El PSC aprobará la ley contra las ocupaciones con Junts tras pactar los presupuestos con ERC

¿Supone el acuerdo de presupuestos entre ERC y el PSC una tregua entre el Govern y el jefe de la oposición? Salvador Illa ha sido claro en la respuesta: "Intentamos gobernar desde la oposición". Una manera de resumir cómo su vocación es ganar centralidad ejerciendo de palanca de grandes consensos, pero no garantizar la estabilidad del Executiu. La prueba del algodón de cómo será la etapa postpacto entre los dos principales rivales políticos será el pleno del Parlament que empieza este miércoles.

Quizás el tono de los socialistas con el 'president' Pere Aragonès desescale decibelios durante la sesión de control, pero la acción parlamentaria no distará mucho de la de los últimos meses. De nuevo, se debatirá una ley que acarrea polémica y que se tramitó por la vía urgente gracias a un pacto de Junts con el PSC, Ciutadans y el PP: la que pretende combatir las "ocupaciones conflictivas". Los republicanos no comparten el texto inicial de sus exsocios y están intentando, como los Comuns, presentar enmiendas para amortiguar los efectos de una norma que entrará en vigor durante su gobierno, que consideran que puede perjudicar a familias en situación de vulnerabilidad y que critican que se ha impulsado deprisa y corriendo por los intereses de PSC y Junts ante las elecciones municipales de mayo.

El PSC ha subrayado este martes que el acuerdo de los presupuestos es "puntual" y que se prepara para demostrarlo dando continuidad a su rol de "oposición crítica y constructiva". Pretenden que la alianza económica, que los socialistas han vendido como un gesto de "responsabilidad" y de "generosidad", sea compatible con la labor "fiscalizadora" al Executiu. Si una cosa buscan desde el grupo de Illa es hacer añicos el imaginario -espoleado especialmente por Junts- de que se avecina un nuevo tripartito. Por contra, ERC replica hurgando en la "sociovergencia" que, a su juicio, opera en el Parlament.

La ley contras las ocupaciones promovida por el grupo presidido por Albert Batet plantea "más herramientas" para poder hacer frente a las "ocupaciones conflictivas" que, apuntan, generan "inseguridad y provocan alarma social". La propuesta incluye facultar a ayuntamientos y comunidades de vecinos para que puedan reclamar judicialmente "el desalojo" de un inmueble ocupado si en un plazo de 30 días la propiedad no ha actuado, situación que, apuntan, se da con frecuencia por parte de grandes tenedores. La proposición plantea también que el ayuntamiento pueda adquirir temporalmente el uso de la vivienda para destinarla a vivienda social. Ciutadans, que había planteado una ley en la misma línea, acabó retirándola tras pactar con Junts que apoyarían la tramitación de la suya por la vía rápida.

El planteamiento ha generado revuelo entre las entidades que defienden el derecho a la vivienda, ya que entienden que tal y como está redactada la ley puede perjudicar "gravemente" a familias vulnerables que se ven obligadas a ocupar un piso. Uno de los principales focos se pone en el hecho de que las comunidades de vecinos puedan reclamar judicialmente el desalojo y en que el concepto de "ocupaciones conflictivas" sea muy interpretable y se abra la puerta a la arbitrariedad interpretativa.

Contra los fondos buitre

Los socialistas dan por hecho que sus aportaciones serán aceptadas porque están siendo negociadas con Junts y que, por lo tanto, votarán a favor. También Ciutadans tiene previsto votar afirmativamente y está negociando con Junts unas enmiendas porque considera que hay que ser más "contundente con el derecho a la propiedad privada". Por contra, la CUP y los Comuns ha presentado una enmienda a la totalidad a la ley porque considera que el peso se tiene que poner en los fondos buitre y no en el ocupante. De hecho, recuerdan que está paralizada la comisión sobre estos fondos que pretenden impulsar juntamente con ERC y los Comuns.

Aún así, el grupo de Jéssica Albiach ha presentando enmiendas parciales para intentar que los efectos de la norma sean "lo menos lesivos posible" y han señalado que no han logrado pactar con republicanos y anticapitalistas llevarla al Consell de Garanties Estutàries para que dirima un posible conflicto competencial, trámite que hubiera paralizado durante un mes el debate.

ERC, por su parte, no tiene decidido por ahora el sentido de su voto porque están aún negociando con Junts sus aportaciones. Recuerdan, eso sí, que desde el Govern y desde el ámbito municipal ya se está trabajando para defender el acceso a una vivienda digna y explorando vías para hacer frente a las ocupaciones delincuenciales. Justo este martes, la mesa del Parlament ha decidido que la institución se personará ante el Tribunal Constitucional para defender la ley antidesahucios catalana paralizada por el recurso que presentó el Gobierno.

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