Hazte Oír se querella contra la delegada del Gobierno en Valencia y varios cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar por homicidio imprudente

Las acciones penales por la gestión de la DANA en Valencia se multiplican, y este jueves se han presentado las primeras querellas contra responsables no aforados que podrían dar lugar a una investigación por parte de los juzgados de instrucción de Valencia. Hazte Oír insta la apertura de una investigación penal contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, por delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave con resultado de lesiones y prevaricación por omisión.

Los mismos delitos atribuye en una segunda querella a varios responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, entre ellos su presidente Miguel Polo. La asociación provida, que ejerce la acusación popular en otros casos de trascendencia política como son el de Begoña Gómez o Koldo, también se dirige contra el secretario de la Confederación Juan Torralba, la comisaria de aguas Cristina Solá, el director técnico Manuel Torán y contra Aránzazu Fidalgo Pelarda, Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica.

Más de una decena de querellas y demandas tratan de buscar responsables por las muertes de la DANA

Se les acusa presuntos fallos en la previsión y gestión de los caudales fluviales, lo que habría agravado el impacto de lo ocurrido. Según la asociación, la falta de medidas preventivas expuso a miles de ciudadanos a un riesgo innecesario. La segunda querella, dirigida contra la Delegada del Gobierno en Valencia, señala la posible inacción y falta de coordinación en la activación de recursos de emergencia, lo que habría empeorado la respuesta ante la catástrofe.

Desde esta organización se ha explicado a este periódico que antes de llegar a los altos dirigentes tanto en Madrid como en Valencia es preciso acumular información y datos que eviten una inadmisión de plano de las querellas. Desde la asociación provida creen más efectivo actuar primero contra responsables no aforados.

Fuentes de esta organización han explicado a este periódico que se trata de lograr un acceso a las comunicaciones de ambos responsables para conocer cómo se articuló la gestión, con la idea de reunir un material con el que quizá se pueda ir posteriormente con más argumentos al Supremo contra la vicepresidenta Teresa Ribera, a quien apuntan como principal responsable de una gestión nefasta de lo ocurrido tras las intensas lluvias del pasado 29 octubre.

Aviso de la Confederación Hidrográfica

La querella contra Bernabé se detiene en que a las 18.43 horas del martes 29 de octubre se remitió a Delegación de Gobierno un email del Sistema Autonómico de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el que se avisaba del aumento del caudal en Rambla de Poyo, aludiéndose a un valor de 1.683 m3 /s y señalándose expresamente que la crecida estaba siendo muy rápida.

Añade que "resulta evidente que un valor de 1.683 m3 /s resulta extremadamente alarmante" y, a pesar de ello, no consta a esta parte que la delegada de Gobierno ordenase la adopción de medida o alerta alguna. Poco más de una hora después, las inundaciones llegaron arrastrando a decenas de ciudadanos que no habían sido alertados, en tanto que la única alerta tardía fue la emitida por la Generalidad de Valencia a las 20:11 horas, momento en el cual ya había víctimas y la situación era crítica. La querella continúa afirmando que aún "más grave" resulta la actuación de Bernabé tras la consumación de la catástrofe, achacándole una "absoluta omisión de la actuación debida a pesar de las competencias que le confiere la ley, " viéndose afectadas tres Comunidades Autónoma (Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía) y constando a día de hoy más de 200 muertos según los datos oficiales.

Avisos insuficientes

En cuanto a los responsables de la Confederación, Hazte Oír aduce que "resulta a todas luces insuficientes el mero envío de un email para alertar de una subida de caudal tan grave". A juicio de esta asociación "hay que poner el foco en el intervalo transcurrido entre las 15.50 horas y las 18.43 horas, intervalo en el que no hubo aviso alguno" por parte de esta institución.

Continúa esta querella apuntando que las 17.00 horas hubo reunión del CECOPI (Centro de Coordinación de Emergencias), señalándose en el comunicado de la Confederación que hubo “notificación verbal del incremento generalizado de caudales, especialmente en el río Magro y el río Júcar. Sin embargo, desde la Generalitat de Valencia se niega que los representantes del órgano hidrográfico hubiesen dicho nada sobre la subida del caudal de la rambla del Poyo, confirmando que no hubo aviso sobre dicha cuestión ni por teléfono, ni de forma presencial ni de ninguna otra, sin haberse dado comunicación hasta el tardío email de la 18.34, según publicaciones periodísticas.

Por ello, concluyen que "resulta evidente que hubo incumplimiento del protocolo interno de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que se dio omisión de la notificación debida, dándose una relevante negligencia y silencio hasta las 18.43 horas". También apuntan a que del alivio de la presa de Forata no se habría informado a los alcaldes afectados, así como al borrado de datos en la web de la Confederación.