CASO KOLDO

Ábalos pide el amparo del Congreso al considerar que es objeto de una operación "prospectiva, sucia e irregular"

El exministro de Transportes ha presentado un escrito en el que asegura que se ha pretendido su "deshumanización" para "incriminarle" en el 'Caso Delorme'

La Comisión del Estatuto de los Diputados se reunirá este martes para elaborar un informe sobre el suplicatorio del TC que deberá ser votado por el pleno

Ábalos dice que seguirá defendiéndose: "No se le puede investigar a un diputado"

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado un escrito en el Congreso en el que reclama el amparo ante el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo al considerar que está siendo objeto de "una operación de carácter prospectivo" que pretende construir "un relato interesado que ofrecer a la opinión pública a través de una opinión publicada controlada, sectaria y malintencionada" que busca su desprestigio ante la sociedad. "Mi deshumanización y mi incriminación en el llamado Caso Delorme, de la misma manera que también viene ocurriendo con otros altos cargos del PSOE y del propio Koldo García", denuncia Ábalos en el documento, al que ha tenido acceso este periódico.

A la entrada de la Comisión del Estatuto de los Diputados, donde ha comparecido a puerta cerrada, el exdirigente socialista ha asegurado que su objetivo no es "eludir" la acción de la justicia, sino defender sus derechos como diputado. "No es un privilegio el aforamiento, sino una garantía para poder ejercer tranquilamente la representación de la ciudadanía", ha explicado, antes de incidir en que esos derechos se han visto vulnerados con una investigación "extrajudicial" que se ha convertido en una "cacería política".

En el escrito, Ábalos ubica esta supuesta operación en el "empeño de la derecha y la ultraderecha en su conjunto en deslegitimar al Gobierno progresista porque entienden que el poder les pertenece", que alude también al supuesto "espionaje" a diputados de Podemos y Sumar: "Probablemente sea una vez más otra afrenta al Congreso y al parlamentarismo democrático porque al fin y al cabo se trata de subvertir la voluntad expresada por el pueblo en las urnas".

Votación a pleno

"Ni la impunidad, ni la persecución mediática, judicial y policial pueden ser señas de identidad de nuestra democracia, y un estado de derecho pleno y la tutela judicial efectiva deben también amparar y garantizar nuestros derechos políticos", concluye el escrito, que finaliza con la petición de amparo a la Comisión del Estatuto del Diputado y a la Mesa del Congreso por haber sido "violentado" el ejercicio de su función de representación parlamentaria. No obstante, la mayoría de partidos se ha mostrado ya favorable a la aprobación del suplicatorio. Incluido el PSOE.

A este respecto, Ábalos ha exigido "un poquito más de decoro" a los socialistas, dado que han anunciado su posición antes de que el propio exministro haya comparecido en la comisión para dar su posición. En este sentido, ha achacado estas prisas del PSOE a "aquello de ser el abanderado de la lucha contra la corrupción", pero les ha avisado de que la precipitación de su condena no hará que el tema concluya. Por lo pronto, la Comisión del Estatuto de los Diputados se ha dado hasta este martes para estudiar las alegaciones de Ábalos y elaborar un informe que después deberá ser votado por el pleno de la Cámara Baja en el próximo pleno.

El exministro José Luis Ábalos durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados

El exministro José Luis Ábalos durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados / Fernando Sánchez - Europa Press

El documento presentado por Ábalos sostiene que la primera persona que hizo indagaciones sobre Koldo García fue el capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) Juan Vicente Bonilla, según consta en un cruce de mensajes que hizo el 5 de abril de 2021 con el empresario y confidente de la Guardia Civil, José Luis Caramés: "El 31 de octubre de 2023 Bonilla fue nombrado jefe de Seguridad del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid tras cinco años en Anticorrupción", destaca el ahora diputado del grupo mixto, que en una entrevista concedida a este periódico recordó que la causa se inició con la denuncia del PP de la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción.

Contra la UCO

Asimismo, el exministro sostiene que las continuas filtraciones en los medios de comunicación de informaciones, "apelando a fuentes de la UCO", tiene como "propósito claro" obtener su imputación. "Y para ello se fue generando ese relato a costa de privarme de derechos fundamentales como a mi presunción de inocencia, mi derecho a la intimidad, el derecho al honor y al secreto de mis comunicaciones".

Y en relación a este último punto, la supuesta vulneración del secreto de sus comunicaciones, el escrito de amparo alude a que Ábalos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por una supuesta investigación por parte de la UCO "sin amparo judicial". En concreto, explica que la Guardia Civil estableció "un operativo para hacerse con un envío de un alto cargo del gobierno dirigido a un diputado del Congreso de los Diputados. Si ya de por sí estamos ante un presunto delito de interceptación de correspondencia, ello se agrava en la medida en que afecta a un diputado aforado que ve de este modo perturbada su representación popular".

Tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como el Tribunal Supremo resaltan la relevancia de la actuación de Ábalos para la adjudicación de los contratos públicos por 54 millones de euros para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, controlada por el comisionista Víctor de Aldama y su socio Juan Carlos Cueto.

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