REFORMA ACUSACIONES POPULARES

Feijóo afirma que la última reforma del PSOE es propia "de la dictadura de Franco" y busca frustrar el juicio de Begoña Gómez

El líder del PP asegura que las Cortes actuales "tienen apariencia de legalidad" porque las de Franco "eran franquistas", pero "los diputados no podemos hacer lo que nos dé la gana"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo durante un acto celebrado este domingo en Oviedo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo durante un acto celebrado este domingo en Oviedo. / Paco Paredes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, eleva el tono contra la reciente reforma de los procesos judiciales anunciada por el PSOE que pretende modificar la figura de la acusación popular e incluir nuevas causas para la recusación de jueces, entre otras cuestiones. Alberto Núñez Feijóo aseguró que con esta proposición de ley lo que se pretende es “la impunidad de la familia del presidente del Gobierno” y que “tanto su mujer como su hermano sean inviolables”. “Con esta reforma todos los sumarios abiertos contra ellos quedarán en nada. Se pasa de aquel colaboraré con la justicia que dijo Sánchez a la justicia a los efectos de mi familia, no puede actuar”, aseguró en una entrevista en Onda Cero este lunes.

“Es una medida más propia del régimen de Maduro o del régimen de Franco que de un país democrático”, aseguró Feijóo para reafirmarse después cuando el entrevistador le preguntó: “Sí, sí. Por supuesto. Del régimen de Franco. ¿Hay algún antecedente en el que un presidente democratico saque una ley para que sus familiares no puedan ser juzgados o interrumpir juicios?”. Y continuó: “Habrá que referirse a la dictadura de Franco, desde luego a un régimen democrático jamás”.

Igual que ha hecho en otras ocasiones, el líder del PP volvió a reprochar el papel del Congreso y de la mayoría que apoya al Gobierno en la tramitación de algunas propuestas. “Entonces había Cortes franquistas. Ahora hay Cortes que tendrán una apariencia de legalidad, pero los diputados no podemos hacer lo que nos dé la gana”, se quejó Feijóo. “Tenemos un límite que es el respeto a las leyes, al Estado de derecho y el respeto a la Constitución española”, zanjó para atacar que la fórmula elegida sea una proposición de ley y saltarse así los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado que sí tendrían que pronunciarse en caso de que el Gobierno lo hiciera a través de un proyecto de ley.

Feijóo también reprochó que la disposición transitoria de la proposición “tenga un nombre propio, que es el de la mujer del presidente” con el objetivo de “interrumpir un juicio”. Esa transitoria recoge textualmente que “las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento”, lo que permitiría que si el juicio contra Begoña Gómez prosperara tras la fase de instrucción, este quedara anulado.

“Esto es perfectamente homologable a un régimen dictatorial y es inconstitucional de la A a la Z”, zanjó Feijóo. Y en este contexto volvió a insistir en que “cabe pedir unas elecciones generales” y “por supuesto, si tengo los apoyos de Junts y tengo apoyos suficientes, tengan por seguro que presentaré la moción”.

Sobre la limitación de la acción popular, que el PP también estudió y llegó a pedir en 2017 a Ciudadanos -partido que entonces le apoyaba en el Congreso- el líder conservador defendió que su propuesta de entonces no hablaba de limitar que un partido pudiera presentar una demanda, ni que las investigaciones periodísticas dejaran de servir para presentarla, “ni limitar los casos de corrupción excluyendo a partidos y medios de comunicación”.

Sin embargo, la propuesta que el PP lanzó en 2017 sí pasaba por impedir que partidos, sindicatos y fundaciones políticas pudieran ejercer la acusación popular. Fue la condición que puso el partido de Mariano Rajoy sobre la mesa cuando Albert Rivera exigió suprimir los aforamientos.

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