La asociación mayoritaria de jueces denuncia ante Europa la reforma del PSOE que vacía de contenido la acusación popular

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha remitido una carta a la carrera judicial en la que informan a sus miembros de que han puesto conocimiento de presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, su preocupación por la proposición de ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, que el grupo parlamentario socialista presentó el pasado día 10, al entender que supone un "ataque al Estado de Derecho". A la denuncia europea se han sumado también la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y Hazte Oír, uno de los colectivos que ejerce la acusación popular en las causas que afectan al Gobierno, que ha iniciado una recogida de firmas.

La reforma que impulsa el PSOE pone en peligro las causas que afectan al Gobierno

La asociación judicial mayoritaria considera que "la proposición, de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción (malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsificación, blanqueo de capitales…), favoreciendo su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria, puede determinar el archivo de la instrucción" de ciertas "causas penales que hoy se lleva a cabo en determinados juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que son de todos conocidas por su trascendencia mediática por las personas que están siendo investigadas".

En su opinión, "la reforma propuesta vacía de contenido la acusación popular regulada en el artículo 125 de la Constitución, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades públicas y privadas. Además, pretende la inclusión de una nueva causa de abstención o recusación de jueces y magistrados que con ironía señalan que "sería loable si de garantizar la apariencia objetiva de su independencia e imparcialidad se tratara", pero que en realidad considera "destinada a limitar la libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica" de la carrera judicial.

Similares argumento utiliza la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, formada por juristas y distintas personalidades de la sociedad civil, que también se ha dirigido por carta a la Comisión Europea para denunciar lo que considera "un ataque al Estado de Derecho". En la misiva solicita para que lleve a cabo "una investigación preliminar" y que se adopten "las medidas que fueran necesarias para resolver tan grave situación e incoar un procedimiento de infracción contra el Reino de España" de tal forma que la reforma anunciada no se produzca.

Por su parte, Hazte Oír, que ejerce la acción popular en el caso Koldo, el de Begoña Gómez y el del hermano del presidente del Gobierno, entre otros, ha iniciado una campaña de recogida de firmas con la intención de remitirlas a la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, para que pare "con urgencia" la reforma anunciada, cuyo único objetivo considera que es conseguir "la impunidad" de la esposa y el hermano de Pedro Sánchez.