Barrabés lamenta que la "enorme repercusión mediática" del caso Begoña Gómez esté afectando a sus negocios

El empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en el caso Begoña Gómez por sus vínculos empresariales con la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado ante el instructor del caso, Juan Carlos Peinado, que la "tramitación" del procedimiento "y la enorme repercusión que las acusaciones populares procuran al mismo" le está causando "un enorme perjuicio profesional", según especifica un escrito dirigido al instructor contra su decisión de registrar en julio pasado su vivienda y la sede social de su empresa.

Este empresario permanece investigado en el caso al haber recibido numerosas adjudicaciones públicas. Y en dos concursos públicos contó con una carta de apoyo de Begoña Gómez, codirectora de un máster en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Sin embargo, Barrabés considera que "la demora" en resolver los recursos interpuestos "incide en dicho perjuicio" y en sus derechos fundamentales. Por este motivo, el abogado de este empresario reclama al juez que "resuelva con carácter inmediato", con "agilidad y prontitud", los diferentes recursos pendientes en el juzgado de Peinado. Como por ejemplo el que presentó contra su imputación, datado "el 16 de abril, por lo que han transcurrido tres meses y medio sin obtener respuesta alguna".

El juez Peinado tergiversó la declaración de la persona que contrató a Begoña Gómez para el África Center

11 contratos públicos

En total, cinco administraciones u organismos públicos gobernados por la izquierda -la empresa pública Red.es, el Ayuntamiento de Madrid (en la etapa de Más Madrid), el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Renfe- adjudicaron a la mercantil Innova Next SLU, de Juan Carlos Barrabés, un total de 11 contratos públicos, entre 2017 y 2022.

De los últimos contratos analizados los agentes de la UCO concluyen que "se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública". Sin embargo, de forma paralela, los uniformados resaltan la relevancia que tienen los “juicios de valor” en las adjudicaciones públicas.

22,8 millones

La Policía Judicial explica, además, que Innova Next SLU (de forma individual o conformando UTE con terceras empresas) "ha sido la sociedad en la que más se han concentrado la adjudicación de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés". "Concretamente, un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805 euros y que suponen un 91,7% del total adjudicado", apunta.

En el mismo sentido, la UCO resalta que el cambio de director en Red.es, pues Alberto Martínez Lacambra sucedió a Cierco Jiménez de Parga, "reflejó una variación en lo que a los criterios de adjudicación se refiere. Destacando la no normalización de las puntuaciones otorgadas a los criterios sujetos a juicios de valor, así como la variación de la fórmula aplicada para la valoración del criterio económico".

Vesión de la fiscal

En este sentido, la fiscal Lorena Taboada rechaza la decisión de Peinado de investigar los contratos públicos a la empresa Innova Next SL, de Juan Carlos Barrabés. Y como ejemplo se centró en uno que fue otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, ya gobernado por el PP. En él, la representante del Ministerio Fiscal se pregunta, de forma literal: "¿Cuál es la influencia de la mujer del presidente del Gobierno perteneciente al PSOE en un Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular? Las máximas de la experiencia dicen que ninguna; más aún, la relación podría perjudicar al contratista”.

En otro apartado del escrito de la fiscal, en el que se opone a la decisión del juez Peinado de ordenar el registro de la empresa de Juan Carlos Barrabés, se dice que no se comprende el delito que pudo haber cometido Begoña Gómez, en un concurso público en el que no participa: “La señora Gómez no interviene y la oferta de la mercantil de Barrabés es la más ventajosa para la Administración”.

Además, Taboada resalta que en cualquier expediente “intervienen multitud de funcionarios públicos, lo que hace difícil una ‘confabulación’ de todos ellos para beneficiar a la señora Gómez o al señor Barrabés”. La fiscal concluye que “ningún indicio de delito hay en los contratos anteriores”.