El fiscal general elige a Delgado para Memoria Democrática sin el aval del Consejo Fiscal

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propondrá al Gobierno la designacion de su predecesora en el cargo Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Adopta esta decisión pese a que únicamente ha obtenido el apoyo de una minoría del Consejo Fiscal que se reunía este jueves para tratar este nombramiento y el de otros ocho cargos en la Carrera, han confirmado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes fiscales.

La elección cuenta con el rechazo de la mayoria de los vocales de este órgano consultivo, puesto que tanto los representantes de la mayoritaria Asociación de Fiscales como el de la Unión Profesional y Progresista de Fiscales se han negado a tratar este asunto y se han abstenido, en protesta por lo que consideran "manipulaciones" de García Ortiz para asegurar que el cargo recayera sobre la exministra socialista.

La propuesta del fiscal general será elevada ahora el Consejo de Ministros, que es el que tiene que llevar a cabo el nombramiento que se oficializará cuando el acuerdo aparezca en el Boletín Oficial del Estado. La designación puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que aún tiene pendiente resolver otro recurso que se presentó contra el anterior nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, que es el cargo que ostenta actualmente.

El enésimo enfrentamiento entre el sector conservador de la Carrera Fiscal y Álvaro García estalló la pasada semana, tras conocerse que el Consejo Fiscal se adelantaba once días -estaba previsto para el 19 de junio- tras el adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez.

Desde este sector se acusa a Álvaro García de hacer este movimiento para asegurar el nombramiento de la también exministra socialista, cuya toma de posesión podría verse complicada con los plazos electorales y el horizonte de un cambio de Gobierno. Se reclamó entonces suspender la sesión del Consejo. El puesto nace como consecuencia de la Ley de Memoria Democrática, y es clave para el desarrollo de parte de su contenido.

La respuesta de Álvaro García fue la de difundir un boletín interno -Infofiscalía- en el explicaba sus razones para mantener la convocatoria citando diferentes precedentes. Entre ellos, que la que fuera fiscal general con el Gobierno del PP Consuelo Madrigalhabía propuesto la designación del fiscal de sala emérito en el Tribunal Supremo "después de las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, una investidura fallida y unas nuevas elecciones generales celebradas el 26 de junio de 2016".

La mención a Madrigal elevó la tensión después de que ésta negara que hubiera promovido ascensos a la cúpula fiscal en época electoral y exigiera una rectificación, si bien García Ortiz contestó a través de otro boletín interno en el que insistió en sus argumentos apuntando hasta once nombramientos discrecionales realizados por la exfiscal general tras anunciarse la convocatoria de elecciones generales.

A partir de ese momento tanto la Asociación de Fiscales como la Independiente acusaron al fiscal general de manipular la información para justificar su maniobra en favor de Delgado, reivindicando que Madrigal "no celebró ningún Consejo Fiscal para hacer nombramientos una vez convocadas formalmente unas elecciones generales".

Piden su dimisión

Desde la primera de estas organizaciones, que es la que mayor número de asociados registra en la Carrera Fiscal, se llegó a pedir la dimisión de García Ortiz, mientras que el presidente de la asociación Profesional e Independiente, Salvador Viada, reclamó un debate previo al darse también en este asunto un "conflicto de intereses".

Según Viada, fiscal en el Tribunal Supremo, el problema surge por la relación sentimental de Delgado con el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, responsable del despacho de abogados Ilocad y de la Fundación FIGBAR, que a juicio de este fiscal "tiene un objeto y una actividad que podría entrar en conflicto con las funciones que la ley atribuye a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática".

Recusación por enemistad manifiesta

La tensión causada por la plaza de Memoria Democrática ha causado situaciones inéditas como es el hecho de que la propia exministra de Justicia y exfiscal general intentara evitar que uno de los vocales del Consejo Fiscal participara en el debate sobre este asuntoto, alegando "enemistad manifiesta".

"La pública animadversión expresada por el consejero Viada hacia mi persona compromete seriamente su imparcialidad y objetividad a la hora de intervenir en la provisión de destinos vacantes", señalaba su escrito, al que ha tenido acceso este diario y tiene fecha de este jueves.

La petición no ha llegado a resolverse, ya que Viada se ha abstenido de participar en el debate sobre este asunto después de que el fiscal general, Álvaro Garcia, rechazara tratar previamente el presunto conflicto de intereses que él había apuntado en relación con Delgado. Por su parte, García Ortiz archivó de plano la recusación.

Aplauso de Podemos

La elección de Delgado ha sido comentada en la red social Twitter por el diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE Enrique Santiago, que la ha calificado de "excelente noticia". Con su desginación "España da otro paso contra la impunidad de los crímenes del franquismo", añade el mensaje, que da la enhorabuena a la exministra socialista y le desea "buen trabajo".

En cuanto al resto de nombramientos, Álvaro García propondrá a Miguel Ángel Aguilar García nuevo fiscal de Sala Contra los Delitos de Odio y Discriminación, una materia del que este fiscal ya era coordinador en Cataluña.

Igualmente serán designados Rosa María Fráis (Fiscalía Antidroga), Jaime Goyena(como fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra), Julio Cano (fiscal superior de Baleares), Rocío de la Paz Rojo (fiscal jefa provincial de Valladolid), Pablo Varela (fiscal jefe provincial de Pontevedra) y Pedro Javier Ariche (teniente fiscal en Cataluña).