La jubilación de un magistrado cambia el tribunal que revisará el procesamiento de Puigdemont

El tiempo pasa para todos y cumplir 72 años supone la jubilación obligatoria para los magistrados del Tribunal Supremo. El pasado día 13 fue el cumpleaños de Miguel Colmenero, lo que supone su paso inmediato a la situación de retiro. La suya es la primera vacante que sufre la Sala Segunda del alto tribunal desde que se cambió la ley orgánica del poder judicial para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pudiera hacer nombramientos con el mandato caducado.

Esa circunstancia se produjo porque su presidente, Manuel Marchena, esgrimió el 'procés' para lograr que se cubrieran todas las vacantes de su Sala con anterioridad al cambio legal. En su intervención para defender su reelección al frente de la de lo Penal del alto tribunal, Marchena afirmó que de no nombrarse con prontitud a los magistrados necesarios para cubrir las vacantes pendientes supondría que no hubiera jueces suficientes para juzgar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en el caso de que se pusiera a disposición de la justicia española.

Sus palabras fueron determinantes y, a diferencia de lo ocurrido en las otras cuatro Salas del alto tribunal, se procedió a cubrir las vacantes de la Segunda antes de la reforma que lo impide mientras el Poder Judicial sea renovado. La anterior jubilación vivida en la Sala de lo Penal fue la de Luciano Varela y se produjo justo al dictarse la sentencia del 'procés'.

Recursos contra el procesamiento

Hasta ahora Colmenero formaba junto a Vicente Magro y Eduardo de Porres la Sala encargada de revisar en apelación las decisiones del juez Pablo Llarena, instructor de la causa abierta por el 1-O en el alto tribunal. Fuentes jurídicas han señalado a EL PERIÓDICO DE CATALUÑA que tras su jubilación será sustituido en este asunto por Susana Polo. De esta forma ella, Magro y De Porres serán los encargados de revisar la decisión de su compañero Llarena de procesar a Puigdemont por desobediencia y el tipo de malversación más grave, que puede estar penado con hasta 12 años de prisión.

El procesamiento acordado en un primer momento por Llarena fue recurrido tanto por las defensas de los huidos como por las acusaciones que ejercen Fiscalía y Abogacía del Estado; la de Vox se adhirió a la impugnación del ministerio público. Las primeras pretendían que se declarase que con la reforma legal no se podía imputárseles delito alguno y las acusaciones recurrieron porque entendían que la derogación de la sedición suponía que el procesamiento por ese delito se sustituyera por el de desórdenes públicos agravados.

Llarena esperó a que sus compañeros de la Sala Segunda que juzgaron el 'procés' se pronunciaran sobre la reforma del Código Penal pactada entre el Gobierno y ERC, al revisar la sentencia de octubre de 2019. El Supremo condenó entonces a los líderes independentistas que no huyeron por desobediencia y la malversación más grave, lo que supuso no modificar las penas de inhabilitación que les habían sido impuestas en la sentencia original.

Ese era el mismo criterio que había seguido Llarena al revisar los procesamientos de los prófugos, por lo que rechazó los recursos de reforma interpuestos por acusaciones y defensas y se reafirmó en que Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig deben responder por los delitos de desobediencia y malversación más grave.

Las acusaciones renunciaron a recurrir en apelación, pero no así Puigdemont, Comín y la propia Clara Ponsatí, pese a que solo está procesada por desobediencia. De hecho, aunque podía haber comparecido ante el Supremo para regularizar su situación procesal, la eurodiputada prefirió presentarse en Barcelona para provocar su arresto y forzar su conducción ante el juez de guardia de la ciudad, que le citó para el próximo día 24 en el tribunal con sede en Madrid.

Suscríbete para seguir leyendo