La jueza reactiva la causa por los preparativos del referéndum del 1-O

La causa judicial por la organización del referéndum unilateral del 1 de octubre del 2017 estaba concluida el pasado mes de marzo y a punto de que la fiscalía presentara su escrito de acusación contra 29 exaltos cargos del Gobierno catalán, informáticos y empresarios investigados. Pero la Audiencia de Barcelona acordó entonces que el Juzgado de Instrucción número 13, que se encargaba de estas investigación, asumiera también el proceso seguido en otro órgano judicial, el Juzgado de Instrucción número 18, por los gastos de "internacionalización" del 'procés'. La jueza Alejandra Gil ha reactivado ahora, tras aceptar la acumulación, la tramitación del caso y ha citado a declarar como imputado a Aleix Villatoro, exsecretario de Acción Exterior y actual director del Consell Catalàn de l'Esport, el próximo 27 de junio.

El abogado de Villatoro, el letrado Ramon Setó, quien ha pedido su declaración, que quiso aplazar en su día hasta que se aclarara la competencia de las dos causas. Este alto cargo del Govern y el exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, son los dos investigados que pidieron la unificación de las dos causas penales en una sola porque, a su entender, eran hechos conexos y juzgarlos por separado les perjudicaba. Royo, defendido por Judit Gené, también decidió acogerse a su derecho a no declarar hasta que la Audiencia de Barcelona decidiera el órgano judicial que era el competente, cuestión que quedó resuelta el pasado mes de marzo. Falta saber si pedirá acudir al juzgado. Cuando acabe la instrucción, la jueza Alejandra Gil deberá redactar una nueva resolución para remitir el caso a juicio.

La acción exterior

El proceso judicial por los preparativos del 1-O cuenta con una treintena de procesados por los presuntos delitos de malversación de fondos, falsedad documental y desobediencia. Cuando la jueza lo concluyó se envió a la Audiencia de Barcelona para ser juzgado. Sin embargo, antes de que se presentara su escrito de acusación, la fiscalía presentó una querella contra una decena de excargos del Gobierno catalán, a los que les atribuye haber supuestamente malversado cerca de un millón de euros en la promoción exterior del país. Los datos partían de un informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos del Ejecutivo catalán del 2012 al 2017. Esa esa parte, que cayó en el Juzgado de Instrucción número 18, la que se unión al proceso por la organización del 1-0 que ahora se ha reactivado.