Los funcionarios de Justicia toman el relevo de los letrados y amenazan con movilizarse

El acuerdo que se ha formalizado este martes entre el departamento de Pilar Llop y el comité de huelga de los letrados de Administración de Justicia -que termina con dos meses de paros que han tenido como consecuencia la suspensión de unos 400.000 juicios y vistas en toda España- ha soliviantado al resto de funcionarios de los juzgados, que exigen también subidas salariales.

El Sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios de Justicia, y también CCOO ya han anunciado que no descartan convocar movilizaciones si el Ministerio no completa el acuerdo con incrementos en el salario del resto de trabajadores en los juzgados. El acuerdo con los letrados pasa por un aumento mensual de entre 430 y 450 euros, y los funcionarios no quieren quedarse atrás.

Para CSIF, la actitud del ministerio supone una "falta de respeto a todo el personal de Justicia" y por ello ha advierte de que si no reúne de manera inmediata la mesa de negociación convocará movilizaciones junto con el resto de organizaciones sindicales representativas, "sin descartar ninguna medida de presión".

Repercusión en cadena

Añaden que el propio Ministerio ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos y categorías, "de forma que cualquier cambio que se plantee tiene impacto colateral y en cascada sobre las cuantías que recibe el resto del personal, por lo que solo falta que el Ministerio actúe en consecuencia".

Además, CSIF subraya que la huelga del colectivo de letrados ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los Tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, "sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia".

Por su parte, CCOO señaló ya este mismo lunes en comunicado, tras conocer el acuerdo entre los letrados y Justicia, que el acuerdo con los antiguos secretarios judiciales es un "atentado contra la dignidad del resto de cuerpos de la Administración de Justicia", para los que esta central reclama los mismos incrementos retributivos que los comprometidos con los letrados. 

Por ello, también ha anunciado movilizaciones en el marco de la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa "hasta que no queden garantizados los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones y las funciones en todos los cuerpos y puestos de trabajo de la Administración de Justicia".

CCOO reclamará en este proceso de movilizaciones, que se abrirá de inmediato, "el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente se realizan en cada puesto de trabajo y la mejora de las retribuciones y demás condiciones de trabajo de todo el personal de la Administración de Justicia, sin privilegios, sin clasismo y sin discriminaciones".

El acuerdo con los letrados, en todo caso, dista mucho de la adecuación salarial -llegaron a pedir ganar un 85 porciento de lo que ingresan jueces y fiscales- por la que se luchaba desde el inicio de la protesta el pasado 24 de enero. Se han acordado subidas máximas de hasta 450 euros para los denominados LAJs (letrados de la Administración de Justicia) en función del nivel que tengan estos funcionarios en la carrera.

Estas cantidades se incorporarán además a un nuevo complemento de eficiencia vinculado a la creación de los denominados tribunales de instancia; y el 40 por ciento se percibirá con carácter retroactivo desde enero de 2023, otro 40 por ciento desde enero de 2024 y 20 por ciento restante desde julio de 2024.

Los letrados retiran los recursos

En cuanto a las asociaciones de letrados firmantes del acuerdo con Justicia, han desconvocado la huelga y se han comprometido a retirar los dos recursos interpuestos frente a determinadas instrucciones dictadas por la Administración.

El acuerdo, según ha informado el departamento de Llop, tiene por objeto la implantación con garantías de las modificaciones derivadas de las leyes de eficiencia, que culminarán las transformaciones de modernización de la Administración de Justicia que requiere de la implicación de los letrados.

Así, estos altos funcionarios "asumirán una centralidad transversal en los distintos proyectos de eficiencia y, muy particularmente, en la implantación de los tribunales de instancia". Además, se establecerán grupos de trabajo conjuntos para tratar cuestiones como formación, y un análisis del impacto del conflicto que facilite la actuación para recuperación de la actividad ordinaria.

Justicia añade que se seguirá en la mesa sindical de negociación. Además, se ha constituido ya otro grupo de trabajo con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para abordar de manera adecuada la vuelta a la normalidad de la actividad judicial y se ha atendido las peticiones de los colegios de abogados y procuradores para realizar una notificación escalonada de las resoluciones que se encontraban paralizadas como consecuencia de la huelga.

Según los convocantes, el retraso en la solución de la huelga por parte del ministerio de Justicia han supuesto la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones. Unos números que, en palabras de las asociaciones convocantes de la huelga “podrían haberse evitado si la negociación se hubiera iniciado a tiempo”.