Leyes, pensiones y ayudas: las tres vías del Gobierno para recuperarse del cisma del 'solo sí es sí'

La Moncloa observa con impotencia cómo gran parte de sus principales iniciativas y logros ocupan desde hace semanas un segundo plano. Medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), el aumento de las becas, la contención de la inflación o las recientes ayudas para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania se ven eclipsadas por las constantes fricciones en el seno de la coalición del PSOE y Unidas Podemos. Sobre todo, durante estos últimos días en el que los socios han consumado su cisma por la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, con los morados votando en contra de la subida de penas y acusando al PSOE de “traición al feminismo”, mientras los socialistas, que con la nueva ley de paridad han decidido apropiarse de las materias de Igualdad oficialmente en manos de Irene Montero, contestan que este tipo de intervenciones resultan “impresentables”. 

La cuestión es qué va a pasar ahora. El choque, el más grave en estos tres largos años de legislatura (al menos, en público), llega en el peor momento para la coalición. A dos meses y medio de las municipales y autonómicas y a nueve de las generales, justo cuando Pedro Sánchez se esfuerza en trasladar los logros del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos frente a la alternativa del PP y Vox. “La única cosa cierta” tras los comicios de diciembre, dijo el presidente hace un par de semanas, es que “habrá un Gobierno de coalición: o uno progresista o uno de la derecha con la ultraderecha”. 

Así que el Ejecutivo no se va a romper. El malestar en las filas socialistas por las declaraciones y actitud de los morados es profundo, pero la intención de la Moncloa es no alimentar el enfrentamiento. “Tenemos que dejar a un lado las polémicas y vender gestión. Sobre todo, evitar cualquier tipo de lío”, explican fuentes de la dirección del PSOE. 

Por un lado, se intentará “agilizar al máximo” la tramitación parlamentaria del ‘solo sí es sí’, para que se apruebe lo antes posible y amortiguar el cisma. Por otro, acelerar los acuerdos en la coalición sobre leyes muy simbólicas e importantes sobre las que hasta ahora no ha habido entendimiento (como la de vivienda), impulsar el recién alcanzado pacto sobre pensiones y explorar nuevas ayudas sociales. Estos son los tres instrumentos que La Moncloa maneja para responder a la crisis interna.

Las leyes

De todas las normas que el PSOE y Unidas Podemos tienen entre manos, la más relevante y urgente es la de vivienda. En la Moncloa quieren sacarla adelante cuanto antes, junto a ERC y Bildu. Más de un año después de que fuese aprobada por el Consejo de Ministros, la ley continúa atascada en la negociación parlamentaria. El principal escollo tiene que ver con la posibilidad de introducir un límite del 3% a la subida de los precios en el alquiler, pero en los últimos días ha comenzado a haber movimientos. Economía ha introducido una nueva propuesta, que pasa por fijar ese 3% de encarecimiento máximo en los contratos durante este año y el que viene, e incorporar un nuevo índice de referencia a partir de 2025. Los socialistas creen que el acuerdo está muy cerca. En Podemos son menos optimistas, pero también apuestan por un pacto a corto plazo. 

Más difícil será la derogación parcial de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Sigue sin haber acuerdo sobre el castigo a las faltas de respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el concepto de “desobediencia” y el uso de pelotas de goma. Pero este martes habrá una reunión clave en el Congreso que puede ayudar a despejar el camino. La Comisión de Interior se reunirá para aprobar el dictamen de la norma. Ante la falta de entendimiento, se corre el riesgo de que decaiga, pero los socialistas confían en que los grupos darán el visto bueno, ante la disyuntiva de sacar adelante un proyecto con el que están sustancialmente de acuerdo, aunque lo consideren mejorable, o dejar como está la ley aprobada por el PP. 

Las pensiones

El principal argumento de la tesis de que la coalición continúa en buena forma reside en el acuerdo sobre la reforma de las pensiones, sellado el pasado jueves. Dos días después de la separación por la ley del ‘solo sí es sí’, socialistas y morados lograron entenderse sobre un asunto clave. Los ministerios de Trabajo e Inclusión y Seguridad Social, dirigidos respectivamente por Yolanda Díaz (Unidas Podemos) y José Luis Escrivá (PSOE), llevaban meses enfrentados, pero al final lograron un pacto para el cómputo de estas prestaciones. Según la última propuesta de Escrivá, aceptada por Díaz, las pensiones de los nuevos jubilados se computarán con arreglo a los últimos 25 años de vida laboral o según los último 29 años, pero en este caso descontando los dos peores ejercicios. 

Se trata de un enorme balón de oxígeno para la coalición, que prueba así que es capaz de elevarse sobre el cisma del ‘solo sí es sí’ y continuar alumbrando una reforma de tanto calado como esta, de la que también depende el desembolso por parte de Bruselas de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. “No paramos de trabajar en el Gobierno de España. La tarea es estar siempre al servicio de la gente”, dijo Díaz el viernes. “En el Gobierno no paramos de trabajar para seguir aprobando medidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía [...] Vamos a ocupar todas nuestras energías en seguir trabajando. Son tantas las cosas que nos unen y tantas las políticas donde nos hemos puesto de acuerdo…”, añadió el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Las ayudas

Cuando Sánchez anunció el reparto de 2.500 millones de euros en becas, a mediados del mes pasado, sus colaboradores dijeron que habría más hitos de este tipo a corto plazo. Faltan algunos aspectos por cerrar, pero en la Moncloa apuntan a la posibilidad de prorrogar algunas de las ayudas que contiene el actual decreto anticrisis, que en principio caducarían a mediados de este año, así como a la ampliación del cheque de 200 euros para mitigar el alza de la cesta de la compra en alrededor de 4,2 millones de familias españoles con rentas por debajo de los 27.000 euros. 

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