Crisis en la Junta

El pacto en Castilla y León tensa al PP: desde el aborto a la “inmigración ordenada”

Los populares tendrán que sortear más piedras en el camino durante los próximos meses ya que el aborto solo es la primera polémica

Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco.

Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco. / Archivo

Diego G. Tabaco

Casi once meses justos después de que los castellanoleoneses acudieran a las urnas y abrieran la puerta a un gobierno de coalición entre PP y Vox estalló la primera gran polémica en el seno de la Junta de Castilla y León. Juan García-Gallardo, y su partido con él, miran al Pacto de Gobierno que PP y Vox firmaron el diez de marzo del año pasado, donde según el partido de Abascal aparecen recogidas las medidas hechas públicas por García-Gallardo el pasado jueves —ecografía 4D, oír el latido fetal y asistencia psicológica para las mujeres que quieran ejercer su derecho al aborto—.

El pacto, hecho público entonces y consultado ahora por este diario, no habla directamente del aborto, aunque recoge unas líneas generales a las que Vox se agarra para defender su propuesta. Hay dos puntos en los que las medidas de Vox, que propone obligar a los médicos a ofrecer las “alternativas” a las embarazadas, podrían encajar. Dicen directamente estos puntos que “Impulsaremos una política de apoyo a las familias, como institución básica de la sociedad y pilar del estado del bienestar” y que “Apoyaremos la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y fortaleceremos la conciliación de la vida laboral, social y personal”. El encaje o no de la norma anunciada el jueves por Gallardo ante el silente portavoz de la Junta en estos dos puntos depende de la óptica de los socios de Gobierno.

Violencia intrafamiliar

Sea como fuere, lo que es cierto es que el pacto de Gobierno firmado en marzo entre Mañueco y Gallardo contiene importantes piedras en el camino para el Partido Popular, temas espinosos en los que Vox se mueve de forma ágil pero en los que el PP nunca se ha encontrado cómodo.

Un claro ejemplo es la controvertida Ley de Violencia Intrafamiliar, una de las banderas de Vox y que supone, en la práctica, dejar de llamar violencia machista a la violencia machista. La tramitación de esta norma echó a andar en verano con la publicación en el portal de Gobierno Abierto. “La futura norma supondrá un paso más en la preocupación del Gobierno autonómico por esta problemática, tras la aprobación en 2019 del Plan de Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar, elevando de rango la protección jurídica a las personas que la sufren”, dice la Junta. La oposición, en cambio, ve en esta norma un paso atrás en la lucha contra la violencia de género.

Educación

La política educativa será otro “sapo” que tenga que tragarse el PP. Varios aspectos a destacar aquí, algunos que prometen polémica y otros que ya la han tenido. Entre los segundos, el punto que aboga por una educación “libre de adoctrinamiento ideológico”. “¿Pero hasta ahora lo había?”, preguntaron los periodistas a Mañueco durante el acto de firma del pacto. “No, pero queríamos puntualizarlo”, vino a responder el presidente. El punto 17 del acuerdo es el más espinoso para los populares. “Garantizaremos la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años, la libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos”. En esta última frase puede esconderse el famoso “pin parental” que se implantó en Murcia y que viene a permitir que las familias veten partes del temario que no consideren adecuadas para la educación de sus hijos. Una intromisión, para la oposición, en la labor y libertad docentes.

Inmigración

Más polémica para cerrar el documento que PP y Vox firmaron en marzo. “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. El Partido Popular no está cómodo con este asunto, y menos con un socio como Vox. No lo está el PP, pero tampoco lo está el presidente Mañueco, como quedó claro en la presentación del pacto cuando fue preguntado sobre qué es concretamente la inmigración ordenada. Su respuesta fue la siguiente: “Es precisamente eso... atender a lo que es el recibir a las personas a las que... bueno, permite la ley que puedan venir a nuestro país y a la UE. Eso lo sabe usted como yo y por supuesto, esta tierra es una tierra de acogimiento. Somos una tierra de acogida y por lo tanto yo traslado la tranquilidad a todo el mundo de que somos una tierra de acogimiento y sobre todo, vamos a ser un gobierno que va a atender a los inmigrantes que vengan a nuestra tierra y que respeten la ley”.

La oposición, a degüello

La polémica sirve de alimento a la oposición, dispuesta a estirar el debate hasta que pueda. En este sentido, Mañueco intento este miércoles frenar la controversia y aclaró en una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazado”, que añadió “está ajustado” a la ley y al “criterio clínico”, y que “no se obligará a nada” ni a las mujeres que decidan abortar, ni a los profesionales. Por ello, le ruega que “abandone” los “esfuerzos” de su Ejecutivo en cuestiones “ficticias” para poder centrarse “en la realidad” y “sus competencias”.

En su misiva a Sánchez, Fernández Mañueco asegura que reitera lo expresado en su declaración institucional del lunes y en la carta que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, remitió a la titular del ramo, Carolina Darias. Por ello, le pide al presidente que le traslade esta carta para que ella, sobre la que recuerda su condición de candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, pueda hacer sus declaraciones “basándose” en la realidad y no en “falsedades prolongadas en el tiempo.

La polémica surgida con las medidas propuestas por Vox para “fomentar la natalidad” —según unos— o para dificultar el aborto —según otros— no viene más que a abrir de par en par el cajón de las diferencias entre los dos partidos que ostentan el Gobierno en Castilla y León. Durante las próximas semanas o meses el PP tendrá que sortear diversas polémicas, como ya sucediera este verano cuando se inició la tramitación de la controvertida Ley de Violencia Intrafamiliar, que según muchos invisibiliza la violencia machista. La inmigración y la Educación también prometen polémica.

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