El Gobierno mantiene la negociación con Junts para desbloquear el reparto de menores migrantes sin el PP

El desencuentro entre el Gobierno y el PP para buscar una salida a la situación que vive Canarias con la llegada de menores migrantes a sus costas lleva a Junts. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tiene un plan que pasa por esta alternativa para sumar mayoría y el propio Gobierno negocia con los posconvergentes. “Antes de que propusiese esta fórmula” el presidente de Canarias, según fuentes de Moncloa conocedoras de las negociaciones. En lo que difieren el Gobierno central y el ejecutivo de Canarias es en la fórmula jurídica para activar la distribución territorial obligatoria de menores migrantes.

Moncloa sigue apostando por la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, al considerar es una solución estructural y con garantías jurídicas. Con todo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tratado de rebajar las tensiones con Clavijo mostrándose dispuesto a reunirse de forma presencial esta semana en Madrid y avanzar a partir de su propuesta de borrador. También ha desmentido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que no haya tenido contacto estos días con el presidente canario. De forma paralela, fuentes del Ejecutivo trasladan que negocian con Junts “diversos asuntos” para conseguir su apoyo y sumarlos al bloque de investidura para sacar esta reforma adelante.

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Los posconvergentes votaron en contra de la reforma en el Congreso, junto a PP y Vox, el pasado mes de julio. Su apoyo, como ya manifestaron en su día, estaría condicionado a que hubiese una transferencia de las competencias “integrales” en inmigración. Uno de los compromisos pendientes que exigen materializar antes de abordar la negociación de los Presupuestos.

El plan B del Gobierno para reformar la ley de extranjería sin el PP, sin embargo, tiene riesgos. El temor que expresan fuentes del Ejecutivo es que alguna comunidad autónoma gobernada por los populares recurra al Tribunal Constitucional para paralizarla. De ahí que se priorice una iniciativa legislativa a través de una proposición de ley, promovida por los grupos parlamentarios, en lugar de un decreto como reclama el ejecutivo de Canarias. Una tramitación que, según argumentan, ofrecería más garantías.

Las mismas fuentes cercanas a las conversaciones para dotar a Canarias de una salida ante la presión migratoria que sufre con casi 6.000 menores migrantes tutelados y realizar un reparto obligatorio a las comunidades autónomas, señalan que Cataluña es históricamente una de las comunidades que más menores ha acogido de forma voluntaria. Una situación por la que tendrían un cupo menor para descargar de la presión que sufre Canarias, a falta de definirse el modelo de reparto.

Si Clavijo acusó al Gobierno este martes de no responder a su propuesta tras casi tres semanas de remitirse, Torres ha explicado que se le ha dado traslado a las observaciones sobre su borrador de propuesta a través de los servicios jurídicos. En privado, en el Gobierno explican que existen conversaciones contantes, incluso esta misma mañana entre Torres y Clavijo.

Competencias a la Generalitat

El presidente de Canarias ha remarcado la necesidad de celebrar una reunión esta mañana porque "necesitamos" una respuesta al borrador del decreto ley y para trasladarlo tanto a Junts como al PNV. En el Ejecutivo entienden que Coalición Canaria no puede atar por sí misma el apoyo de estos grupos parlamentarios.

Entre los últimos gestos a Junts, relacionados con el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña, está en transferir a los Mossos la seguridad de puertos y aeropuertos. Este mismo mes de enero está prevista la celebración de una Junta de Seguridad entre la Generalitat y el Ministerio del Interior.

El Gobierno ya pactó con el PNV el pasado mes de julio, en desarrollo de su acuerdo de investidura, “la extensión del ejercicio de todas las funciones policiales de la Ertzaintza a los puertos y aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca”. En este caso, la Junta de Seguridad, en la que participó el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acordó que la policía autonómica vasca asumiese “como policía integral la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativo en las infraestructuras críticas en el Puerto de Bilbao, incluido el mismo puerto y su zona restringida”.