El Gobierno sigue inmóvil ante la rebaja de penas a delincuentes sexuales en aplicación de la ley del 'sólo sí es sí', a pesar de que una mayoría de audiencias provinciales se han declarado a favor de la reducción de condenas y de que este martes el Tribunal Supremo, en su primer pronunciamiento sobre este asunto, por la agresión sexual que ex jugadores de la Arandina cometieron contra una menor, les ha disminuido un año el tiempo de prisión.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que analizarán este fallo "muy detenidamente" pero no ha querido responder sobre si modificarán la ley, una decisión que no cuenta con el aval del Ministerio de Igualdad, en manos de Unidas Podemos. A pesar de que el Gobierno esperaba que el Supremo contribuyera a frenar la rebaja de penas, algo que en esta primera ocasión no ha sucedido, Llop insistió en la importancia del cambio impulsado en los delitos contra la libertad sexual y que se ha puesto el consentimiento en el centro lo que, reconoció, "obliga a reajustar las penas".

Hasta ahora el mensaje del Ejecutivo ha sido que el texto ha tenido "efectos no deseados" e incluso la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha negado públicamente que fuera avisada de las consecuencias de reducir las condenas de cárcel en la horquilla inferior, que al fundir en un mismo tipo delictivo el abuso y la agresión e introducir nuevos agravantes, bajó de seis años a cuatro.

"Al pivotar todo sobre el consentimiento, esto lo que ha llevado es a incluir lo que ya no es violento o intimidatorio dentro del concepto de agresiones sexuales y estirar el arco penológico", explicó Llop. "Esto ha supuesto que se tenga que hacer una redistribución de las penas. Pero es que esta ley tiene cosas muy importantes, porque más allá de lo punitivo lo que pretende es proteger a las víctimas", subrayó.

Vox cierra la crisis

Fuentes del Ministerio de Justicia sostienen que la ministra siempre ha dicho lo mismo sobre la ley y sus consecuencias y que, en su caso, no supone ninguna novedad en su discurso. La enorme disrupción que provocó en el Ejecutivo de coalición las primeras decisiones sobre reducción de condenas a delincuentes sexuales llevó al Gobierno a hacer una llamada a la calma, a la espera de que la Fiscalía General del Estado y el Supremo tuvieran la oportunidad de señalar cómo se debía aplicar la nueva ley. Se confiaba en que ambas instituciones arrojaran luz y no fuera necesario dar una respuesta política, en lugar de jurídica, o tener que asumir responsabilidades. Algo mucho más complicado tratándose de Irene Montero ya que exigirle cuentas supone poner en riesgo la continuidad del Ejecutivo de coalición.

Moncloa esperaba también que la propia aplicación de ley del 'sí es sí', cuando se juzguen nuevos casos y las condenas sean más altas, contribuya a que toda la marejada en torno a este texto vaya disminuyendo. Mientras, estaban determinados a ganar tiempo. Pero la crisis, una de las que más ha afectado a la credibilidad del Gobierno y a la valía para gobernar de Podemos, contó con un aliado inesperado con el ataque personal que Vox lanzó contra Irene Montero y que permitió a la ministra y a todo el Ejecutivo tomar aire en un momento muy delicado.

Pese a ese alivio político, la tensión en torno a la ley ha continuado con nuevas decisiones judiciales, en contra del criterio de la Fiscalía que rechaza reducir penas cuando la pena impuesta en la sentencia sea susceptible de ser impuesta con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma. Moncloa pensaba que la actuación de Vox ayudaba a poner fin a este asunto. Además, a nivel político, después del cierre de filas del presidente y los ministros socialistas con la responsable de Igualdad, en las últimas horas se ha recrudecido el choque entre el PSOE y Unidas Podemos por varios temas en liza, como la ley de familias, la de trata o la ley trans.

El Gobierno y sus socios rechazan el plan del PP para reformarla

El Gobierno de coalición ha recibido este martes el respaldo de sus socios parlamentarios en el Congreso. ERC, PNV y EH Bildu se han mostrado en contra de una proposición no de ley registrada por el PP en la que instaban al Ejecutivo a reformar la ley del 'sólo sí es sí'.

Los populares demandaban en el texto que se revisara la norma para que "quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022 -cuando se puso en marcha la nueva norma-, y que se han visto rebajadas con la actual regulación". 

"Nuestro grupo votó a favor de esta ley y lo volvería a hacer porque cree que es justa", ha defendido el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea tras señalar que la norma "marca un hito importantísimo" y supone un "salto cualitativo". Además, ha insistido en la necesidad de esperar a que el Tribunal Supremo marque doctrina. Por su parte, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha defendido la ley y ha señalado quela rebaja de las condenas se debe a una "interpretación torticera" de la norma. Mismo argumento ha empleado Pilar Vallugera, diputada de ERC

Con esta defensa por parte de los aliados habituales del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos tumba la proposición no de ley del PP. La portavoz de los socialistas Andrea Fernández ha acusado a los conservadores de hacer "oportunismo" con esta norma y les ha pedido esperar "al menos" hasta que se conozca la jurisprudencia del Tribunal Supremo.