El PSOE deja claro que Griñán irá a la cárcel pese a las dudas de los juristas

El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, espera en casa que se resuelvan los últimos pasos en la Audiencia de Sevilla para entrar en prisión por una condena a seis años de cárcel por malversación en el caso de los ERE. De forma involuntaria y muy a su pesar, su nombre vuelve a estar en la primera línea por la reforma del delito de malversación en el Código Penal pactada por los socialistas con ERC, para beneficiar a los exaltos cargos del partido independentista condenados en el procés y a otros como el fugado Carles Puigdemont. La gran pregunta es si esta reforma afectará a los ocho condenados a cárcel en el caso ERE, por el fondo ilegal con el que se repartieron 680 millones de euros a prejubilados andaluces de 2000 a 2009.

Es el propio PSOE el que cada vez que puede deja claro que esa reforma no beneficiará a otros condenados por malversación como Griñán y demás implicados en el caso ERE. Tratan así de acabar con el argumento de que los socialistas van a beneficiar a sus condenados por corrupción. De hecho, fuentes socialistas acaban explicando que sus enmiendas, registradas junto a Unidas Podemos, son una especie de contrarreforma de la propuesta de ERC para no dejar resquicios para beneficiar a los condenados de los ERE. No lo ven así los abogados que han participado en las defensas del caso de corrupción andaluz que aseguran con claridad que la enmienda de ERC permitiría rebajar las penas de cárcel para los condenados porque para ninguno hay una condena por “enriquecimiento personal”. Varios juristas consultas por este periódico aseguran que caben “pocas dudas”.

Sin enriquecimiento personal

El partido de Oriol Junqueras propone la rebaja a una pena de tres años de cárcel para la corrupción de cargos públicos que no suponga lucro personal, eliminando el sentido de la reforma del PP de 2015. La enmienda de ERC propone un nuevo artículo 432 bis con una nueva redacción: “La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años”.

El Gobierno propone hasta 3 años de cárcel para cargos que no justifiquen enriquecimiento de más de 250.000 euros

Se rebajan así las penas de cárcel en este tipo de delito. Durante años, el PSOE ha defendido que el caso de los ERE no suponía beneficio personal de los implicados sino lucro a terceros, tratando de establecer una línea divisoria entre los que pasada con los exdirigentes socialistas y otros condenados de corrupción como lo que ocurre en el caso Bárcenas, que afecta al PP. Atendiendo a esa lectura, cabría pensar que la reforma pactada con ERC calzaría en los condenados en los ERE, sobre todo a aquellos que entrarán en la cárcel pero nunca estuvieron en la Consejería de Empleo, que manejaba los fondos públicos y otorgaba las ayudas, sino en otros departamentos como Hacienda o Innovación, que libraban las partidas del Presupuesto para pagar a esos prejubilados. No hay ningún condenado por beneficio personal. Griñán podría pedir una revisión de su condena por malversación, obteniendo una rebaja de seis a tres años de cárcel. Eso evitaría su entrada en prisión. Hay ya un precedente. El exdirector general de Trabajo, Juan Márquez, vio como el Supremo rebajaba a tres años su condena por malversación y decidía que no tenía que entrar en la cárcel.

"No se beneficiarán"

Sin embargo, el PSOE lo niega expresamente. Tanto desde el partido como desde el Gobierno cuando se pregunta se insiste en que esta reforma “no afectará a Griñán”. La propuesta del Gobierno, sustanciada en las enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas Podemos, es crear un tipo suavizado para los independentistas con el uso indebido de fondos públicos pero endurecer o mantener las penas en caso de que exista ánimo de lucro personal o a terceros, incluyendo un nuevo delito el de “enriquecimiento ilícito”. Por eso justifican que “nadie condenado por el delito de malversación se va a ver beneficiado de ninguna reforma”. El Supremo condenó por malversación a penas de cárcel a ocho exaltos cargos advirtiendo de la gravedad de un caso de corrupción política y sin atenuantes.

Por su parte, los juristas y abogados que han seguido de cerca el caso de los ERE no lo ven así. A falta de conocer la letra pequeña de la reforma y cómo se sustanciará finalmente en el Congreso y quedará en el Código Penal, pocos dudan de que los ocho condenados a cárcel por penas de malversación en el caso ERE podrán pedir la revisión de sus penas de cárcel y beneficiarse de la reforma legal impulsada por ERC.

La situación es kafkiana para los condenados en el caso ERE que esperan cárcel. Sus defensas son prudentes y rechazan comentarios públicos pero en privado sí alimentan las esperanzas de sus clientes de que no tendrán que entrar en la cárcel o, que entrarán y saldrán pronto porque se podrán revisar a la baja sus penas. La Audiencia dio ya un plazo de diez días para la entrada en prisión en el momento en que se resuelvan los recursos de súplica y el auto sea firma. Es cuestión de semanas, consideran fuentes del TSJA. El plazo para los recursos de súplica ya ha terminado, se ha trasladado a la Fiscalía y el PP, como acusación particular, para que se posicionen y después llegará el auto firme y contarán los diez días. Nadie descarta que esto pueda ocurrir en Navidades.

Esperan cárcel

Deben ingresar en prisión el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por malversación con dos votos particulares en contra del Supremo, que advirtieron de que su pena de cárcel era “un salto al vacío” y que se basaba en una “mera especulación”. También deben entrar en prisión los exviceconsejeros Agustín Barberá, Jesús Rodríguez y Carmen Martínez Aguayo, el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.

El único condenado que no debe entrar en la cárcel es el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, para quien la Audiencia sí suspende la ejecución de la pena privativa de libertad de tres años mientras se tramita el indulto, por plazo de un año.

Los exconsejeros Fernández, Viera y Vallejo, así como el exviconsejero Barbera han sido condenados a penas de cárcel por siete años y un día, además de las inhabilitaciones correspondientes. El exdirector general de IDEA Serrano, los exviceconsejeros Rodríguez y Martínez Aguayo, así como Griñan han sido condenados a la pena privativa de libertad de seis años y un día de prisión. Ninguno tiene contemplado el enriquecimiento personal.