El fiscal del 'caso hidrocarburos' asegura que Aldama esconde 70 millones en el extranjero

El fiscal del caso hidrocarburos, Luis Pastor, pidió inicialmente prisión provisional para Víctor de Aldama como presunto cabecilla de una organización criminal que esconde 70 millones de euros en el extranjero, según se especifica en el vídeo de la grabación de la declaración del también comisionista del caso Koldo, al que ha tenido acceso este periódico.

En la cúpula de esta trama corrupta que cometía fraude en el IVA de los hidrocarburos se encuentran el propio Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas Ruiz-Capillas.

Tal y como adelantó esta redacción, el juez del caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, rastrea los fondos que sospecha que el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, oculta en el extranjero. Ahora el caso Koldo se solapa con el fraude en la comercialización de los carburantes, que se calcula de 182 millones de euros en dos años.

Ambos procedimientos se investigan respectivamente en el Juzgado Central de Instrucción número 2 y el número 5 de la Audiencia Nacional. La conexión es tal que la declaración voluntaria que de Aldama prestó ante el juez Ismael Moreno obligó al juez Pedraz a dejar en libertad al considerado "nexo corruptor" de la causa a la que da nombre el asesor principal del exministro José Luis Ábalos.

Los socios de Aldama

A lo largo de su declaración, Aldama admitió que conocía a Claudio Rivas, que junto con él ingresó en prisión tras ser detenido por la trama de hidrocarburos, aunque negó tener ninguna relación con la empresa Villafuel que se investiga en este procedimiento. Sí admitió tener un "poder personal" de Rivas "para poder firmar cualquier cosa" porque su socio "viaja mucho" y tiene con él "temas inmobiliarios en conjunto" en Madrid, como el relacionado con una parcela comprada en Moralzarzal y una opción de compra de un terreno en Las Rozas.

Aldama afirma tener un "poder" con su socio Claudio Rivas por temas inmobiliarios

A lo largo de su declaración, Aldama echó balones sobre su relación con otras empresas investigadas pero también admitió que es socio de otro de los investigados, Luis Alberto Escolano, que además aparece en el sumario de la trama Koldo como la persona que pagaba de su bolsillo el alquiler del piso de lujo en la Plaza de España donde se alojó durante más de dos años Jésica Rodríguez, que fue pareja del exministro José Luis Ábalos.

Desvío de dinero a Portugal, China y Colombia

Por su parte, los investigadores de la Guardia Civil sospechan que la trama por supuesto fraude de IVA de hidrocarburos trató de blanquear sus beneficios en el extranjero y llegó a transferir 73.902.852 de origen delictivo a Portugal, China y Colombia, según consta en las conclusiones alcanzadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, según el sumario al que ha tenido acceso esta redacción.

Preguntado por estos desvíos, Aldama señala en su declaración judicial que la pregunta no debería ser esa, sino que si él ha cobrado de las empresas investigadas, un extremo que él reconoce añadiendo que por ello ha "pagado sus impuestos".

La Guardia Civil, sin embargo, en su informe apunta a que la red pudo beneficios a cuentas bancarias localizadas en el extranjero. Primero se descubrió que los fondos acababan en Portugal, pero más tarde se han recabado indicios que permiten inferir que la red tendría capacidad para "colocar los rendimientos" en otros territorios como China, Macao, Dubai, Colombia y República Dominicana.

El informe explica que Aldama y Rivas habrían interpuesto empresas suministradoras en la compleja operativa que sirviesen "de canal de blanqueo para transferir, desde sus cuentas, fondos de procedencia delictiva a empresas que radican en el extranjero". Desde mayo hasta febrero de 2024, los investigadores creen que transfirieron 73.902.852,60 euros a Portugal, China y Colombia, mediante transferencias "amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento, confeccionados en su mayoría por Víctor de Aldama".

Se trata de una conclusión a la que llega la UCO por a la capacidad económica, vinculaciones empresariales, contactos y conocimientos de ambos del sector, así como el control ejercido. "Sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles, por lo que quedaría inoperativa", señalan los agentes.