El Supremo frena la ofensiva judicial de la ultraderecha contra el Gobierno de Sánchez

Las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que se encarga de las querellas y recursos que se interponen contra los integrantes del Consejo de Ministros y sus decisiones, ha archivado, sobreseído e inadmitido en los últimos doce meses las acciones legales promovidas por Vox, el pseudosindicato Manos Limpias y varios particulares y fundaciones contra los ministros del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, según las resoluciones a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Fernando Grande-Marlaska (Interior), Alberto Garzón (Consumo), Carolina Darias (Sanidad) e Irene Montero (Igualdad) han sido los últimos que han visto archivadas las querellas, que se han dirigido a todos los integrantes del Consejo de Ministros.

El pasado 1 de diciembre los componentes de la Sala de lo Penal, con el magistrado Pablo Llarena de ponente, inadmitieron la querella que interpuso Manos Limpias contra Alberto Garzón, a quien atribuían un delito de injurias contra la Corona por unas declaraciones que había hecho en Asturias.

En Mieres del camino

"Los hechos que se relatan en la denuncia habrían ocurrido el 21 de mayo de 2022, en la rueda de prensa que se celebró en la Casa de la Cultura de Mieres, tras la participación del denunciado en un acto político de la Escuela de Municipalismo de Izquierda Unida", recuerdan los magistrados, que prosiguen en su auto: "Según lo relatado en la denuncia, el denunciado habría manifestado las siguientes expresiones, referidas a S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón: "Estamos hablando de un delincuente acreditado, acreditado además por él mismo y que toda España sabe que esa persona es un ladrón. Estamos ante la expresión más clara de la impunidad con la que se ha trabajado desde la Casa Real y desde la jefatura del Estado"; "Juan Carlos I no tiene ya causas abiertas en España, no porque sea inocente, sino porque mucha de esa información se refería a los tiempos en que era inviolable. La pregunta importante en estos momentos para los demócratas es: ¿Se ha hecho algo en este país para que si en algún momento Felipe VI quiera hacer lo mismo que su padre no pueda suceder? La respuesta es "no", no se ha hecho nada", relata el auto del Supremo, que archiva la querella, pues los magistrados consideran que las expresiones de Garzón "se emiten con relación a un tema de actualidad e interés público, y en el marco de la actuación política del denunciado".

Sin embargo, el magistrado que redacta la resolución, Pablo Llarena, rechaza imputar un delito al ministro, y de forma literal recuerda: "Lo decíamos en [otros autos] el Derecho penal no es herramienta apta para limar asperezas o imponer un estilo más plano, menos escandaloso, más objetivo o neutro; o para acallar una opinión agria, ni siquiera aunque pueda ser injusta".

Grande-Marlaska

En el mismo sentido, el 13 de julio los magistrados archivaron la quinta querella de la que ha sido objeto en 2022 el titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también fue denunciado por Vox tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Estas dos querellas y las otra conocidas fueron sobreseídas o inadmitidas.

Idéntico final han tenido las acciones legales que la formación de Santiago Abascal emprendió contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, adelantadas por eldiario.es. Los jueces han rechazado de plano todas las acusaciones en un auto en el que reprochan a Vox que mezcle el debate parlamentario con la pedofilia y que haya intentado acusar a Montero de un delito que ni siquiera existe. “Las denuncias y querellas son manifiestamente improcedentes”, dice el Supremo, según la información adelantada por este periódico.

Hace ya casi un año, el 19 de enero de 2022, la Sala de lo Penal archivaba una querella interpuesta por un particular contra todo el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, pero especialmente contra Carolina Darias (Sanidad, Consumo y Bienestar Social) y su predecesor Salvador Illa, en la actualidad diputado del PSC en el Parlament catalán. El denunciante pretendía que se investigara si las vacunas habían seguido todos los protocolos legales antes de salir al mercado, pues consideraba que la ministra no había "identificado al patógeno", y que "a pesar de ello" se habían autorizado.

"Sentido común"

Los magistrados rechazaron de plano investigar los hechos denunciados: "Una interpretación de la norma que no desconozca el sentido común conduce a sostener que no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos que, ya desde el primer momento, no se presentan como verosímiles en tanto que carecen de cualquier apoyo probatorio, aportado u ofrecido en la querella, que pueda ser considerado accesible y racional", especifica el auto.

Finalmente, el pasado 24 de noviembre, y totalmente al margen de las acciones emprendidas por la ultraderecha, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional inadmitió el recurso que interpuso la Fundación Hay Derecho contra el nombramiento por parte del Ministerio de Economía de Mariano Bacigalupo, marido de la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en sustitución de Manuel Santos Suárez, a quien le expiró su mandato el pasado abril. El recurso fue rechazado al considerar los magistrados que la fundación que lo presentó no está legitimada para hacerlo.