la veda temporalmente para que en las convocatorias se admita a profesionales no nacionalizados, estos pueden ser después expulsados de nuevo del sistema si cesa la excepcionalidad y se habían incorporado solo con contratos eventuales.

En el PP, por su parte, advierten de que las normas de contratación pública las establece el Gobierno central, aunque las comunidades tienen márgenes a los que agarrarse para modificaciones como la planteada. La medida de todos modos, debe ser primero aprobada en la Asamblea, y desde la oposición dudan si será posible hacerlo antes de que finalice el año o se dejará para el siguiente periodo de sesiones que comienza en febrero.

Convocatoria de huelgas

Esta medida se tramita ahora que el sindicato médico mayoritario, Amyts, ha convocado a la huelga a los 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras de la atención primaria y con el caos implantado en las urgencias extrahospitalarias de la región, en las que la Consejería de Sanidad ha decidido poner en marcha un plan transitorio con un sistema de videollamadas mientras no se solucione la situación con los sindicatos. Los distintos representantes de los profesionales sanitarios e incluso el Colegio de Médicos de Madrid han criticado la reapertura de estos centros por las "numerosas incidencias y graves incidentes de seguridad" y han solicitado que se invierta en la atención primaria hasta un 25% del presupuesto sanitario. Los representantes del sector apuntaron también a la presidenta madrileña al comentar que "las desafortunadas" palabras en torno al boicot de los sanitarios están creando un clima de "animadversión hacia los facultativos".