INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El exfiscal general del Estado Eligio Hernández: "García Ortiz debe dimitir"

El jurista canario es la única persona que ha renunciado a ese cargo en la historia de la institución 

Eligio Hernández, abogado y exfiscal general del Estado, en una imagen de archivo.

Eligio Hernández, abogado y exfiscal general del Estado, en una imagen de archivo. / Efe

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Eligio Hernández, jurista canario que ocupó el cargo de fiscal general del Estado desde 1992 a 1994, es hasta ahora la única persona que ha dimitido en la historia de la Institución y cree que quien está ahora al frente de la misma, Álvaro García Ortiz, "debe renunciar porque está incurso en una causa penal".

El veterano socialista, que también fue delegado del Gobierno en Canarias, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designado por el Senado y diputado en el Parlamento regional por el PSOE, asegura que "lo que está pasando es muy grave y si no dimite está perjudicando a la Institución y al propio Gobierno" después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) haya abierto una causa por presunta revelación de secretos.

"En contra de lo que se dice, yo dimití porque no quería perjudicar ni a la Fiscalía General ni al Gobierno y no porque me lo pidiera el presidente Felipe González, como se dijo en su momento", afirma.

El jurista canario alerta de varios "desajustes" que provoca la decisión de García Ortiz

Aunque el suyo fue el primer conflicto serio entre el TS y un fiscal general, asegura que "no hay ningún paralelismo" entre lo que le sucedió y lo que ocurre con García Ortiz, ya que "lo mío fue un recurso contencioso-administrativo porque no se me computaron mis años como delegado del Gobierno para sumarlos al tiempo legalmente exigido de servicios efectivos como jurista para poder ser nombrado y ahora asistimos a que el fiscal general se enfrenta a una grave causa penal".

"Lo que está pasando no tiene precedentes y es muy grave, porque si no dimite, cuando el instructor abra la causa y llame a declarar a García Ortiz, deberá personarse un fiscal del TS, ya sea para considerar que hay que archivar el caso o que siga adelante, pero en ese momento estará interrogando a un superior jerárquico y eso vulnera la imparcialidad de la Institución", insiste.

Hernández, incluso, afirma que "puede llegar el caso de que ningún fiscal acepte intervenir en la causa, pues si no lo hace incumple el deber de abstenerse al tener un interés directo". No obstante, argumenta que "la incomparecencia del ministerio fiscal en la causa" no supondría la anulación de la misma, pero insiste en que "la actitud de no dimitir va a provocar un daño irreparable a la imagen de la Justicia".

"Puede llegar el caso de que ningún fiscal del Supremo quiera intervenir en la causa abierta"

El Consejo de Ministros aprobó en mayo de 1994 el cese de Hernández a petición propia unas semanas antes de que la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del TS resolviera el 17 de junio a favor de la Asociación Profesional de la Magistratura y de la Asociación de Fiscales los recursos de ambas contra su designación en 1992 por no cumplir el tiempo de 15 años legalmente exigido como jurista para optar al cargo.

García Ortiz, en cambio, será juzgado para desvelar si difundió o no correos privados sobre el procedimiento abierto por fraude fiscal contra el empresario Alberto González Amador, que es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Si se mantiene en el cargo, si algún fiscal interroga a su superior jerárquico, ya no habría imparcialidad y se derrumbaría el edificio de la Fiscalía General", insiste.

El exfiscal general del Estado asegura que "el auto de la Sala Penal del Supremo es impecable y tiene mucho rigor jurídico porque no deja lugar a dudas de que existen indicios para poder investigar y, en todo caso, será el magistrado instructor el que lo decida tras llamarlo a declarar" y es en ese momento en el que, para Hernández, "se encienden las alarmas en relación con la imparcialidad" que solo se pueden apagar si García Ortiz dimite.

Además, tampoco entiende que la mayoría de la Junta de Fiscales haya respaldado a García Ortiz: "cuando alguien respalda es contra algo y no comprendo que se hayan pronunciado antes de que el TS dictamine, es otro desajuste de esta situación, que repito que no tiene precedentes y que puede traer cola".

El también expolítico del PSOE canario insiste en que "este es un caso que no tiene precedentes"

García Ortiz ha insistido desde que el miércoles se insiste en que permanecerá en el cargo porque "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo", una decisión que tiene el "total respaldo" del Gobierno que preside Pedro Sánchez y que no comparte Hernández: "cada minuto que tarda en dimitir está perjudicando a la Justicia". 

"Durante mis años como fiscal general del Estado jamás di una instrucción verbal o escrita que lesionara el principio de imparcialidad del ministerio fiscal y ahora, insisto, la decisión de no dimitir por parte de García Ortiz puede vulnerar ese principio, que también se pone en duda por parte de la Sala Segunda al encausarle por considerar que hay indicios de haber incurrido en un delito de revelación de secretos".

Por último, entiende que las declaraciones de ministros como el de Justicia, Félix Bolaños, asegurando que «desmentir un bulo no puede ser delito» o el de Cultura, Ernest Urtasun, diciendo que se ha acusado "sin pruebas" a García Ortiz, "son una crítica a la Sala Segunda que no corresponde hacer en este momento y puede entenderse como una injerencia del poder político en el poder judicial que también es perjudicial".

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