El Constitucional de mayoría progresista aprieta el paso para despejar recursos contra la gestión de Sánchez

Las primeras decisiones de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional, que estrenó esta semana una mayoría de magistrados de sensibilidad progresista tras la última renovación, han permitido evidenciar su interés de dotar de impulso a recursos que llevan demasiado tiempo paralizados en el órgano, muchos de ellos interpuestos contra la gestión de Pedro Sánchez por el PP y sobre todo por Vox. 

Por el momento ya se ha puesto fecha para debatir en las próximas semanas asuntos de gran trascendencia que llevaban años en el cajón, como son los recursos contra la vigente Ley del Aborto -a punto de cumplir la friolera de 13 años pendiente-, la Ley de Eutanasia y la denominada Ley Celaá. Los dos primeros se incluirán, respectivamente, en los órdenes del día de los dos Plenos ordinarios previstos para el mes de febrero, mientras que la reforma educativa está previsto que se analice por los magistrados en el primero a celebrar en marzo.

El presidente también ha encargado elaborar un "plan de choque" para poner al día en el plazo de 6 meses los recursos de amparo pendientes, entre los que se cuentan los presentados por el ex diputado de Unidad Podemos Alberto Rodríguez por la pérdida de su escaño tras la condena que le impuso el Tribunal Supremo (TS).

En todo caso, y pese a la intensa actividad del PP frente al Constitucional, son los de Abascal han aprovechado al máximo la circunstancia de tener más de cincuenta diputados en la presente legislatura, lo que les permite interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Gobierno. De hecho desde que comenzó esta legislatura ya han acudido al órgano de garantías un total de 46 veces, la última el pasado jueves para impugnar la Ley reforma penal que ha permitido la derogación de la sedición y rebajas en penas previstas por malversación. 

La realidad es que han cosechado algunos éxitos con la anterior configuración del órgano, de mayoría conservadora, como fue la declaración de incosntitucionalidad de los dos estados de alarma aprobados para hacer frente a la pandemia.

Primer pleno progresista

Precisamente será un asunto llevado al órgano por Vox el que estrenará el primer Pleno presidido por Conde-Pumpido con contenido jurisdiccional, que se celebrará entre los próximos martes y jueves.

La mayoría progresista deberá decidir si se admite o no a trámite el recurso que presentaron contra la 'ley del solo sí es sí', que en palabras de la vicepresidenta jurídica de la formación, Marta Castro, supone es una "aberración jurídica" que vulnera principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia. La ponencia sobre esta decisión ha recaído en el magistrado del sector mayoritario Ramón Sáez, y en ella se analiza si la impugnación tiene la trascendencia constitucional suficiente para pasar este primer obstáculo.

El orden del día del Pleno de la próxima semana incluye también otros asuntos de interés, como el relativo a los problemas que empiezan a presentarse en el órgano en relación con el perfil de los últimos magistrados que han entrado recientemente en el tribunal, en especial los designados por el Gobierno, que son el exministro Juan Carlos Campo y la que fuera asesora en Moncloa Laura Díez.

 Ambos han sido recusados por la formación de ultraderecha junto a la también perteneciente al sector progresista María Luisa Segoviano y al presidente, por considerar que sus responsabilidades anteriores -o sus manifestaciones públicas en el caso de Segoviano- ponen en cuestión su imparcialidad en relación con el recién presentado recurso contra la reforma penal. La petición será ya analizada la próxima semana, tras ser incluida a última hora en el orden del día que empezará a discutirse el martes.

Con respecto a Conde-Pumpido, Vox considera que su etapa como fiscal general del Estado durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero le marca "porque ha podido formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad", a lo que añade que durante su tiempo al frente de los fiscales ha podido intervenir en algún pleito que ahora se ve afectado por la reforma penal, por lo que debe apartarse. 

¿Están marcados los magistrados?

También sobre Conde-Pumpido han aparecido en los últimos días informaciones en algunos medios de comunicación que llegan a cuestionar que pueda estar presente en la deliberación que tiene previsto comenzar el próximo 7 de febrero sobre la vigente ley del aborto, al recordar que siendo fiscal general, en junio de 2009, apoyó con su voto un informe del Consejo Fiscal que avaló el Anteproyecto del Gobierno socialista de Rodríguez-Zapatero.

Los motivos de recusación están muy tasados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, si bien esta norma, en su artículo 219, incluye entre los motivos de abstención "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

Esta puede ser la razón que haya llevado a las primeras abstenciones en el tribunal. El pasado jueves se supo que Díez había comunicado al presidente su abstención frente a un asunto que también se verá en el Pleno de la próxima semana por una cuestión de inconstitucionalidad de la norma catalana que elimina la cuota del 25 por ciento de castellano en las aulas catalanas. Esta abstención se extenderá con respecto a las ponencias que le habían correspondido por reparto sobre los dos recursos presentados por el PP y Ciudadanos contra dicha norma.

La razón es que, apenas hace unos meses, Diez firmó dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, en las que valoró estas normas y se mostró a favor de no imponer dicho porcentaje de castellano en las aulas de la comunidad autónoma.

Algo parecido ha ocurrido con el exministro Campo, quien también optado por abstenerse de las deliberaciones que llevará a cabo el Tribunal en su Pleno próxima semana sobre la admisión o no del recurso de Vox contra la conocida como 'ley del solo sí es sí', y también sobre diversos asuntos relacionados con la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Según las fuentes consultadas, se dará cuenta de unas peticiones de información a la Cámara Baja en relación con los recursos contra las decisiones adoptadas a raíz del voto equivocado del diputado Alberto Casero, que permitió la aprobación de la reforma. El Pleno de esta semana abordará las peticiones de abstención tanto de Campo como de Díez.