Dos criterios en el Supremo
El juez que investiga al fiscal general por presunta revelación de secretos rechaza unificar a las acusaciones populares
El magistrado Hurtado se distingue de su compañero Leopoldo Puente, instructor del caso Ábalos, y descarta dejar solo a una acusación en el procedimiento

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado durante unas jornadas en el Senado. / José Luis Roca
El magistrado del Tribunal Supremo Supremo Ángel Hurtado no considera necesario unificar las acusaciones populares que actúan en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos relacionados con los delitos fiscales por los que está imputada la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Mientras el instructor del caso Ábalos las ha unificado y solo puede asistir a los interrogatorios y recibir las notificaciones el PP, que fue la primera acusación que se personó, el juez al frente de la causa abierta contra García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, argumenta que no es necesario y en un auto ha acordado mantener por separado, con su propia representación y defensa, a las cuatro acusaciones populares personadas en la causa por tener intereses diferentes.
El instructor explica que, aunque existe una generalizada tendencia a agrupar a las acusaciones bajo una misma representación, ello no significa que deba convertirse en regla general sin analizar las circunstancias de cada caso, y en la causa en la que está imputado el fiscal general, de las cuatro acusaciones populares personadas en esta causa, dos de ellas, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), tienen intereses corporativos propios, que no coinciden con los del resto de las acusaciones, por lo que deben llevar por separado sus respectivas postulaciones.
Las otras dos acusaciones, el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el instructor no ve inconveniente a que, por ahora, sigan manteniendo su propia representación y defensa, ya que considera que no hay diferencia entre que sean una más, o dos, las acusaciones populares que intervengan en la causa, porque ello no perturbaría, la buena marcha del proceso.
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