García Castellón pide a Suiza que localice al diputado del Parlament Ruben Wagensberg

Mientras el Tribunal Supremo se pronuncia sobre si acepta o no la exposición razonada elevada por el juez Manuel García Castellón y asume la investigación de Tsunami Democràtic o se la devuelve para que continúe con la instrucción, el magistrado de la Audiencia Nacional ha dado un paso más y ha ampliado la comisión rogatoria que cursó a Suiza para que localice al diputado del Parlament Ruben Wagensberg, después de que se supiera que ha trasladado su residencia a ese país. También ha pedido a la Guardia Civil que compruebe su marcha a través de su domicilio y de su lugar habitual de trabajo.

El magistrado cursó la petición de ayuda internacional a las autoridades helvéticas para que localizaran a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de imputarla, pero Wagensbeg aún no tiene esa condición, porque al ser diputado del Parlament y atribuírsele hechos cometidos fuera de Cataluña es aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que solo puede investigado por el alto tribunal tras cursar el correspondiente suplicatorio a la Cámara catalana. Una vez que la política se personó en la Audiencia Nacional, esta comisión rogatoria quedó limitada a una cuenta desde la que presuntamente se financió la plataforma.

Pese a que Wagensberg no tiene formalmente la condición de imputado, García Castellón justifica su petición en que "una de las finalidades de la fase de instrucción es la de asegurar las personas responsables de los hechos delictivos investigados", por lo que "determinar la localización de Wagensberg y asegurar su disponibilidad ante el órgano de instrucción, resulta un hecho relevante para los fines de la instrucción sumarial". De ahí que ante "la posibilidad" de que "el investigado pudiera haber tratado de abstraerse de la acción judicial", resulte necesario que la Guardia Civil lo compruebe y, en su caso, las autoridades suizas colaboren en su localización.

En la misma resolución, el magistrado acuerda nuevas diligencias, como recabar a la Agencia Española de Seguridad Aérea (EASA) la información solicitada a la Agencia Europea de Seguridad Aérea en relación con los efectos y las incidencias que produjo el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat. También se dirige a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de las Naciones Unidas para preguntarle si cuenta con alguna información sobre el bloqueo de las instalaciones aeroportuarias por 8.000 personas convocadas por Tsunami Democràtic.

El juez explica su petición a la Agencia Española de Seguridad Aérea diciendo que es el organismo del Estado que vela para que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España y entre sus funciones tiene la de Supervisión e Inspección del Transporte Aéreo, la Navegación Aérea y la Seguridad Aeroportuaria. Es a quien corresponde evaluar los riesgos en la seguridad del transporte y quien tiene potestad sancionadora ante las infracciones de las normas de aviación civil.

De ahí que "a la vista de los Convenios de Montreal de 1971 y 1988, se acuerda informar de la Organización de Aviación Civil Internacional", promotora de los referidos convenios", para saber si tuvo conocimiento de lo ocurrido en el aeropuerto el 14 de octubre de 2019 en El Prat, y saber si realizó alguna actuación al respecto.